| Nota de contenido/Índice |
Indice T.1<br/><br/>Prólogo, por Alberto Ricardo Dalla Via y Alberto Manuel García Lema<br/><br/>Parte general<br/><br/>I: Las leyes reglamentarias de la constitución nacional, por Alberto Ricardo Dalla Via<br/>1. La constitución y las leyes<br/>2. Las leyes orgánicas<br/>3. El desarrollo constitucional después de la reforma<br/>4. Las disposiciones transitorias<br/>5. La constitución reformada no es una nueva constitución<br/>6. El principio de legalidad<br/>7. El principio de razonabilidad<br/>8. El principio constitucional de claridad<br/>9. El imperio de la ley y el estado de derecho<br/>10. Anomia y seguridad jurídica<br/>11. El law making process<br/>12. La función legislativa en los sistemas presidencialista y parlamentario<br/>13. El poder de legislar<br/>14. La formación y sanción de las leyes en la constitución de la Nación Argentina<br/>15. La iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo<br/>16. El veto del Poder Ejecutivo<br/>17. La delegación legislativa<br/>18. Los reglamentos de necesidad y urgencia<br/><br/>II: La interpretación de la reforma de 1994 y el capítulo segundo de la primera parte de la constitución, por Alberto Manuel García Lema<br/>1. Pautas para la interpretación constitucional<br/>2. Los principales fines de la reforma de 1994<br/>3. El origen del capítulo segundo<br/>4. La interpretación de las reformas incorporadas<br/>5. Proyección de las reformas sobre el capítulo primero<br/><br/>Parte especial<br/><br/>III: Comentario al artículo 36 de la constitución, por Alberto Manuel García Lema<br/>Artículo 36<br/>1. La defensa del orden constitucional del sistema democrático. La ética pública. Introducción<br/>2. La democracia como valor constitucional<br/>3. Las dos partes principales de la norma<br/>4. Los cuatro apartados relativos a la defensa de la democracia y del orden institucional<br/>5. Normas complementarias de esos cuatro apartados<br/><br/>III.A: La cláusula ética de la constitución nacional y su desarrollo legislativo, por Guillermo F. Treacy<br/>1. Introducción<br/>2. Los marcos de referencia del legislador<br/>2.1. El encuadre constitucional<br/>2.2. Las normas supralegales<br/>3. El marco normativo referido a la ética pública y a la lucha contra la corrupción<br/>4. Antecedentes parlamentarios de la ley 25188<br/>4.1. El tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados<br/>4.2. El tratamiento en el Senado<br/>4.3. Sanción final y promulgación<br/>5. Persentación general de la norma<br/>6. Ambito de aplicación de la ley 25188 (capítulo 1 de la ley)<br/>6.1. Sujetos comprendidos<br/>6.2. La ética pública en el marco del Estado federal<br/>7. Los principios de actuación de los funcionarios públicos (capítulo II de la ley)<br/>8. El régimen de presentación de declaraciones juradas patrimoniales (capítulo III de la ley)<br/>9. Declaración de antecedentes, régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses (capítulos IV y V de la ley)<br/>10. Régimen de obsequios a funcionarios públicos (capítulo VI de la ley)<br/>11. Prevención sumaria (capítulo VII de la ley)<br/>12. La Comisión Nacional de Etica Pública (capítulo VIII de la ley)<br/>13. Modificaciones al código penal (capítulo IX de la ley)<br/>13.1. Modificaciones a la parte general<br/>13.2. Modificaciones a la parte especial del código penal (título XI, delitos contra la administración pública)<br/>13.2.1. Modificaciones al capítulo VI del título XI<br/>13.2.2. Modificaciones al capítulo VIII del título XI<br/>13.2.3. Modificaciones al capítulo IX del título XI<br/>13.2.4. Modificaciones al capítulo IX bis<br/>14. Publicidad y divulgación (capítulo X)<br/>15. Vigencia y disposiciones transitorias<br/>16. Consideraciones finales<br/><br/>III.B: La ley 23077 de 1984, por María Andrea Piesco<br/>Parte primera. El marco legislativo<br/>1. Análisis del contenido normativo de la ley 23077<br/>1.1. La derogación de las leyes de facto<br/>1.2. Las modificaciones del código penal<br/>1.2.1. Modificaciones implícitas a la parte general del código penal<br/>1.2.2. Modificaciones a la parte especial del código penal<br/>1.2.2.1. Modificación de denominación al capítulo I, título X del código penal<br/>1.2.2.2. Agravamiento de la penalidad de la conducta prevista en el artículo 226 del código penal<br/>1.2.2.3. Agravantes de la figura básica del artículo 226 del código penal<br/>1.2.2.4. Incorporación de la figura de la amenaza pública de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática<br/>1.2.2.5. Figura del que consiente los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática y del que colabora con el régimen de facto<br/>1.2.2.6. La incorporación de la agravante genérica<br/>1.2.2.7. Incorporación de la figura de asociación ilícita calificada<br/>1.3. Las normas de procedimiento<br/>Parte segunda<br/>2. Análisis de contenido del artículo 36 de la constitución naiconal y comparación con las figuras penales previstas en el código de fondo<br/>2.1. Algunas concepciones históricas<br/>2.2. El análisis comparativo<br/>2.2.1. Naturaleza del bien jurídico protegido<br/>2.2.2. Acciones comprendidas<br/>2.2.3. Sujetos activos<br/>2.2.4. Penalidades establecidas<br/>2.2.5. Prescripción<br/>Parte tercera<br/>3. El marco jurisprudencial<br/>3.1. El procedimiento establecido por la ley en lo atinente al mecanismo de revisión. Afectación al principio de la doble instancia<br/>3.2. Acerca de la aplicación del tipo calificado de asociación ilícita<br/>3.3. Acerca de la aplicación temporal del artículo 36 de la constitución nacional<br/><br/>IV: Comentario al artículo 37 de la constitución, por Alberto Manuel García Lema<br/>Artículo 37<br/>1. Introducción<br/>2. Antecedentes históricos<br/>2.1. Luchas por las garantías del sufragio (1890-1910)<br/>2.2. El programa de Sáenz Peña y el contenido de la reforma del régimen del sufragio y electoral<br/>2.3. Las consecuencias de la reforma electoral y el advenimiento de la democracia (1916-1930)<br/>2.4. Gobiernos de facto y proscripciones electorales<br/>2.5. Las ideologías antidemocráticas<br/>2.6. El rol protagónico de las Fuerzas Armadas<br/>2.7. Proscripciones, fraudes electorales y represiones<br/>2.8. Diferenciación entre libertades civiles y políticas<br/>2.9. Factores económicos, sociales y sindicales<br/>2.10. El proceso progresivo de desconstitucionalización<br/>3. Los antecedentes directos del artículo 37. El debate sobre la obligatoriedad del sufragio<br/>4. Los antecedentes de la Convención Constituyente<br/>5. Los derechos políticos en convenciones y tratados<br/>6. Las normas complementarias del artículo 37<br/><br/>IV.A: Análisis de las normas reglamentarias del artículo 37 de la constitución nacional, por María Cristina Girotti<br/>1. El Código Electoral Nacional (CEN)<br/>2. Del cuerpo electoral: derecho al sufragio y deber de sufragar<br/>3. Modalidades del sufragio<br/>3.1. Universal<br/>3.1.1. El voto de los procesados sin condena. Ley 25858<br/>3.1.2. El voto de los argentinos residentes en el exterior<br/>3.2. Igual<br/>3.3. Secreto<br/>3.3.1. La captación del sufragio a través de la campaña electoral, publicidad en medios de comunicación y actos de gobierno<br/>3.4. Obligatorio<br/>3.4.1. Voto obligatorio: su origen y el debate legislativo<br/>3.4.2. Voto obligatorio o voto facultativo<br/>3.4.3. Obligatoriedad y laobjeción de conciencia<br/>3.5. Otras características<br/>4. Inmunidad del elector<br/>5. Amparo del elector<br/>6. Los artículos 53 y 54 del Código Electoral Nacional<br/>6.1. Autoridad competente para la convocatoria<br/>6.1.1. Antcedentes<br/>6.1.2. La norma actual<br/>6.2. Calendario electoral fijo<br/>6.2.1. Antecedentes históricos<br/>6.2.2. La norma actual<br/>6.3. Simultaneidad de las elecciones generales<br/>6.3.1. Antecedentes<br/>6.3.2. La norma actual<br/>7. Proyección al sufragio: violación de la ley electoral, penas y régimen procesal<br/>7.1. Juez competente<br/>7.2. Materias excluidas<br/>7.2.1. Conductas cometidas en elecciones que no son nacionales<br/>7.2.1.1. Elecciones provinciales o municipales<br/>7.2.1.2. Elecciones partidarias<br/>7.2.2. Conductas cometidas fuera del acto eleccionario nacional<br/>7.2.3. Acciones cometidas por fuerzas de seguridad<br/>7.3. Instancia única en materia de faltas<br/>7.4. Procedimiento en materia de faltas<br/>7.5. Alzada en materia de delitos<br/>7.6. Sanciones<br/>7.7. Prescripción<br/>8. El segundo párrafo del artículo 37 de la constitución nacional<br/>8.1. Reglamentación<br/>8.2. El debate legislativo<br/>8.3. Interpretación jurisprudencial<br/>8.4. Los decretos reglamentarios<br/>8.4.1. Decreto 379/93<br/>8.4.1.1. El tema ante la CIDH<br/>8.4.2. Decreto 1246/2000<br/>8.4.3. Decreto 451/2005<br/>9. Otras normas y consideración final<br/><br/>V: Comentario al artículo 38 de la constitución, por Alberto Manuel García Lema<br/>Artículo 38<br/>1. Introducción<br/>2. Notas distintivas de los partidos políticos<br/>3. Antecedentes históricos de los partidos en la Argentina<br/>3.1. Los partidos políticos antes de 1890<br/>3.2. Los partidos políticos desde 1890 a 1930<br/>3.3. Los partidos políticos en la década del 30<br/>3.4. El justicialismo y la oposición (1945-1955)<br/>3.5. Los partidos en el período 1955-1966<br/>3.6. Partidos y tendencias políticas (1970-1976)<br/>3.7. Los partidos políticos en el período 1976-1983<br/>4. Los partidos políticos desde el retorno a la democracia (1983-2003)<br/>4.1. El triunfo de la UCR (1983-1987)<br/>4.2. La renovación justicialista (1984-1989)<br/>4.3. El nuevo ciclo de triunfos justicialistas (1987-1995)<br/>4.4. La situación de los partidos políticos al momento de la reforma de 1994 y en el proceso inmediatamente posterior<br/>5. Algunas conclusiones sobre la historia de los partidos en la Argentina<br/>6. Antecedentes inmediatos y comentario del artículo 38 de la constitución. Correlación con los pactos internaiconales<br/>6.1. Los trabajos del Consejo para la Consolidación de la Democracia<br/>6.2. El dictamen del justicialismo<br/>6.3. Los acuerdos preconstituyentes<br/>6.4. Síntesis y comentario del debate en la Convención Constituyente<br/>6.4.1. Primera parte: Los partidos son instituciones fundamentales del sistema democrático<br/>6.4.2. Segunda parte: principios que regulan a los partidos<br/>6.4.3. Tercera y cuarta partes: sostenimiento económico de los partidos y capacitación de sus dirigentes; su contralor<br/>7. Las normas complementarias del artículo 38<br/><br/>V.A: La ley orgánica de los partidos políticos 23298, por Alejandra Lázzaro<br/>1. Introducción<br/>2. Antecedentes legislativos<br/>3. Comentario al texto dela ley<br/>3.1. Principios generales<br/>3.2. Fundación y constitución<br/>3.2.1. Partidos de distrito<br/>3.2.2. Partidos nacionales<br/>3.2.3. Confederaciones, fusiones y alianzas transitorias<br/>3.2.3.1. Alianzas transitorias<br/>3.2.3.2. Confederaciones<br/>3.2.3.3. Fusiones<br/>3.2.4. Nombre<br/>3.2.5. Domicilio<br/>3.3. De la doctrina y organización (título III)<br/>3.3.1. Carta orgánica<br/>3.3.2. Plataforma electoral<br/>4. Funcionamiento de los partidos (título IV)<br/>4.1. De la afiliación<br/>Adherentes afiliados<br/>Calidad de afiliados<br/>Registro de afiliados<br/>4.2. Elecciones partidarias internas<br/>Excursus<br/>4.3. De la titularidad de los derechos y poderes partidarios<br/>4.4. De los libros y documentos partidarios<br/>4.5. De los símbolos y emblemas partidarios<br/>4.6. Del registro de los actos que hacen a la existencia partidaria<br/>5. Del patrimonio del partido<br/>6. De la caducidad y extinción de los partidos<br/>7. Del procedimiento partidario ante la Justicia Electoral (título VII)<br/>7.1. De los principios generales<br/>7.2. Procedimiento para el reconocimiento de la personalidad jurídico política partidaria<br/>7.3. Del procedimiento contencioso<br/>7.3.1. Primera instancia<br/>7.3.2. Segunda instancia. Cámara Nacional Electoral<br/>7.4. Procedimiento electoral en las internas de los partidos políticos<br/><br/>V.B: La ley de financiamiento de los partidos políticos 26215, por Alejandra Lázzaro<br/>1. Introducción<br/>2. Antecedentes legislativos<br/>3. Ambito de aplicación<br/>4. Patrimonio de los partidos políticos<br/>4.1. Bienes delos partidos<br/>4.2. Recursos de los partidos<br/>4.2.1. Financiamiento público<br/>4.2.2. Financiamiento privado<br/>4.3. Organización administrativo contable<br/>4.3.1. Organos partidarios y funciones<br/>4.3.2. Movimiento de fondos ordinarios<br/>4.3.3. Registros exigidos<br/>5. Control patrimonial anual<br/>5.1. Obligaciones de los partidos<br/>5.2. Fiscalización y control patrimonial anual<br/>6. Campañas electorales<br/>6.1. Obligaciones de los partidos y de las alianzas electorales<br/>6.2. Financiamiento en las campañas electorales<br/>6.2.1. Financiamiento público<br/>6.2.2. Financiamiento privado<br/>6.3. Límites<br/>7. Control de financiamiento de campañas electorales<br/>8. Disposiciones complementarias<br/>9. Consideraciones finales<br/>10. Anexo<br/>Cuadro comparativo<br/>Bibliografía<br/><br/>Indice T.2<br/><br/>VI: Comentario al artículo 39 de la constitución, por Alberto Ricardo Dalla Via y Alberto Manuel García Lema<br/>1. La cuestión del artículo 22 de la constitución<br/>2. Formas de democracia semidirecta y la iniciativa popular<br/>3. Los antecedentes inmediatos<br/>4. Comentario del artículo 39 y el debate en la convención sobre las formas semidirectas de democracia<br/>4.1. Advertencia preliminar<br/>4.2. La primera parte del artículo 39<br/>4.3. La segunda parte del artículo 39<br/>4.4. La tercera parte del artículo 39<br/>5. Las formas semidirectas de democracia en tratados con jerarquía constitucional<br/>6. El quid de la aplicación de la iniciativa popular<br/><br/>VI.A: Iniciativa popular, por Lorena Estarellas<br/>1. Antecedentes<br/>2. Concepto. Clasificación<br/>3. Legislación en el orden nacional<br/>Debate de la Convención Nacional Constituyente para la introducción de la iniciativa popular<br/>4. Reglamentación de la iniciativa popular en el orden nacional<br/>5. La iniciativa popular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br/>Debate de la Convención Constituyente<br/>6. Reglamentación de la iniciativa popular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br/>7. La iniciativa popular en las provincias argentinas<br/>Catamarca<br/>Córdoba<br/>Chaco<br/>Chubut<br/>Entre Ríos<br/>Jujuy<br/>La Rioja<br/>Misiones<br/>Neuquén<br/>Río Negro<br/>San Juan<br/>Santa Cruz<br/>Santiago del Estero<br/>8. Legislación comparada<br/>9. Conclusión<br/><br/>VII: Comentario al artículo 40 de la constitución, por Alberto Ricardo Dalla Via y Alberto Manuel García Lema<br/>1. La consulta popular como forma de democracia semidirecta. Remisiones<br/>2. Consulta y referéndum<br/>3. Comentario al artículo 40 y el debate en la Convención Constituyente<br/>3.1. Los tres apartados del artículo y sus diferencias con la arquitectura de la iniciativa popular<br/>3.2. La primera parte del artículo 40<br/>3.3. La segunda parte del artículo 40<br/>3.4. La tercera parte del artículo 40<br/>4. La falta de aplicación de la consulta popular<br/><br/>VII.A: Artículo 40: la consulta popular, por Osvaldo A. Pérez Sanmartino<br/>1. Introducción<br/>2. Referéndum y plebiscito<br/>3. Consagración constitucional de la consulta popular<br/>4. Ley 25432<br/>4.1. Título I. Consulta popular vinculante<br/>4.2. Título II. Consulta popular no vinculante<br/>4.3. Título III. Disposiciones comunes<br/><br/>VIII: Comentario al artículo 41 de la constitución, por Alberto Ricardo Dalla Via<br/>1. El derecho al ambiente<br/><br/>VIII.A: La cláusula ambiental y sus leyes de desarrollo constitucional, por Marcelo Alberto López Alfonsín<br/>1. Introducción: la constitucionalización del ambiente<br/>2. El derecho al ambiente como bien jurídico tutelado<br/>3. La cláusula ambiental y la cuestión competencial en la reforma de 1994<br/>4. Qué son y qué no son los presupuestos mínimos de protección ambiental<br/>5. El debate parlamentario de la ley general del ambiente<br/>5.1. La ley general del ambiente como ley marco en la materia<br/>5.2. Los principios rectores de la ley general del ambiente<br/>5.3. El mal llamado amparo ambiental de la ley general del ambiente<br/>6. Las otras leyes sectoriales de presupuestos mínimos de protección ambiental<br/>7. La cuestionada ley general de recursos hídricos 25688 y la creación de la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo -ley 26188-<br/>CSJN, 30-8-2006, Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado nacional y otros s/daños y perjuicios, fallo M.1569.XL<br/>8. A modo de colofón y balance<br/><br/>IX: Comentario al artículo 42 de la constitución, por Alberto Ricardo Dalla Via y Alberto Manuel García Lema<br/>1. Introducción<br/>2. La cuestión de la constitución económica del Estado<br/>3. Los tres apartados del artículo 42<br/>4. Los derechos de consumidores y usuarios<br/>4.1. La finalidad de estos derechos<br/>4.2. La relación de consumo<br/>4.3. Las condiciones de trato digno y equitativo<br/>4.4. Los derechos de la parte empresaria<br/>5. Las obligaciones de las autoridades públicas<br/>5.1. Enunciado de obligaciones y concepto de autoridades<br/>5.2. La defensa del mercado<br/>5.3. Significado de monopolios naturales o legales<br/>5.4. Caracteres del control de la distorsión de los mercados y de la calidad y eficiencia de los servicios públicos<br/>5.5. Procedimientos para la protección y la solución de conflictos<br/>5.6. El amparo y otros procesos judiciales<br/>5.7. La operatividad del artículo 42<br/>6. La ampliación del concepto de democracia y la participación de organizaciones sociales<br/>7. El rol del Estado en la defensa de la competencia (art.42)<br/><br/>IX.A: Comentario a las leyes 24240 (defensa del consumidor), 22802 (lealtad comercial) y 25156 (defensa de la competencia) reglamentarias del artículo 42 de la constitución nacional, por Jorge Alejandro Amaya<br/>1. Introducción<br/>2. Ley 24240 de defensa del consumidor<br/>2.1. Antecedentes<br/>2.2. Título I<br/>2.2.1. El consumidor en la ley 24240<br/>2.2.2. El primer párrafo del artículo 2º<br/>2.2.3. El segundo párrafo del artículo 2º<br/>2.2.4. La segunda parte del segundo párrafo del artículo 2º<br/>2.2.5. Principios (art.3º)<br/>2.2.6. Capítulo II. Información al consumidor y protección de su salud<br/>2.2.6.1. Información<br/>2.2.6.2. Protección al consumidor<br/>2.2.6.3. Cosas y servicios riesgosos<br/>2.2.7. Condiciones de la oferta y venta<br/>2.2.7.1. Oferta<br/>2.2.7.2. Efectos de la publicidad<br/>2.2.7.3. Cosas deficientes usadas o reconstituidas<br/>2.2.7.4. Contenido del documento de venta<br/>2.2.7.5. Incumplimiento de la obligación<br/>2.2.8. Cosas muebles no consumibles<br/>2.2.9. Prestación de servicios<br/>2.2.10. Usuarios de servicios públicos domiciliarios<br/>2.2.11. De la venta domiciliaria, por correspondencia y otras<br/>2.2.11.1. Venta domiciliaria o directa<br/>2.2.11.2. Venta por correspondencia y otras<br/>2.2.11.3. Prohibición<br/>2.2.12. De las operaciones de venta de crédito<br/>2.2.13. De los términos abusivos y cláusulas ineficaces<br/>2.2.13.1. Interpretación<br/>2.2.13.2. Contrato de adhesión. Contratos de formularios<br/>2.2.13.3. Modificación. Contratos tipo<br/>2.2.14. Responsabilidad por daños<br/>2.3. Título II<br/>2.3.1. Autoridad de aplicación<br/>2.3.2. Procedimiento y sanciones<br/>2.3.3. De las acciones judiciales<br/>2.3.3.1. ¿Admite la ley 24240 las llamadas acciones de clase?<br/>2.3.4. Las asociaciones de consumidores<br/>2.3.5. Arbitraje<br/>2.4. Título III<br/>3. Ley 22802 de lealtad comercial<br/>3.1. El fin legal<br/>3.2. Capítulo I. Identificación de mercaderías<br/>3.3. Capítulo II. Las denominaciones de origen<br/>3.4. Capítulo III. De la publicidad y la promoción mediante premios<br/>3.5. Capítulo IV. Autoridades de aplicación. Atribuciones<br/>3.6. Capítulo V. Procedimiento<br/>3.7. Capítulo VI. Infracciones, sanciones y recursos<br/>4. Ley 25156 de defensa de la competencia<br/>4.1. Defensa de la competencia y legislación antimonopólica<br/>4.2. Capítulo I. Acuerdos y prácticas prohibidas<br/>4.2.1. La figura de posición dominante<br/>4.2.2. Ambito de aplicación. Reglas de interpretación<br/>4.3. Capítulo II. De la posición dominante. Remisión<br/>4.4. Capítulo III. Concentraciones y fusiones<br/>4.5. Capítulo IV. Autoridad de aplicación<br/>4.5.1. Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia<br/>4.5.2. Los entes reguladores<br/>4.5.3. Causales de remoción<br/>4.5.4. Funciones y facultades<br/>4.6. Capítulo V. El presupuesto<br/>4.7. Capítulo VI. Del procedimiento<br/>4.8. Capítulo VII. Sanciones<br/>4.9. Capítulo VIII. De las apelaciones<br/>4.10. Capítulo IX. De la prescripción<br/><br/>IX.B: Los marcos regulatorios de los servicios públicos en el artículo 42 de la constitución, por Estela B. Sacristán<br/>1. Introducción<br/>1.1. Objetivo de este trabajo. Delimitaciones. Plan de exposición<br/>1.2. Libertad de industria. Mercado. Competencia. Monopolio<br/>1.3. Monopolio y regulación<br/>1.4. Marco regulatorio. Servicio público. Efectos de la publicatio<br/>1.5. El ente regulador<br/>1.6. Prestación privada del servicio público<br/>2. Desarrollo<br/>2.1. Los marcos regulatorios de los servicios públicos del artículo 42 de la constitución nacional<br/>2.2. Enumeración<br/>2.3. Acerca de la enumeración<br/>2.4. Un marco regulatorio modelo<br/>2.5. Caracterización. Competencias. Vinculación con los usuarios<br/>2.6. El enclave constitucional<br/>2.7. Tarifas<br/>2.8. Inversiones<br/>2.9. Alguna reflexión adicional<br/>2.10. Otros marcos regulatorios<br/>3. Conclusiones<br/>3.1. Una postura minimalista<br/>3.2. Prestación estatal del servicio público<br/>3.3. Reflexiones finales<br/><br/>X: Comentario al artículo 43 de la constitución nacional, por Alberto Ricardo Dalla Via<br/>1. El amparo en la reforma constitucional de 1994<br/>1.1. Introducción<br/>2. Amparo amplio<br/>3. Operatividad del amparo<br/><br/>X.A: El régimen constitucional y legal del amparo, por Emilio A. Ibarlucía<br/>1. Introducción<br/>2. Las innovaciones introducidas por la reforma de 1994 al amparo clásico<br/>2.1. Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo<br/>2.2. Contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares<br/>2.3. Reconocidos por esta constitución, un tratado o una ley<br/>2.4. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva<br/>3. El amparo contra actos discriminatorios<br/>4. El amparo colectivo<br/>4.1. Antecedentes<br/>4.2. Los derechos de incidencia colectiva<br/>4.3. Los legitimados<br/>4.3.1. Cuestión previa: la exclusión de la acción popular<br/>4.3.2. La excepción: la habilitación de la acción popular por la ley ambiental 25675<br/>4.3.3. El afectado<br/>4.3.4. El defensor del pueblo<br/>4.3.5. Las asociaciones que propenden a la defensa de los derechos de incidencia colectiva<br/>5. ¿Qué subsiste de la ley 16986?<br/>6. El amparo contra actos de particulares<br/>7. El artículo 43 de la constitución nacional como piso de la autonomía provincial para regular el amparo. Algunas particularidades de las constituciones provinciales<br/>8. Breve comentario al proyecto de ley de amparo que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación<br/><br/>X.B: Ley 25326 de hábeas data o protección de datos personales, por Marcela I. Basterra<br/>1. Introducción<br/>2. Ley 25326. Comentario<br/>3. Aspectos procesales<br/>Procedencia y procedimiento aplicable<br/><br/>X.C: Hábeas corpus, por Ileana Fraquelli y Pamela Bisserier Díaz<br/>1. Definición, concepto, naturaleza jurídica, alcance y clasificación<br/>2. Artículos de la constitución nacional reglamentados por la ley<br/>3. Aplicación de la ley. Jurisdicción y competencia. Procedencia<br/>3.1. Capítulo I. Disposiciones generales<br/>3.2. Legitimación (activa y pasiva)<br/>3.3. Capítulo II. Procedimiento<br/>3.4. Capítulo III. Reglas de aplicación<br/>4. El hábeas corpus y la jurisprudencia del sistema americano de protección a los derechos humanos<br/><br/> |