Informe anual

Indice

Introducción

Capítulo I: Políticas penitenciarias y estado actual de las unidades carcelarias
A. La responsabilidad del Poder Ejecutivo
I. El gobierno de la cárcel
El desafío del presente
El gobierno de los que sobran
Segregación, castigo, neutralización
Columna de opinión: Alcira Daroqui (Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA)
II. Las políticas penitenciarias bonaerenses
Reducción de la sobrepoblación
Disminución de la violencia
Fomento de la educación y la cultura del trabajo
III. La violencia institucional estructural
Los hechos violentos (represión, peleas entre internos, agresión y amenazas al personal, accidentes, autolesiones)
Los lugares donde acontecen
Lesiones ocasionadas
Medidas adoptadas
IV. Muertes
Causales de muerte
Muertes no traumáticas
Datos por unidad
La Unidad 1 de Olmos
V. Torturas y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes
Los hábeas corpus presentados por el Comité contra la tortura y la investigación conjunta con el Instituto Gino Germani
Golpes o agresiones físicas
Falta de atención médica o deficiente atención
Manguerazos o duchas de agua fría
Uso de armas blancas por parte de personal penitenciario
Submarino seco y húmedo
La picana: un nuevo caso probado judicialmente
Aislamiento
VI. El traslado como forma de tortura
Introducción
El hábeas corpus colectivo
Informes de la Cámara de Senadores y Diputados
Un análisis cuantitativo del problema
Los más afectados por el sistema de traslados
Traslados constantes de detenidos con VIH-SIDA y enfermedades agudas
Los traslados y el acceso a la educación
Traslados y acceso a la justicia
Régimen y condiciones de traslado de mujeres detenidas
Jurisprudencia
El rol de la Unidad 29 en el circuito de traslados
Columna de opinión: María Fernanda Mestrín (defensora oficial de Lomas de Zamora)
El caso de Juan Pablo Zallo
La muerte en un camión: el caso de Oscar Chaparro
Columna de opinión: Marcelo Madina (Juez de la Cámara de apelaciones y Garantías de Mar del Plata)
VII. Mujeres detenidas en unidades carcelarias de la Provincia de Buenos Aires
Detenidas embarazadas y presas con sus hijos
Condiciones de detención
Amparo colectivo por los niños alojados junto a sus madres
Acceso a la educación de los niños
Compromisos de la Dirección de Educación Inicial y del Programa de Educación en Contextos de Encierro
El acceso a la salud de los niños
El acceso a la salud de los niños
Contacto y vinculación familiar
Debate legislativo sobre alternativas a la prisión preventiva
VIII. El sistema de atención de la salud en las cárceles de la provincia
El manual del Servicio Penitenciario Bonaerense
El decreto 950
Concepciones de los médicos
El sistema de salud y la lógica de violencia carcelaria
IX. VIH-SIDA en las cárceles provinciales
Introducción
Estadísticas sobre defunción
La letalidad del VIH-SIDA en las cárceles
Algunos casos paradigmáticos
Causas de las defunciones
Caracterización de la hepatitis y la tuberculosis
Condiciones de vida y enfermedades oportunistas
Acerca de los certificados de defunción
Estadísticas
El sub registro y las estadísticas internacionales
Algunos casos relevantes presentados ante la justcia
El abordaje desde la Dirección General de Salud Penitenciaria
La mesa de trabajo tras el amparo del defensor Ganon
El debate sobre la segregación: pabellones de VIH
Conclusiones
Columna de opinión: Gabriel Ganon (defensor general de San Nicolás)
X. Condiciones de detención en unidades carcelarias de la provincia
El diagnóstico de los hábeas corpus colectivos
Condiciones de vida
Condiciones edilicias
Distintas miradas y respuestas frente al mismo problema
Hábeas corpus presentados por otros organismos y/o actores judiciales
B. La responsabilidad del Poder Judicial
I. La investigación de denuncias por violencia institucional
El registro de los datos
Las cifras
Distribución
La pertenencia institucional de los acusados
Los delitos denunciados
El trámite de las causas
Departamento Judicial Azul
Departamento Judicial La Plata
Departamento Judicial Lomas de Zamora
Departamento Judicial Quilmes
Caso Lobo Ferrufino: torturadores absueltos
Conclusiones
II. Investigación de muertes en cárceles
Las muertes que no se investigan
El archivo sin investigación
Muertes no traumáticas
Muertes traumáticas
Suicidios
Caso Lobo Ferrufino
III. Los fallos judiciales frente al hábeas corpus
Análisis de sentencias
Las sentencias y los criterios: algunos casos
IV. Mujeres detenidas frente a la justicia penal
Neutralidad y desigualdad
Estado de indefensión
La prisión preventiva y los vínculos familiares
Una historia invisibilizada: la causa judicial de Marta Pedroso
La violencia previa a la detención
Columna de opinión: Liliana Tojo (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional)
V. Mujeres detenidas con sus hijos y mujeres embarazadas
El plazo razonable de la prisión preventiva
Mujeres embarazadas en comisarías
La atención médica de los niños en prisión
VI. La corrupción penitenciaria
La necesidad de contar con mecanismos independientes de control
La morosidad judicial en la investigación de las causas por corrupción
Casos de corrupción denunciados en El Sistema de la Crueldad III que aún se investigan
Columna de opinión: Juan Manuel Casolatti (Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín)
C. La responsabilidad del Poder Legislativo
I. Reforma al código procesal penal bonaerense
Introducción
El mecanismo de la reforma
El rol del Poder Legislativo provincial
Las incoherencias legislativas
¿Debate?
Una reforma inconstitucional y con graves consecuencias
Procedimientos de flagrancia y juicio abreviado
Fin de los tribunales colegiados: el riesgo de la arbitrariedad
Algunos aportes para el mejoramiento de las políticas de seguridad y justicia
Columnas de opinión; María Ester Zabala (jueza del Tribunal Oral en lo Criminal nº 2 de Dolores), Hugo Blasco (Asociación Judicial Bonaerense) y Paula Lichtvasky (Centro de Estudios Legales y Sociales)

Capítulo II: Políticas de niñez y adolescencia y situación de los institutos de menores
A. La responsabilidad del Poder Ejecutivo
I. Regimen de promoción y protección de los derechos del niño
Aportes para una evaluación de la implementación de la ley 13298
Conclusiones
Columnas de opinión: José María Ghi (Municipalidad de Morón), Roxana Merlos (SUTEBA) y José Luis Calegari (Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli)
II. Fuero de la responsabilidad penal juvenil
Aportes para un diagnóstico acerca de la puesta en marcha del fuero
Acciones del Poder Judicial tendientes a la implementación del sistema
Resoluciones de la Suprema Corte Provincial
Acciones del Poder Ejecutivo tendientes a la implementación del sistema
Conclusiones
Columnas de opinión: Silvia Guemureman y ana Laura López (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani), Ricardo Berenguer (defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil)
III. Las violaciones de derechos en lugares de detención de niños y jóvenes
Modalidades de tratamiento y encierro
Condiciones materiales de detención y alojamiento
Regímenes de vida y padecimientos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Conclusiones
IV. Muertes en institutos de menores
V. El debate sobre la baja en la edad de imputabilidad
La detención de Brian
Antecedentes del debate
La responsabilidad frente al derecho penal
VI. Detención d ejóvenes en comisarías
La ilegalidad de las detenciones de niños y jóvenes
Columna de opinión: Julián Axat (defensor oficial del Fuero de la Responsabilidad Juvenil de La Plata)
Niñez en situación de calle: el accionar de grupos parapoliciales en La Plata
B. La responsabilidad del Poder Judicial
I. Hábeas corpus colectivos presentados por el comité contra la tortura
Violaciones de derechos denunciadas en los hábeas corpus
Hábeas corpus colectivo por los jóvenes alojados en el Centro de Recepción La Plata
Hábeas corpus colectivo por los jóvenes alojados en el Centro de Recepción Malvinas Argentinas
Hábeas corpus colectivo por los jóvenes alojados en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora
Hábeas corpus colectivo por los jóvenes alojados en el Centro Cerrado Leopoldo Lugones

Capítulo 3: Políticas de seguridad y situación en comisarías
A. La responsabilidad del Poder Ejecutivo
I. El regreso de la mano dura y el autogobierno policial
Cambios en el estatuto: volver a la estructura de la maldita policía
II. Ejecuciones, torturas y muertes por parte de la policía bonaerense
Muertes en comisarías
Muertes y abuso de armas
Muertes que se presentan como enfrentamientos
Torturas y desaparición de personas
III. Las viejas nuevas prácticas de la policía de la provincia de Buenos Aires
Detención por averiguación de identidad: Introducción
La construcción del sujeto peligroso
La imposibilidad fáctica de averiguar identidad: la persistencia de la averiguación de antecedentes
Inexistencia de estadísticas sobre efectividad de la DAI en el Ministerio de Seguridad
Detener más no significa detectar más delitos
Conclusiones
Columna de opinión: Juan Tapia (Juez del Departamento Judicial Mar del Plata)
El código de faltas de la provincia de Buenos Aires
Introducción
Las contravenciones y la mala vida
Fallos judiciales que ponen en tensión la legalidd del código de faltas
Conclusiones
Columna de opinión: Mario Alberto Juliano (presidente de la Asociación Pensamiento Penal)
IV. Condiciones de detención en dependencias policiales
Condiciones inhumanas de alojamiento
Hábeas corpus presentados
El incumplimiento de las órdenes judiciales
B. La responsabilidad del Poder Judicial
I. Actuación de jueces y fiscales frente a la violencia policial
La desidia y/o complicidad del Ministerio Público Fiscal
Columna de opinión: Claudio Pandolfi (Colegio de Abogados de Lomas de Zamora)
El accionar del Poder Judicial ante la violencia policial
Columna de opinión: Rosa Schönfeld de Bru (Presidenta de la Asociación Miguel Bru)

Capítulo IV: Protocolo facultativo
1. La implementación del Protocolo facultativo
2. El anteproyecto de las organizaciones
3. La elección del Procurador Penitenciario Nacional
4. La implementación del Protocolo facultativo en la provincia de Buenos Aires
5. A modo de conclusión
Columnas de opinión
Coordinadora de Trabajo Carcelario de Santa Fe
Alvaro Herrero (Asociación por los derechos civiles)
Marta Miravete (Grupo de Mujeres de la Argentina)
Azucena Racosta y Fabián Viegas (Asociación Civil La Cantora)
Rossana Gauna (Casa del Liberado de Córdoba)
Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro

Contratapa: La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos,intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción y defensa de los derechos humanos. Fue creada por resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires nº 2117 de 1999, y ratificada por ley 12611 del 20 de diciembre de 2000.
La CPM nace con el objetivo de desarrollar actividades de investigación y transmisión sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la historia reciente de nuestro país, con la idea de incidir en las políticas públicas de memoria, impulsando un fuerte reclamo de verdad y justicia.
Desde los inicios la CPM promovió múltiples instancias de trabajo y debate con distintos actores sociales e institucionales, buscando generar espacios de encuentro entre el estado y la sociedad civil, desplegando acciones en todo el territorio de la provincia y ampliándolas luego a todo el país. Partió de la premisa de considerar a la memoria como un campo plural y bregó por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar que iluminara el presente para luchar por el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos en la actualidad.
En el año 2003, los casos de abuso policial, la violencia institucional y la vulneración sistemática de derechos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires impulsaron una decisiva intervención de la CPM que se tradujo en la creación del Comité contra la tortura. Nació de este modo, un espacio para la recepción de denuncias y el control y monitoreo en cárceles, comisarías e institutos de menores, cumpliendo con las premisas establecidas por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Desde el 2003, el informe anual del Comité es tomado como referencia por organismos internacionales de derechos humanos que abordan la grave situación de la provincia de Buenos Aires.