Tratado de derecho procesal constitucional (Registro nro. 63543)

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Campo de control de longitud fija 63222nam a22001937a 4500
003 - Identificador de número de control
Campo de control OSt
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008 - Elementos de datos de longitud fija - Información general
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020 ## - ISBN
ISBN 978-987-03-1733-3
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación HCSPBA
942 ## - Elementos de entrada adicional
Tipo de ítem LIBROS
100 ## - Autor
Nombre personal Manili, Pablo Luis
245 ## - Título propiamente dicho
Título Tratado de derecho procesal constitucional
Resto del título Argentino, comparado y transnacional
Número de parte/sección de una obra T.3
260 ## - Publicación, Distribución, etc.
Lugar de publicación, distribución, etc. Buenos Aires
Fecha de publicación, distribución, etc. 2010
Nombre del editor, distribuidor, etc. La Ley
300 ## - Descripción física
Extensión 3 v.
490 ## - Declaración de serie
Mención de serie Fondo editorial de derecho y economía
505 00 - Nota de contenido formateado
Nota de contenido/Índice Indice T.1<br/><br/>Presentación de la obra<br/><br/>Primera parte: Teoría general del derecho procesal constitucional<br/><br/>I. Generalidades<br/>La ciencia del derecho procesal constitucional, por Eduardo Ferrer Mac Gregor<br/>I. Exordio<br/>II. La ciencia procesal y la ciencia constitucional<br/>III. El derecho procesal constitucional como fenómeno histórico social<br/>IV. El derecho procesal constitucional como ciencia: cuatro etapas de desarrollo<br/>V. Conclusión<br/>La autonomía del derecho procesal constitucional, por Osvaldo A. Gozaíni<br/>1. Punto de partida<br/>2. El derecho procesal constitucional como ciencia autónoma<br/>3. Fundamentos teóricos de la autonomía científica<br/>4. el concepto de jurisdicción en el derecho procesal constitucional<br/>La actualidad de la ciencia del derecho procesal constitucional, por Eloy Espinosa Saldaña Barrera<br/>I. Introducción: la consolidación del estado constitucional<br/>II. Avances y riesgos de la jurisdicción constitucional, objeto de estudio del derecho procesal constitucional<br/>2.1.Un punto de partida: el reconocimiento de la constitución como parámetro y de los órganos jurisdiccionales como últimos responsables de interpretar el ordenamiento jurídico conforme a ella<br/>2.2. La derrota del legislador negativo y el apuntalamiento del papel creativo y mediador del juez constitucional<br/>2.3. Constitucionalización del derecho, intento de constitucionalización de la política y paulatina especialización de los juzgadores<br/>2.4. Desafíos para el mejor desarrollo de las tareas a cargo de la jurisdicción constitucional<br/>III. ¿Es el derecho procesal constitucional la disciplina que permite en la actualidad un adecuado desarrollo del modelo de jurisdicción constitucional en cada país?<br/>3.1. El sentido del presente análisis y sus limitaciones<br/>3.2. Una disciplina de reciente configuración, y las consecuencias que ello puede acarrear<br/>3.3. Una materia convertida en un espacio cada vez más interesante para la labor doctrinaria<br/>3.4. El contenido de la disciplina, su naturaleza jurídica y los elementos que la integran. Hacia la consolidación de ciertas tendencias y consensos<br/>3.5. Una denominación cuyo uso se fortalece y su enseñanza universitaria tiende a difundirse<br/>3.6. La formación universitaria y/o profesional en la disciplina como uno de los principales desafíos a afrontar<br/>IV. A modo de conclusión<br/>La codificación de los procesos constitucionales, por Domingo García Belaunde<br/>1. El sentido de las codificaciones<br/>2. Los obstáculos a la codificación<br/>3. La legislación procesal constitucional en nuestros países<br/>4. ¿Es recomendable la codificación de los procesos constitucionales?<br/>5. Los problemas de una codificación procesal constitucional<br/>6. ¿Qué debe contener una codificación procesal constitucional?<br/>7. ¿Y el derecho procesal constitucional?<br/>8. ¿Codificación de los procesos constitucionales o del derecho procesal constitucional?<br/>9. El código procesal constitucional de Tucumán<br/>10. El código procesal constitucional del Perú<br/>a) Título preliminar<br/>b) Organos competentes: Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Exclusión del Ministerio Público<br/>c) Interpretación de los derechos constitucionales de conformidad con las normas internacionales<br/>d) El control difuso de constitucionalidad y sus límites<br/>e) Precedente<br/>f) Procedencia respecto de resoluciones judiciales<br/>g) Actuación de sentencias<br/>h) Procedencia durante los regímenes de excepción. Razonabilidad y proporcionalidad<br/>i) Nueva configuración del amparo<br/>j) Jurisdicción internacional<br/>k) A manera de síntesis<br/>11. A manera de conclusión<br/>El derecho de acceso a la justicia, por María S. Sagüés<br/>1) El derecho de acceso a la justicia<br/>2) Acceso a la justicia y estado de derecho<br/>3) El derecho de acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos<br/>a) Consagración normativa<br/>b) Criterios de aplicación<br/>4) Proyecciones en el ordenamiento jurídico argentino<br/>5) Impacto del derecho de acceso a la justicia en el activismo jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación<br/>6) Ponderación final<br/>La función institucional del juez constitucional, por Ricardo Haro<br/>1. A manera de introducción<br/>2. La importancia que juega la interpretación constitucional en la función del juez constitucional<br/>3. Los principios cardinales que rigen el ejercicio del control por el juez constitucional<br/>4. El juez constitucional y la constitución como sistema de creencias, ideas y valores políticos<br/>5. La cultura y la conciencia constitucional<br/>6. La dimensión política del control de constitucionalidad y el principio de la división y equilibrio de los poderes<br/>7. Una compleja dimensión política del control de constitucionalidad: las cuestiones políticas<br/>8. Formación jurídico política del juez constitucional<br/>9. El juez constitucional y el eminente magisterio constitucional<br/>10. Los jueces constitucionales y su función paradigmática en la sociedad contemporánea<br/>11. Los jueces constitucionales, el Estado y la consecución del bien común<br/><br/>II. La interpretación constitucional y el control de constitucionalidad<br/>El fallo Marbury vs. Madison y el derecho procesal constitucional, por Gerardo Eto Cruz<br/>Nota preliminar<br/>I. Los hechos y las circunstancias<br/>II. Marshall y el escenario de la época<br/>III. Marshall: genio y figura<br/>IV. Las reglas de interpretación de Marshall: un muestreo de casos<br/>V. La sentencia de Marbury vs. Madison y la constitución de los Estados Unidos<br/>VI. La singular exposición de motivos de la constitución norteamericana que inaugura la revisión judicial en Marbury vs. Madison: el federalista<br/>VII. Marshall: pionero de la teoría de la argumentación jurídica<br/>VIII. Algunas características de la judicial review a partir de la sentencia de Marshall<br/>IX. Epílogo<br/>Sistemas y modelos de justicia constitucional en los albores del siglo XXI, por Luca Mezzetti<br/>La judicial review y la dificultad contramayoritaria, por Jorge A. Amaya<br/>I. Introducción<br/>II. Reflexiones en torno a constitución<br/>III. Reflexiones en torno a democracia. La regla de la mayoría<br/>IV. La función judicial en las tradiciones jurídicas del mundo contemporáneo y su filosofía: un equilibrio difícil entre constitución y democracia<br/>V. Origen y desarrollo de la judicial review: Hamilton, Madison y Marshall<br/>VI. La dificultad contramayoritaria y sus distintas intensidades<br/>VII. Distintos argumentos y modalidades de la opción judicialista<br/>La judicial review y sus nuevos críticos, por Manuel J. García Mansilla<br/>Introducción<br/>I. Origen y desarrollo de las discusiones acerca de la legitimidad del judicial review<br/>II. Las críticas más recientes<br/>1. El popular constitutionalism<br/>a) La postura de Tushnet<br/>b) La crítica de Kramer<br/>c) Sanford Levinson<br/>2. Las réplicas al popular constitutionalism<br/>a) Alexander y Solum<br/>b) Chemerinsky<br/>c) Tribe<br/>3. El debate Waldron Fallon<br/>a) La crítica de Waldron<br/>b) La respuesta de Fallon<br/>Conclusión<br/>Un artífice del derecho procesal constitucional: Hans Kelsen, por Gerardo Eto Cruz<br/>I. Introducción<br/>II. Kelsen: el escenario de la época<br/>III. Las grandes bases teóricas del derecho procesal constitucional en Kelsen: sus obras capitales<br/>IV. Entre la judicial review y el control político: el aporte de Kelsen<br/>V. Kelsen: juez del tribunal constitucional de Austria<br/>VI. El caso de las dispensas matrimoniales y la liquidación del tribunal constitucional<br/>VII. Reflexiones finales<br/>El activismo en la jurisdicción constitucional, por Pablo L. Manili<br/>I. Introducción<br/>II. El activismo bueno<br/>III. El activismo malo<br/>IV. Conclusiones<br/>El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas, por Francisco Fernández Segado<br/>1. Introducción<br/>2. El legislador ante el desarrollo de la constitución<br/>3. Tipología de las omisiones legislativas<br/>4. Caracterización jurídica de la omisión constitucionalmente relevante<br/>5. Técnicas con las que hacer frente a las omisiones legislativas<br/>A) La creación pretoriana de técnicas decisorias con las que controlar las omisiones del legislador<br/>B) La constitucionalización de instrumentos procesales de control de las inacciones del legislador<br/>6. El debate en torno a las vías idóneas con las que hacer frente al control de las omisiones relativas<br/>7. ¿Juez constitucional versus legislador?: el debate sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad por omisión<br/>El control judicial de constitucionalidad de oficio en la República Argentina, por Eduardo P. Jiménez<br/>I. Apuntes introductorios<br/>II. Sobre las materias que usualmente se mantienen exentas del control de constitucionalidad<br/>III. Acerca del control de oficio de la constitucionalidad de las leyes, por parte de los magistrados judiciales<br/>IV. La actuación de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina hacia el control oficioso de la constitucionalidad de las leyes<br/>V. La consolidación de la postura permisiva en los argumentos recientes de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación<br/>VI. El tránsito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el control de oficio de constitucionalidad, al control de oficio de convencionalidad<br/>VII. Nuestras breves conclusiones<br/>El control de constitucionalidad de las normas extranjeras, por Néstor P. Sagüés<br/>1. Introducción<br/>2. El derecho extranjero opuesto a la constitución nacional<br/>3. El derecho extranjero opuesto a la constitución de ese mismo país extranjero. Distintas hipótesis<br/>4. Conclusiones<br/>El derecho procesal constitucional y el federalismo, por Pablo L. Manili<br/>I. Introducción<br/>a) Primera particularidad: pluralidad de normas<br/>b) Segunda particularidad: pluralidad de órganos jurisdiccionales competentes<br/>II. Una pauta interpretativa: el principio pro homine<br/>III. El principio pro actione<br/>IV. Colofón<br/>Cuestiones políticas y cuestiones no judiciables, por Jorge A. Amaya<br/>I. Introducción<br/>II. Competencia y control de constitucionalidad<br/>III. Los primeros casos políticos no judiciables. Cuestiones políticas y cuestiones no judiciables<br/>IV. Posiciones doctrinarias en torno a las cuestiones políticas no judiciables: posturas restrictivas y amplias<br/>V. La temática de las cuestiones políticas<br/>VI. Las cuestiones políticas y la política<br/>VII. Conclusión<br/><br/>Segunda parte: Procesos constitucionales judiciales<br/><br/>I. Aspectos generales<br/>Los procesos urgentes y el derecho procesal constitucional, por Marcelo S. Midón<br/>I. Concepto y caracterización<br/>II. Medidas autosatisfactivas<br/>1. Concepto<br/>2. Antecedentes legislativos, vigentes y proyectados<br/>3. Caracteres. Diferencias y similitudes con las medidas cautelares<br/>4. Diferencias y similitudes con el proceso de amparo<br/>5. Procedimiento<br/>6. Impugnación<br/>7. Constitucionalidad<br/>8. Casos en los que procede o puede proceder<br/>III. Tutela anticipada<br/>1. Concepto<br/>2. Antecedentes legislativos<br/>3. Presupuestos<br/>4. Caracteres. Diferencias y similitudes con las medidas cautelares<br/>5. Similitudes y diferencias con las medidas autosatisfactivas<br/>6. Oportunidad de su solicitud y despacho<br/>7. Régimen recursivo<br/>8. Casuística<br/>Las garantías constitucionales en el proceso penal, por Fernando M. Machado Pelloni<br/>Aclaración<br/>I. Consideraciones preliminares<br/>1.a) Admisibilidad ex ante del precedente Casal<br/>1.b) Admisibilidad ex post del precedente Casal<br/>II. Generalidades<br/>Epílogo<br/>Las garantías constitucionales del proceso civil, por Mabel A. de los Santos<br/>1. Introducción<br/>2. El derecho fundamental a la tutela efectiva y oportuna<br/>3. El debido proceso legal como garantía<br/>4. Enumeración y clasificación de las garantías del proceso civil<br/>5. La garantía de la defensa en juicio<br/>6. La garantía del juez imparcial (o de la igualdad en el proceso)<br/>7. La garantía de legalidad<br/>8. Garantías instrumentales<br/>a) Irretroactividad de la ley procesal<br/>b) La congruencia<br/>c) La debida fundamentación<br/>d) La publicidad del proceso judicial<br/>e) La cosa juzgada o garantía contra el doble juzgamiento<br/>f) La doble instancia<br/>9. Conclusiones<br/>El juicio por jurados, por Patricio A. Maraniello<br/>Introducción<br/>I. Concepto y características<br/>II. Origen histórico<br/>III. Derecho comparado<br/>III.1. Gran Bretaña<br/>III.2. Francia<br/>III.3. Italia<br/>III.4. Alemania<br/>III.5. España<br/>III.6. Estados Unidos<br/>IV. Antecedentes históricos en Argentina<br/>IV.1. Regulación preconstitucional<br/>IV.2. Regulación constitucional<br/>IV.3. ¿Qué extensión y qué tipo de jurados prevé la constitución?<br/>V. Proyectos legislativos nacionales<br/>V.1. González y De la Plaza<br/>V.2. Otros proyectos (1883, 1894, 1910, 1919, 1930, 1932, 1953 y 1988)<br/>VI. Análisis de la jurisprudencia nacional<br/>VII. Regulación provincial<br/>La experiencia cordobesa<br/>VIII. A modo conclusión<br/><br/>El rol del Ministerio Público en los procesos constitucionales, por Fabián L. Riquert<br/>1.El Ministerio Público: Su ubicación institucional luego de operada la reforma constitucional de 1994<br/>2. Funciones del Ministerio Público<br/>3. El Ministerio Público y los procesos constitucionales: posibilidad de actuación en los procesos colectivos<br/>4. El rol del Ministerio público en la provincia de Buenos Aires: su ubicación. Algunas apostillas<br/>5. Consideraciones finales<br/>La legitimación procesal del ombudsman, por Javier L. Barraza<br/>I. Introducción<br/>II. Del término ambudsman<br/>III. Antecedentes históricos<br/>1. El ombudsman en Suecia<br/>2. ¿A que obedecía la creación del Justitie Kansler?<br/>3. Razones para la creación del ombudsman<br/>4. Un breve repaso<br/>IV. Evolución<br/>V. Legitimación del defensor del pueblo<br/>VI. Posiciones restringidas<br/>1. La posición jurisprudencial<br/><br/>II. Hábeas corpus<br/>El hábeas corpus, por Fernando M. Machado Pelloni<br/>I. Acerca del tema. A su vez, advertencias sobre sus presupuestos y método<br/>II. Ingreso. Nociones elementales<br/>III. Historia sobre su adaptabilidad. Remisión<br/>IV. Tipos y subtipos de hábeas corpus. Remisión<br/>i) Hábeas corpus según riesgo o lesión del derecho<br/>ii) Hábeas corpus según objeto procesal<br/>iii) Hábeas corpus según legitimación activa<br/>iv) Hábeas corpus según legitimación pasiva<br/>v) Hábeas corpus según formas del Estado<br/>V. Síntesis del procedimiento. Luces y sombras<br/>VI. Egreso. Derecho de los derechos ¿sin derecho ni derechos?<br/>El hábeas corpus durante el estado de sitio y frente a la desaparición forzada de personas, por Mario A. R. Midón<br/>I. Consideraciones generales<br/>II. La ley de las novedades<br/>III. Un debate con dos vertientes mínimas<br/>IV. Discusiones que precedieron a la ley 23098 en lo atinente a los efectos del estado de sitio<br/>a) Suspensión de todos los derechos y garantías constitucionales sin control judicial<br/>b) Suspensión de todos los derechos y garantías constitucionales con posibilidad de control judicial<br/>c) Suspensión de la garantía del hábeas corpus con control judicial<br/>d) Suspensión de algunos derechos y garantías, con control judicial<br/>V. La doctrina anterior al dictado de la ley 23098 en cuanto a la judiciabilidad del estado de sitio<br/>VI. Doctrina posterior al dictado de la ley 23098 en lo concerniente a la judiciabilidad del estado de sitio<br/>A) La legitimidad de la declaración<br/>VII. Razones que invocamos para fundar nuestro pensamiento<br/>a) Propósitos del legislador<br/>b) Lectura de la Corte<br/>c) Redacción engañosa<br/>d) Otros aportes doctrinarios<br/>VIII. Porque el paso del tiempo nos hace cambiar de opinión: ahora el control de constitucionalidad comprende la verificación concreta de la existencia de conmoción interior o ataque exterior<br/>A) Cómo controlar la ocurrencia contenida en un concepto jurídico indeterminado<br/>Supuestos de notoriedad y de duda acerca de la existencia de causa habilitante<br/>B) Directivas emanadas del tribunal de la cumbre<br/>C) Perímetro del control de la legitimidad<br/>IX. Control de razonabilidad de la medida privativa de la libertad<br/>X. Hábeas corpus correctivo o de pronto alivio<br/>XI. Hábeas corpus para efectivizar el derecho de opción<br/>XII. Hábeas corpus para la búsqueda de personas desaparecidas<br/>Resabios de una época: aunque sin mayor eficacia la única garantía<br/>Hábeas corpus correctivo colectivo pluriindividual, por Marcela I. Basterra<br/>1. Los procesos colectivos o pluriindividuales y la acción de hábeas corpus<br/>2. el caso Verbitsky<br/>a) Los hechos<br/>b) Análisis del fallo<br/>c) Procedencia y legitimación del hábeas corpus colectivo<br/>d) ¿Puede la Corte hacer el examen de constitucionalidad del régimen de prisión preventiva y excarcelación vigente en las provincias, a la luz de una ley nacional?<br/>3. El caso Rivera Vaca, Marco Antonio y otro s/Hábeas corpus<br/>4. Conclusiones<br/><br/>III. Amparo<br/>El amparo en Iberoamérica, por Eduardo Ferrer Mac Gregor<br/>I. El amparo en el derecho procesal constitucional comparado<br/>II. Del hábeas corpus al amparo<br/>III. La expansión mundial del amparo<br/>IV. Evolución del amparo iberoamericano<br/>V. Tendencias contemporáneas<br/>Aspectos procesales del amparo. Breve teoría general de la prueba en materia de amparo, por Adolfo A. Rivas<br/>1. El conflicto amparístico<br/>2. El derecho<br/>3. La conducta lesiva<br/>4. La lesión<br/>5. La carga de la prueba<br/>6. El volumen probatorio<br/>7. El amparo como proceso sumario<br/>8. La prueba en el amparo ambiental<br/>La acción de amparo colectivo, por Humberto Quiroga Lavié<br/>I. Antecedentes de su consagración constitucional<br/>II. El concepto de derechos de incidencia colectiva<br/>III. Las variables constitucionales del amparo colectivo<br/>1. El amparo colectivo contra cualquier forma de discriminación<br/>2. El amparo en protección del ambiente<br/>3. La jurisprudencia en materia de protección del medio ambiente<br/>a) Decisiones producidas antes de la reforma constitucional de 1994<br/>b) Desenvolvimiento de la jurisprudencia en la Corte Suprema<br/>c) Jurisprudencia posterior a la reforma de 1994<br/>4. El amparo en defensa de la competencia, el usuario y el consumidor<br/>5. La protección de los derechos de incidencia colectiva en general<br/>6. La legitimación procesal para interponer el amparo colectivo<br/>El amparo fiscal, por Fabiana H. Schafrik de Núñez<br/>1. Introducción<br/>2. La acción de amparo en materia tributaria<br/>2.1. Presupuestos de admisibilidad del amparo en materia tributaria<br/>2.1.1. Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta<br/>2.1.2. Medio judicial más idóneo<br/>2.1.2.1. La existencia de una vía administrativa<br/>2.1.3. Necesidad de mayor debate y prueba<br/>2.1.4. Plazo de caducidad<br/>2.1.5. Declaración de inconstitucionalidad de la norma<br/>2.2. La aplicación a la materia tributaria de la legitimación activa<br/>2.2.1. El amparo clásico<br/>2.2.2. El afectado, las asociaciones y el defensor del pueblo de la nación<br/>2.2.2.1. El afectado<br/>2.2.2.2. Las asociaciones<br/>2.2.2.3. El defensor del pueblo de la nación<br/>2.3. El amparo como vía subsidiaria o supletoria<br/>3. El hábeas data en materia fiscal<br/>4. Amparo por demora ante el Tribunal Fiscal de la Nación<br/>5. Corolario<br/>El amparo por mora de la administración. Distintas técnicas jurídicas ante la inactividad de la administración, por Javier J. Barraza<br/>I. Introducción<br/>II. La inactividad de la administración y las opciones del particular<br/>III. La espera y el pronto despacho<br/>IV. La queja en sede administrativa<br/>V. Exclusión de la queja<br/>VI. Plazo para la resolución de la queja<br/>VII. Ante quién se presenta<br/>VIII. Consecuencias de la resolución favorable de la queja<br/>IX. Consideraciones en torno a la queja<br/>X. Silencio administrativo<br/>XI. El amparo por mora de la administración<br/>XII. El primer requisito: la mora<br/>XIII. Legitimación<br/>XIV. La tramitación del amparo por mora de la administración<br/>XV. Las costas en el amparo por mora<br/>XVI. Conclusiones<br/><br/>Indice T.2<br/><br/>Segunda parte (continuación): Procesos constitucionales judiciales<br/><br/>IV. Hábeas data<br/><br/>Hábeas data: los derechos protegidos, por Marcela I. Basterra<br/>1. Introducción<br/>2. Concepto<br/>3. Finalidad y objetivos<br/>4. Derechos tutelados<br/>a) La tutela del derecho a la intimidad informática<br/>b) La tutela del derecho a la imagen o al propio perfil<br/>5. Diferencias entre el hábeas data y el derecho de acceso a la información pública<br/>6. Conclusiones<br/>El proceso de hábeas data, por Oscar R. Puccinelli<br/>1. Introducción. Derechos de y a la protección de datos y acción de hábeas data<br/>2. El proceso de hábeas data en el plano federal<br/>2.1. Procedencia<br/>2.2. Legitimación activa<br/>2.3. Legitimación pasiva<br/>2.4. Competencia<br/>2.5. Procedimiento aplicable<br/>2.5.1. ¿Es exigible el recaudo de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas del acto lesivo?<br/>2.5.2. ¿Cabe transitar y agotar las vías previas?<br/>2.5.3. ¿Está la acción sujeta a algún término de caducidad?<br/>2.5.4. ¿Qué otras reglas procesales derivadas del amparo cabe aplicar?<br/>2.6. Requisitos de la demanda. Medidas cautelares<br/>2.7. Trámite<br/>2.8. Excepciones al progreso de la acción<br/>2.9. Contestación del informe<br/>2.10. Ampliación de la demanda<br/>2.11. Producción de la prueba. Sentencia<br/><br/>V. Acción declarativa<br/>Las acciones de inconstitucionalidad, por Maximiliano Toricelli<br/>1. Introducción<br/>2. El control en Argentina<br/>3. Variantes del control de constitucionalidad por vía de acción<br/>3.a. La acción abstracta de inconstitucionalidad<br/>3.b. La acción concreta de inconstitucionalidad<br/>3.c. La acción directa de inconstitucionalidad<br/>4. Las acciones de inconstitucionalidad en el orden federal<br/>5. La recepción de la acción abstracta en su versión restringida<br/>6. La recepción de la acción abstracta en versión popular<br/>7. Las acciones concretas de inconstitucionalidad<br/>7.a. La existencia de una relación jurídica<br/>7.b. Estado de incertidumbre<br/>7.c. Actualidad de la lesión<br/>7.d. Legitimación en las partes<br/>7.e. No disponibilidad de otro medio procesal<br/>8. La acción de condena<br/>9. Consideraciones finales<br/>La acción de inconstitucionalidad y las medidas cautelares, por Alejandro C. Verdaguer<br/>1. Introducción<br/>2. La acción de inconstitucionalidad<br/>3. Medidas cautelares y pretensión mera declarativa<br/>4. Medidas cautelares e intrumentalidad<br/>5. Acción declarativo, medida cautelar y proceso colectivo<br/>La acción declarativa de inconstitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Guido Risso<br/>I. Introducción<br/>II. Desarrollo<br/>A) Caracteres de la acción declarativa de inconstitucionalidad<br/>B) Requerimientos de procedencia y admisibilidad<br/>Ley 402. Pautas procesales<br/>1. La norma objeto de la acción<br/>Carácter local de la norma<br/>Situación de las normas anteriores a la sanción de la CCABA<br/>Carácter general de la norma<br/>Acto administrativo<br/>Normas ya derogadas<br/>Efectos de las normas derogadas<br/>2. Medidas cautelares<br/>3. Caducidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad<br/>4. Necesidad de lesión constitucional vigente y actual al momento de interposición de la acción declarativa<br/>5. Explicación clara y pormenorizada de las razones en las que se sustenta la tacha de inconstitucionalidad<br/>6. Legitimación procesal<br/>Acción declarativa de inconstitucionalidad. Naturaleza de la acción<br/>Legitimación activa (art.18)<br/>Defensoría del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br/>7. Vista al fiscal general. ¿Cuál es el momento en que debe correrse vista al Fiscal General con el fin de que tome intervención en el procedimiento?<br/>8. Titulares de los organismos que componen el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br/>9. Procedimiento (art.19)<br/>Forma. Plazo. Trámite<br/>A. La identificación del demandante<br/>B. Su domicilio real y el domicilio que constituye a los efectos procesales<br/>C. La indicación concreta de la norma que el accionante estima contraria a la Constitución Nacional o a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los fundamentos que motivan la pretensión, indicando los principios, derechos o garantías constitucionales presuntamente afectados<br/>D. El ofrecimiento de la prueba que considere necesario producir y acompañar la documental que haga a su pretensión<br/>E. En caso de considerar necesaria la remisión de documentos que no hayan podido ser agregados, debe indicar claramente el lugar en que se encuentran los originales, a fin de ser requeridos<br/>Rechazo de la acción de inconstitucionalidad por el TSJ<br/>Posibilidad de acudir mediante el control difuso e inconcreto<br/>Admisión de la acción de inconstitucionalidad por el TSJ<br/>Efectos de la sentencia. cosa juzgada constitucional<br/>Efectos generales de la cosa juzgada constitucional<br/>El reenvío a la legislatura<br/>Costas y tasa de justicia<br/>La acción declarativa de inconstitucionalidad en la provincia de Buenos Aires, por Federico J. Gallo Quintian<br/>I. Introducción<br/>a) El control de constitucionalidad en la provincia de Buenos Aires<br/>II. La acción de inconstitucionalidad bonaerense<br/>a) Características<br/>b) Acumulación de acciones<br/>III. Caducidad de la acción<br/>IV. La legitimación<br/>a) La legitimación activa<br/>b) Legitimación pasiva<br/>c) Intervención de terceros<br/>V. La prueba en la acción de inconstitucionalidad<br/>VI. Las medidas cautelares<br/>a) Medidas cautelares<br/>b) Medidas precautelares<br/>VII. Traslado de la demanda<br/>VIII. La sentencia<br/>IX. Las costas<br/>X. La acción de insconstitucionalidad y el recurso extraordinario federal<br/>XI. Conclusiones<br/><br/>VI. Otros procesos constitucionales<br/>Las acciones ambientales en derecho argentino y comparado, por José A. Esain<br/>1. La teoría de la acción y las acciones en derecho ambiental<br/>1.1. El acceso a la justicia y las acciones en materia ambiental<br/>1.2. La teoría de la acción<br/>1.3. Las técnicas de protección y las acciones ambientales<br/>2. Acciones y procesos por daño ambiental derivados de la ley general del ambiente<br/>2.1. Los diferentes tipos de procesos según el tipo de daño ambiental<br/>2.2. Nuestra visión respecto a los diferentes tipos de procesos ambientales en la LGA<br/>3. Las acciones dentro del proceso por daño ambiental de incidencia colectiva<br/>3.1. El proceso ambiental<br/>3.2. Acceso a la jurisdicción ambiental<br/>3.3. Algunas pautas en materia de proceso ambiental<br/>3.4. Las diferentes acciones dentro del proceso ambiental<br/>4. Acción de cese o de prevención<br/>4.1. Formas procesales que puede asumir la acción de cese o prevención<br/>4.2. Acción de cese por clandestinidad de la acción<br/>4.3. La prevención en los mandatos exhortativos cautelares<br/>4.4. El cese mediante exhortaciones en la jurisprudencia de la Corte<br/>5. Amparo ambiental y acción de cese<br/>5.1. Otro espacio donde se puede acomodar la acción de cese es en el amparo ambiental<br/>5.2. El bien jurídico protegido por el derecho humano fundamental será lo que calificará la idoneidad del medio procesal protector. El rol de los principios de derecho ambiental<br/>5.3. Los elementos del amparo traducidos al amparo ambiental<br/>6. Legitimación activa frente al daño ambiental de incidencia colectiva<br/>6.1. La legitimación en materia de procesos colectivos<br/>6.2. Amparo ambiental: la acción popular<br/>6.3. Diferentes legitimaciones según el tipo de acción<br/>7. La acción de recomposición<br/>7.1. Las acciones derivadas de la responsabilidad civil por daño al ambiente<br/>7.2. Las acciones en la LGA y la doctrina de la Corte<br/>8. Conclusiones<br/>Nuevas vías procesales en materia ambiental creadas por el fallo Mendoza de la CSJN, por Daniel A. Sabsay<br/>I. Introducción<br/>II. El caso Mendoza<br/>III. La resolución de junio de 2006<br/>IV. La competencia originaria de la Corte Suprema<br/>V. Diferentes tipos de daño en relación al ambiente y sus consecuencias<br/>VI. Otras cuestiones<br/>1. Terceros<br/>2. Otros aportes de la sentencia<br/>VII. Conclusiones<br/>Los mecanismos de protección de los consumidores y usuarios, por Marcelo A. López Alfonsín<br/>I. Introducción<br/>II. La temprana recepción legislativa. La ley 24240 (1993)<br/>III. La constitucionalización de la protección de los consumidores y usuarios en 1994<br/>IV. El sistema nacional de arbitraje de consumo<br/>V. La reforma integral de la ley 26361 (2008)<br/>VI. Las acciones colectivas en la ley 26361 y el mal llamado amparo del consumidor<br/>VII. A modo de conclusión<br/>Acciones de clase y derechos individuales homogéneos, por Eugenio L. Palazzo<br/>I. Introducción al tema<br/>II. Los conflictos colectivos ante la división de los poderes<br/>III. Los conflictos colectivos ante la evolución de las declaraciones de derechos<br/>IV. Los efectos de las sentencias<br/>V. La representación del conjunto<br/>La recepción de las acciones de clase en el caso Halabi<br/>VI. Los tipos de derechos, de daños, y de legitimaciones expuestos en la sentencia Halabi<br/>VII. Los requisitos sustanciales y formales en Halabi<br/>VIII. La postura de Fayt<br/>IX. Fuentes del derecho<br/>X. La regla 23<br/>XI. Tareas para jueces y abogados<br/><br/>VII. Los procesos constitucionales en derecho comparado<br/>La acción de cumplimiento en Colombia, por Eduardo A. Velandia Canosa<br/>1. Introducción<br/>2. Marco normativo y jurisprudencial<br/>3. Concepto y naturaleza jurídica<br/>4. Referencia histórica<br/>5. Objeto y finalidad<br/>6. Legitimación en la causa<br/>6.1. Por activa<br/>6.2. Por pasiva<br/>6.2.1. Autoridades públicas<br/>6.2.2. ¿Qué sucede si la parte demandada no está legitimada en la causa?<br/>6.2.3. Particulares<br/>7. ¿Se requiere cumplir con el derecho de postulación?<br/>8. Interés para obrar<br/>9. Reglas técnicas del proceso<br/>10. Principios<br/>10.1. Principio de publicidad<br/>10.2. Principio de eficacia y de prevalencia del derecho sustancial<br/>10.3. Principios de economía y de celeridad<br/>10.4. Principio de gratuidad<br/>11. Jurisdicción y competencia<br/>12. Caducidad<br/>13. Improcedibilidad<br/>14. Reparto y trámite preferencial<br/>15. Actos procesales<br/>15.1. Demanda<br/>15.2. Primera providencia<br/>15.2.1. Contenido del auto admisorio<br/>15.3. Notificaciones<br/>15.4. Derecho de contradicción<br/>15.5. Pruebas<br/>15.6. Terminación anticipada del proceso<br/>15.7. La sentencia<br/>15.7.1. Contenido<br/>15.7.2. Notificación<br/>15.7.3. Cumplimiento<br/>15.7.4. Desacato<br/>15.7.5. Recursos<br/>15.7.5.1. Trámite de la impugnación<br/>16. Cosa juzgada<br/>17. Suspensión del proceso<br/>18. Actuación temeraria<br/>El amparo en Uruguay, por Eduardo G. Esteva Gallicchio<br/>I. Introducción<br/>II. Génesis del amparo en Uruguay<br/>A) Proyectos de reforma constitucional<br/>B) Derecho positivo transitorio: del régimen de facto al de jure (1984-1985)<br/>C) Derecho positivo con valor y fuerza de ley ordinaria vigente<br/>D) La doctrina uruguaya hasta 1984<br/>E) La doctrina uruguaya posterior a la ley 16011<br/>III. Regulación infraconstitucional de la acción de amparo<br/>A) Tribunales competentes<br/>B) Legitimados para la interposición de la acción de amparo<br/>C) Actos, omisiones y hechos impugnables<br/>D) Aspectos procesales<br/>E) Medidas cautelares y provisionales en la acción de amparo<br/>F) La sentencia<br/>G) Medios impugnativos en la acción de amparo<br/>IV. Extensión de la aplicación de la normativa de la acción de amparo<br/>V. Evaluación al cumplirse veinte años de vigencia de la regulación legal de la acción de amparo en Uruguay<br/>VI. Acceso a normas<br/>La acción constitucional de protección (recurso de protección) en Chile, por Humberto Nogueira Alcalá<br/>1. Introducción<br/>1.1. Los modelos de amparo de derechos<br/>1.2. Los tipos de amparo de derechos<br/>1.3. La clasificación de los amparos protectores de derechos fundamentales o derechos humanos<br/>1.4. El amparo de derechos colectivos o difusos<br/>2. Los antecedentes de la acción constitucional denominada recurso de protección de los derechos fundamentales en Chile<br/>3. El texto constitucional sobre el recurso de rpotección<br/>3.1. Concepto y naturaleza jurídica de la acción constitucional denominada recurso de protección<br/>3.2. Características del proceso y acción constitucional de protección<br/>3.2.1. Legitimación activa amplia de la acción sin ser una acción popular o acción pública y con formalidades mínimas<br/>3.2.2. La acción (recurso) de protección es una acción principal y un procedimiento autónomo<br/>3.2.3. La acción (recurso) de protección es un procedimiento excepcional<br/>3.2.4. El recurso de protección no es un proceso exclusivo o sustitutivo de otros procesos<br/>3.2.5. ¿Unilateralidad o bilateralidad del procedimiento de protección?<br/>3.2.6. El procedimiento de protección tiene un carácter breve, concentrado, y de carácter preferente<br/>a) En la pretensión<br/>b) En el procedimiento<br/>c) En el tiempo<br/>d) En las limitaciones de las impugnaciones y recursos<br/>e) En la sentencia<br/>3.3. El procedimiento de la acción de protección<br/>3.3.1. Los criterios de procesabilidad sustancial<br/>3.3.2. Criterios de procesabilidad procesal<br/>a) Plazo para interponer la solicitud o demanda de protección<br/>b) Quién demanda la protección o puede ejercer la acción: legitimación activa<br/>c) Legitimación pasiva<br/>d) Tribunal competente<br/>3.3.3. Modificación de las normas generales de capacidad para comparecer<br/>3.3.4. Requisitos de la demanda de protección<br/>a) Materialidad de la presentación<br/>b) La individualización del ofendido y ofensor<br/>c) Exposición de los hechos<br/>d) Formulación de la pretensión jurídica<br/>3.3.5. Requisitos de admisibilidad de la acción<br/>a) Constatación de hallarse quien recurre dentro de un plazo de 30 días<br/>b) Que haya producido y se acredite una acción u omisión arbitraria o ilegal que afecte un derecho constitucional<br/>c) El acto u omisión arbitraria o ilegal puede provenir de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado<br/>d) Que la acción u omisión arbitraria o ilegal redunde, en relación de causa o efecto, en una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio del derecho constitucionalmente protegido<br/>e) Debe tratarse de un derecho constitucionalmente amparado con la acción de protección<br/>3.3.6. Interés procesal<br/>3.4. Tramitación de la acción<br/>3.4.1. La facultad de la corte para dictar órdenes de no innovar<br/>3.5. La sentencia, naturaleza, efectos y plazo<br/>3.5.1. Naturaleza, características y efectos de la sentencia<br/>3.5.2. El plazo para dictar sentencia<br/>3.5.3. La condenación en costas en el fallo del recurso de protección<br/>3.5.4. Recursos respecto del fallo de primera instancia<br/>4. Algunas consideraciones sobre los fallos de los tribunales superiores en materia de protección de derechos fundamentales<br/>5. Consideraciones críticas sobre la regulación y práctica jurisprudencial de la acción de protección<br/>La cuestión de inaplicabilidad. Los jueces entre legalidad y constitucionalidad, por Francisco Zuñiga Urbina<br/>Introducción<br/>I. Corte Suprema como Corte de Casación y Tribunal Constitucional<br/>II. Acción de inaplicabilidad y legitimación procesal<br/>1. La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad<br/>2. Legitimación procesal. Que la acción de inaplicabilidad sea ejercida por el juez que conoce del asunto o por alguna de las partes del juicio<br/>III. Jueces: entre legalidad y constitucionalidad<br/>1. ¿Inconstitucionalidad sobrevenida o derogación?<br/>2. ¿Inconstitucionalidad de forma, competencial o de fondo?<br/>IV. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de inaplicabilidad: legalidad -constitucionalidad<br/>1. STC rol nro.1065/2008, de 18 de diciembre de 2008<br/>2. STC rol nro.1340/2009, de 29 de septiembre de 2009<br/>V. Conclusiones<br/>El amparo en Paraguay, por Jorge Silvero Salgueiro<br/>I. Introducción<br/>II. Origen del amparo en Paraguay<br/>III. Estructura normativa del amparo<br/>1. Relación jurídica principal: amplitud y limitaciones en el amparo<br/>2. ¿Quién juzga el amparo? Fortalezas y debilidades de la competencia<br/>3. Declaración de inconstitucionalidad en el amparo<br/>4. Amparo electoral y amparo de pronto despacho (por mora de la administración)<br/>5. Medidas cautelares en el amparo<br/>IV. ¿Garantía constitucional sin derecho procesal constitucional?<br/><br/>Tercera parte: Procesos constitucionales no judiciales<br/>El proceso de juicio político y su control judicial, por Carlos J. Laplacette<br/>1. Alcances del trabajo<br/>2. Nociones generales<br/>2.1. ¿Qué es el juicio político?<br/>2.2. El juicio político como proceso constitucional<br/>2.3. Sujetos pasivos del juicio político<br/>2.4. Causales de remoción<br/>2.5. Regulación del trámite de juicio político<br/>3. Trámite ante la Cámara de Diputados<br/>3.1. Función de la Cámara de Diputados<br/>3.2. Denuncia<br/>3.3. Archivo de la denuncia<br/>3.4. Análisis previo<br/>3.5. Instrucción<br/>3.6. Intervención del denunciado<br/>3.7. Dictámenes de comisión<br/>3.8. Decisión del plenario<br/>4. Trámite ante el Senado<br/>4.1. Constitución del Tribunal<br/>4.2. Etapa de postulación<br/>a. La acusación<br/>b. La defensa<br/>4.3. Desistimiento de la acusación<br/>4.4. Excusación y recusación de los miembros del senado<br/>4.5. Suspensión de los acusados<br/>4.6. Etapa probatoria<br/>4.7. Resoluciones interlocutorias<br/>4.8. Sentencia definitiva<br/>4.9. Cuestionamientos a la sanción de inhabilitación<br/>5. Cuestiones complementarias<br/>5.1. Sobre la amplitud del derecho de defensa<br/>5.2. Juicio político y receso legislativo<br/>5.3. Renuncia del funcionario investigado o acusado<br/>6. Revisión judicial de juicio político<br/>6.1. El juicio político como cuestión política no justiciable<br/>6.2. Apertura limitada del control judicial<br/>6.3. El control de la causal de destitución<br/>El procedimiento ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la nación, por Walter F. Carnota<br/>1. Relevancia de la temática en estudio para el derecho procesal constitucional<br/>2. La incidencia de la reforma constitucional de 1994<br/>3. La integración del jurado<br/>4. La acusación<br/>4.1. Causales de remoción<br/>1. El desconocimiento inexcusable del derecho<br/>Quid de la problemática del contenido de las sentencias como causal de remoción<br/>2. El incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias<br/>3. La negligencia grave en el ejercicio del cargo<br/>4. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones<br/>5. Los graves desórdenes de conducta personales<br/>6. El abandono de sus funciones<br/>7. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias<br/>8. La incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo<br/>4.2. Trámite de la acusación<br/>5. Prueba<br/>5.1. Apertura a prueba<br/>5.2. Medios de prueba<br/>5.3. Audiencia de debate<br/>6. Informe final<br/>7. La decisión<br/>7.1. Efectos del fallo<br/>7.2. Plazo de caducidad<br/>7.3. Irrecurribilidad del fallo<br/>8. Valoración de conjunto<br/>Las comisiones investigadoras del Congreso de la Nación y el debido proceso, por Guillermo C. Schinelli<br/>1. Información y asesoramiento para el Congreso<br/>2. Comisiones investigadoras. Concepto<br/>3. Creación de las Comisiones Investigadoras - Su duración<br/>4. Origen de la atribución de investigación del Congreso. su objetivo<br/>5. Lo que no debería investigar el Congreso<br/>6. Precedentes históricos ingleses y norteamericanos<br/>7. Algunas discutibles medidas concretas que han adoptado las comisiones investigadoras<br/>7.a. Citar testigos<br/>7.b. Conseguir documentos. ¿Allanamientos?<br/>7.c. Pericias y otros asesoramientos<br/>8. La labor concreta de las comisiones investigadoras y el Poder Judicial<br/>9. ¿Es cuestión judiciable la extensión y el control de las actividades de las comisiones investigadoras?<br/>10. Precedentes parlamentarios, ejecutivos y judiciales producidos en nuestro país<br/>11. Conclusiones de las prácticas argentinas<br/>El procedimiento de formación y sanción de las leyes, por Diego L. Frossasco<br/>1. Introducción<br/>2. Iniciativa<br/>3. Publicidad del proyecto<br/>4. Dictamen del proyecto<br/>5. Discusión del proyecto<br/>6. Votación del proyecto<br/>7. Rechazo del proyecto en CO<br/>8. Comunicación del proyecto a la CR<br/>9. Sanción del proyecto en CR<br/>10. Rechazo del proyecto en CR<br/>11. Modificación del proyecto en la CR y reenvío a la CO en segunda revisión<br/>12. Segunda revisión del proyecto en CO<br/>13. Sanción<br/>14. Caducidad de los proyectos de ley<br/>15. Comunicación al Poder Ejecutivo<br/>16. Promulgación<br/>17. Veto presidencial<br/>18. Insistencia del proyecto<br/>19. Publicación<br/>El control judicial de la reforma constitucional, por ergio Díaz Ricci<br/>I. Parámetro jurídico para el control de conformidad constitucional<br/>A) Por vicios formales<br/>B) Por vicios materiales<br/>II. Organo de control<br/>III. Corrección<br/>IV. Panorama jurisprudencial: análisis. Evolución<br/>A) Por vicio de procedimiento<br/>a) En la Nación<br/>b) En las Provincias<br/>B) Por cuestiones materiales<br/>a) En la Nación<br/>b) En las provincias<br/>Conclusión<br/>El procedimiento parlamentario de control de los decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados y de promulgación parcial, por Osvaldo Pérez Sammartino<br/>I. Introducción<br/>II. Los decretos de necesidad y urgencia<br/>III. Los decretos delegados<br/>IV. Los decretos de promulgación parcial de leyes<br/>V. La ley especial<br/>1. La composición de la Comisión Bicameral<br/>2. Funcionamiento de la Comisión Bicameral<br/>3. Consideración de los decretos de necesidad y urgencia<br/>4. Consideración de los decretos delegados<br/>5. Consideración de los decretos de promulgación parcial de leyes<br/>6. Trámite parlamentario de los decretos<br/>VI. Conclusiones<br/><br/>Indice T.3<br/><br/>Cuarta parte: Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales<br/><br/>I. Los tribunales constitucionales en general, por Alfonso Celotto<br/>1. Introducción<br/>2. La representación en la Corte constitucional<br/>2.1. El perfil teórico<br/>2.2. La representación en la Corte constitucional italiana<br/>3. La corte constitucional en la representación<br/>3.1. Corte de los derechos y corte de los poderes<br/>3.2. La corte y los demás poderes del Estado<br/>3.2.1. Las relaciones con el Parlamento<br/>3.2.2. Las relaciones con los jueces<br/>4. Algunas conclusiones finales<br/>Los orígenes de los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica (1931-1979), por José F. Palomino Manchego<br/>I. Consideraciones iniciales<br/>II. El Tribunal de Garantías Constitucionales de España de 1931<br/>A) Breve introducción histórica<br/>B) Naturaleza y composición<br/>C) Ambito de competencia<br/>D) Epílogo<br/>III. Los intentos de instaurar una corte constitucional en Colombia<br/>A) Antecedentes constitucionales y legales<br/>B) La reforma constitucional de 1968: La Sala Constitucional<br/>C) La reforma constitucional de 1979: nuevamente la Sala Constitucional<br/>IV. El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba de 1940<br/>A) Antecedentes: el recurso de inconstitucionalidad<br/>B) El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de 1940 como sala especializada del Tribunal Supremo: composición<br/>C) Atribuciones<br/>V. El Tribunal Constitucional de Chile de 1971<br/>A) Algunos antecedentes<br/>B) Inicios de su actividad, naturaleza y composición<br/>C) Ambito de las atribuciones<br/>VI. El Tribunal de Garantías Constitucionales de Ecuador de 1945 y de 1967<br/>A) Breve ojeada de la historia constitucional<br/>B) El Tribunal de Garantías de 1967: composición y atribuciones<br/>VII. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala de 1965<br/>A) Antecedentes y naturaleza jurídica<br/>B) Estructura orgánica y funcionamiento<br/>C) Atribuciones: el recurso de inconstitucionalidad<br/>VIII. El Tribunal de Garantías Constitucionales de Perú de 1979<br/>A) Antecedentes, naturaleza jurídica y base legal<br/>B) Composición: los magistrados constitucionales<br/>C) Atribuciones<br/>D) La jurisdicción supranacional<br/>E) El personal auxiliar<br/>F) Consideraciones finales<br/>IX. A modo de conclusión<br/>El rol político de las Cortes Supremas y los Tribunales Constitucionales, por Mario D. Serrafero<br/>I. Introducción<br/>II. Montesquieu, la justicia y el juez<br/>III. La doctrina de división de poderes y el mecanismo de checks and balances<br/>IV. Régimen político y funciones del poder judicial<br/>V. La independencia del Poder Judicial<br/>VI. El control político constitucional: Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales<br/>VII. Sobre las cuestiones políticas no justiciables o Political Questions<br/>VIII. Judicial review y activismo de los jueces: una mirada comparada<br/>IX. El Poder Judicial en regímenes políticos en transición o democracias no consolidadas<br/>X. Political questions, politización de la justicia y judicialización de la política<br/>XI. Comentarios finales<br/>La Corte Suprema de los Estados Unidos y su débil influencia en Iberoamérica, por Manuel J. García Mansilla<br/>Introducción<br/>I. La influencia del constitucionalismo norteamericano durante el siglo XIX<br/>II. La influencia de la Corte Suprema estadounidense en los albores del siglo XXI<br/>i) Argentina<br/>ii) Brasil<br/>iii) Colombia<br/>iv) Chile<br/>III. Conclusión<br/>Las sentencias de los Tribunales Constitucionales, por Héctor Fix Zamudio y Eduardo Ferrer Mac Gregor<br/>I. Introducción<br/>II. Principios básicos de las resoluciones judiciales<br/>III. Las sentencias constitucionales en sentido estricto<br/>IV. La interpretación conforme<br/>V. Contenido<br/>VI. Efectos<br/>VII. Cumplimiento y ejecución<br/>VIII. La jurisprudencia constitucional<br/>IX. La jurisprudencia internacional y su trascendencia en el ámbito interno<br/>X. Conclusiones<br/>El papel de los Tribunales Constitucionales en la democracia, por José A. Rivera Santiváñez<br/>1. Introducción<br/>2. Justicia constitucional o ¿gobierno de los jueces?<br/>3. La ubicación de los Tribunales Constitucionales en el sistema constitucional del Estado<br/>4. El papel de los Tribunales Constitucionales en la democracia<br/>4.1. Preservación de los principios democráticos<br/>4.2. Fortalecimiento de la división horizontal y territorial del ejercicio del poder político<br/>4.3. La protección de los derechos humanos<br/>5. A manera de conclusión<br/><br/>II. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina<br/>La competencia federal, por Ricardo Haro<br/>1. La forma federal del Estado argentino<br/>2. Las normas constitucionales en la materia<br/>3. Objetivos institucionales de la justicia federal<br/>a) Tutela de los intereses federales<br/>b) La interpretación del orden jurídico federal y de su supremacía<br/>4. Criterios de clasificación de la competencia federal<br/>5. Cuadro sinóptico de la competencia federal<br/>6. Caracteres de la competencia federal<br/>a) La competencia federal es constitucional<br/>b) La competencia federal es de orden público constitucional<br/>c) La competencia federal es contenciosa<br/>d) La competencia federal es limitada y de excepción<br/>e) La competencia federal es privativa y excluyente<br/>f) La competencia federal es inalterable<br/>7. Competencia federal en razón de la materia<br/>1. Principios generales<br/>a) Naturaleza federal de la cuestión litigiosa<br/>b) Supremacía del derecho federal<br/>c) Improrrogabilidad de la competencia federal material<br/>d) Relación directa e inmediata de la causa con una norma federal<br/>e) Improcedencia de la CFM en la interpretación del derecho público provincial<br/>2. Casuística de la CFM<br/>a) Puntos regidos por la CN<br/>b) Causas regidas por los TT.DD.HH. con jerarquía constitucional<br/>c) Causas regidas por los tratados internacionales<br/>d) Puntos regidos por las leyes de la Nación<br/>e) Causas originadas en actos administrativos del gobierno nacional<br/>f) Causas contencioso administrativas<br/>g) Causas originadas en recursos contencioso administrativos<br/>h) Causas que versen sobre contribuciones nacionales<br/>i) Causas concernientes a los medios de transporte terrestres<br/>j) Cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima<br/>8. Competencia federal en razón de las personas<br/>1. Fundamento y casuística<br/>2. Tres presupuestos ineludibles<br/>a) Pertenencia originaria del derecho en disputa<br/>b) Pluralidad de litigantes<br/>c) Prórroga de la CF ratione personae<br/>3. Asuntos en que la Nación es parte<br/>4. Causas de distinta vecindad<br/>a) Fundamento del fuero de vecindad<br/>b) Requisitos para el causal de la vecindad<br/>3) La vecindad de las personas de existencia ideal o jurídica<br/>5. Causas concernientes a ciudadanos y Estados extranjeros<br/>9. Competencia federal en razón del lugar<br/>1. Aclaración previa y planteo de la cuestión<br/>2. El texto constitucional a partir de la reforma de 1994<br/>3. Principios generales en la jurisprudencia de la CS<br/>El funcionamiento interno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Héctor E. Sabelli<br/>La competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Luciana Ekmekdjián<br/>I. La cuestión en contexto: el Poder Judicial de la Nación y la competencia federal<br/>I.1. Consideraciones preliminares<br/>I.2. Caracteres de la competencia federal<br/>I.3. Contenido de la competencia federal<br/>II. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y su competencia originaria y exclusiva<br/>II.1. Consideraciones preliminares<br/>II.2. Caracteres de la competencia originaria<br/>II.3. Contenido de la competencia originaria<br/>III. Epílogo<br/>El recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por María X. Fernández Barone<br/>I. Introducción: Jurisdicción y competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación<br/>II. La competencia originaria y exclusiva<br/>III. La competencia por apelación<br/>III.1. La competencia por apelación extraordinaria. El recurso extraordinario federal<br/>III.2. La competencia por apelación ordinaria. El recurso de apelación ordinario<br/>Concepto y requisitos para su procedencia<br/>A) Casos regulados en el art.24 inc.6 ap.a) del decreto 1285/58<br/>B) Casos regulados en el art.24 inc.6 ap.b) del decreto 1285/58. El instituto de la extradición<br/>C) Casos regulados en el art.24 inc.6 ap.c) del decreto 1285/58. La jurisdicción marítima<br/>D) Casos regulados por el art.19 ley 24463 (Solidaridad previsional). El recurso de apelación ordinaria previsional<br/>IV. Requisitos de admisibilidad y procedimiento del recurso de apelación ordinaria ante la CS (arts. 254, 255, 280 y conc. CPCCN)<br/>a) Requisitos comunes<br/>b) Requisitos propios<br/>c) Procedimiento<br/>V. Recurso de queja por apelación ordinaria denegada (art.285 CPCCN)<br/>VI. Cuadro comparativo entre los recursos de apelación ordinaria y extraordinaria ante la CS<br/>El marco constitucional del recurso extraordinario federal, por Pablo L. Manili<br/>I. Introducción<br/>II. Normas constitucionales aplicables<br/>III. La administración de justicia provincial y federal<br/>IV. La sanción de los códigos y del derecho sustantivo<br/>V. La competencia federal<br/>a) Por la materia (rationae materiae)<br/>b) Por los sujetos (rationae personae)<br/>VI. Conclusiones<br/>El recurso extraordinario federal, por Silvia B. Palacio de Caeiro<br/>1. Naturaleza y regulación jurídica<br/>2. Objeto y finalidad<br/>3. Requisitos comunes del recurso extraordinario federal<br/>4. Intervención de un tribunal de justicia o administrativo con funciones jurisdiccionales<br/>5. Juicio o proceso<br/>6. Caso o cuestión justiciable<br/>7. Gravamen o lesión irreparable concreta y real<br/>8. Subsistencia o contemporaneidad de todos los requisitos exigibles<br/>9. Requisitos propios del recurso extraordinario federal<br/>10. La cuestión federal<br/>11. Introducción y mantenimiento de la cuestión federal<br/>12. La cuestión federal y la relación directa<br/>13. La cuestión federal y la resolución contraria<br/>14. La cuestión federal y la sentencia definitiva<br/>15. La cuestión federal y las resoluciones equiparadas a sentencia definitiva<br/>16. La cuestión federal y las resoluciones no equiparadas a sentencia definitiva<br/>17. La cuestión federal y el superior tribunal de la causa<br/>18. Las causales del derecho judicial en el recurso extraordinario federal<br/>19. La doctrina de la arbitrariedad<br/>20. Introducción y mantenimiento de la cuestión federal por arbitrariedad<br/>21. La gravedad institucional. El per saltum<br/>22. El requisito de la trascendencia. El writ of certiorari: Certiorari negativo y certioriari positivo<br/>23. Requisitos formales y procesales<br/>24. Interposición y fundamentación autónoma<br/>25. Trámite y resolución del superior tribunal de la causa<br/>26. Procedimiento y sentencia de la CS. Recepción y llamamiento de autos<br/>El recurso de queja por extraordinario denegado, por Silvia B. Palacio de Caeiro<br/>1. Concepto y objeto del recurso de queja<br/>2. El recurso de queja en la legislación<br/>3. El recurso de queja contra la denegatoria del recurso extraordinario<br/>4. El recurso de queja contra la concesión limitada del recurso extraordinario<br/>5. Efectos de la interposición de la queja sobre la sentencia recurrida<br/>6. Interposición y trámite del recurso de queja<br/>a) Presentación directa de la queja ante la Corte Suprema<br/>b) Invocación precisa del objeto de la queja y fundamentación autónoma<br/>c) Plazo para la interposición de la queja<br/>ch) Recusación y sustanciación<br/>d) Resolución de la queja por la Corte Suprema<br/>7. Depósito<br/>a) Obligados al pago<br/>b) Pago del depósito y cuestiones relativas a su monto<br/>c) Exenciones<br/>ch) Destino del depósito<br/>El recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia. Una evaluación en perspectiva comparativa, por Ricardo Ramírez Calvo<br/>I. Introducción<br/>II. El nacimiento de la doctrina y su evolución inicial<br/>III. Las causales más comunes de arbitrariedad de sentencia<br/>IV. Los precedentes más recientes de la jurisprudencia de la Corte Suprema<br/>a) Falta de fundamentación suficiente<br/>b) Defectos en la fundamentación normativa<br/>c) Defectos en la consideración de extremos conducentes<br/>d) Apartamiento de las constancias de la causa<br/>e) Valoración de circunstancias de hecho y prueba<br/>f) Excesos u omisiones en el pronunciamiento<br/>g) Exceso ritual manifiesto<br/>h) Contradicción<br/>V. La distinta evolución en los Estados Unidos de América<br/>VI. Conclusión<br/>El recurso extraordinario por gravedad institucional, por Eduardo P. Jiménez<br/>I. General<br/>II. Acerca del recurso extraordinario por gravedad institucional<br/>III. Acerca del nacimiento de la figura<br/>IV. El aporte de las figuras del per saltum y el writ of certiorari para la instalación definitiva de la gravedad institucional<br/>V. Modalidades particulares de actuación de la figura<br/>VI. A modo de conclusión<br/>La caducidad de instancia en el recurso extraordinario y en la queja, por Héctor E. Sabelli<br/>I. Introducción<br/>II. Primera parte: en el recurso extraordinario<br/>1. Primer tramo: entre la interposición del recurso y su concesión o denegación por el tribunal recurrido<br/>2. Segundo tramo: entre la concesión del recurso por el tribunal recurrido y la recepción del expediente por la Corte<br/>3. Tercer tramo: entre la recepción del expediente por la Corte y el dictado de la sentencia<br/>III. Segunda parte: en la queja por denegación del recurso extraordinario<br/>1. Durante el trámite de pedidos de documentación en general<br/>2. Durante el trámite de remisión del expediente principal a la Corte<br/>3. Durante el trámite del beneficio de litigar sin gastos para evitar el pago del depósito del art.286 CPCCN<br/>IV. Reposición. Conclusión<br/>El recurso extraordinario federal y los fallos plenarios, por Emilio A. Ibarlucía<br/>I. Introducción<br/>II. Acerca de la obligatoriedad del seguimiento de los fallos de la Corte<br/>III. La naturaleza de los fallos plenarios y el debate acerca de su constitucionalidad. Pronunciamientos de la Corte vinculados con el tema<br/>IV. La exclusión de las cuestiones constitucionales de la materia de los fallos plenarios<br/>V. ¿Cómo se compagina, entonces, el recurso extraordinario federal con la obligatoriedad de los fallos plenarios?<br/>El control de constitucionalidad y de convencionalidad en el arbitraje, por Jorge A. Rojas<br/>1. Introducción<br/>2. La voz jurisdicción<br/>3. Sobre el control de constitucionalidad<br/>4. A modo de conclusiones<br/><br/>Quinta parte: Procesos transnacionales<br/>La jurisdicción constitucional y control de convencionalidad de las leyes, por Ernesto Rey Cantor<br/>I. Introducción: ¿Se ha erosionado la soberanía del Estado y la supremacía de la Constitución?<br/>II. Control de convencionalidad<br/>1. Nueva competencia de la Corte Interamericana de derechos humanos<br/>2. Conceptos<br/>3. Clasificación<br/>A. Control de convencionalidad en sede internacional<br/>B. Control de convencionalidad en sede nacional<br/>4. Primera etapa de la jurisprudencia<br/>5. Segunda etapa de la jurisprudencia<br/>A. Caso La última tentación de Cristo contra Chile<br/>B. Caso Barrios Altos contra Perú<br/>C. Caso Caesar contra Trinidad y Tobago<br/>D. caso Almonacid Arellano contra Chile<br/>El debido proceso en el sistema interamericano de derechos humanos, por Alfredo M. Vítolo<br/>El procedimiento ante la comisión interamericana de derechos humanos, por Adelina Loianno<br/>1. Introducción<br/>2. Perfil institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos<br/>3. El sistema de peticiones individuales según se trate de Estados partes de la convención o miembros de la OEA<br/>4. El procedimiento para las denuncias individuales. Cuestiones de competencia<br/>4.1. Competencia ratione personae<br/>4.2. Competencia ratione materiae<br/>4.3. Competencia ratione temporis<br/>4.4. Competencia ratione loci<br/>5. Requisitos para la consideración de peticiones<br/>5.1. Agotamiento de la jurisdicción interna<br/>5.2. Excepciones al requisito de agotamiento de la jurisdicción interna<br/>5.3. Oportunidad para presentar la denuncia<br/>6. Trámite de las peticiones<br/>6.1. Etapa informativa<br/>6.2. Etapa oral. Audiencias ante la Comisión<br/>7. Solución amistosa<br/>8. Naturaleza de los informes<br/>9. Sometimiento del caso a la Corte<br/>10. Efectos jurídicos de los informes<br/>11. Mecanismos de seguimiento<br/>12. Mecanismos cautelares para casos urgentes<br/>13. Conclusiones<br/>Las peticiones individuales ante la comisión interamericana de derechos humanos o el amparo interamericano en contexto, por Ariel Dulitzky<br/>I. Introducción<br/>II. Breves aproximaciones críticas a la situación actual del amparo interamericano<br/>a) Un sistema desigual de protección<br/>b) Un sistema desfinanciado<br/>c) Incremento de denuncias recibidas y disminución de la capacidad de resolución de casos<br/>d) Un sistema lento<br/>e) Un sistema que duplica procedimientos<br/>f) Un sistema con bajo índice de cumplimiento total de sus decisiones<br/>g) Aumento del número de casos remitidos a la Corte<br/>III. La situación regional de derechos humanos como punto de partida para definir el papel del amparo interamericano<br/>IV. Un pequeño interludio sobre la legalización del sistema y en particular la judicialización del amparo interamericano<br/>V. La necesidad de centralizar los derechos humanos dentro de la OEA<br/>VI. La vinculación entre la protección de la democracia y la defensa de los derechos humanos<br/>VII. La reforma del procesamiento del amparo interamericano: nuevos roles para la Comisión y para la Corte<br/>a) La propuesta de reforma<br/>b) Algunos de los beneficios de la propuesta<br/>VIII. La necesidad de cambiar el perfil de trabajo de la comisión y algunas referencias a la Corte<br/>IX. Conclusión<br/>De las violaciones masivas a los patrones estructurales. Nuevos enfoques y clásicas tensiones en el sistema interamericano de derechos humanos, por Víctor Abramovich<br/>1. Introducción<br/>2. Cambio de roles en nuevos escenarios políticos<br/>3. El SIDH como escenario del activismo transnacional y de la acción política de los gobiernos<br/>4. Una agenda ampliada. Exclusión y degradación institucional<br/>5. Los derechos en un escenario de desigualdad estructural<br/>6. La efectividad de las decisiones. La articulación con los sistemas de justicia locales<br/>7. Conclusión<br/>Los mecanismos para la fijación de reparaciones pecuniarias en el proceso de solución amistosa del sistema interamericano de derechos humanos, por Marcelo A. López Alfonsín<br/>1. La solución amistosa. Concepto y naturaleza jurídica<br/>2. Procedencia y oportunidad<br/>3. Idoneidad del acuerdo alcanzado. Supervisión de cumplimiento<br/>4. Distintos medios utilizados para el arribo a un arreglo amistoso entre las partes. Los tribunales ad-hoc para la determinación de reparaciones pecuniarias<br/>5. El caso Schiavini<br/>Síntesis del laudo de 4 de diciembre de 2006<br/>Tribunal arbitral ad hoc para la determinación de reparaciones pecuniarias en el Caso Schiavini vs. Argentina y su resolución de interpretación de 26 de enero de 2007<br/>Competencia<br/>Obligación de reparar y principios a considerar<br/>Daño material<br/>a) Lucro cesante<br/>b) Pérdida de la chance<br/>c) Daño emergente<br/>d) Daño patrimonial familiar<br/>Daño inmaterial<br/>Costas y gastos<br/>Modalidad de cumplimiento<br/>Puntos resolutivos<br/>Resolución del 26 de enero de 2007 sobre interpretación del laudo<br/>Admisibilidad del recurso<br/>6. A modo de conclusión<br/>El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por Adelina Loianno<br/>1. El marco procesal. El reglamento y el estatuto de la Corte<br/>2. Sometimiento del caso a la Corte<br/>2.1. Elevación por el Estado<br/>2.2. Sometimiento del caso por la Comisión<br/>3. Determinación de la competencia<br/>3.1. Competencia ratione personae. La participación de la presunta víctima<br/>3.2. Competencia ratione materiae<br/>3.3. Competencia ratione temporis<br/>3.4. La participación de los jueces ad hoc y de la nacionalidad del Estado demandado<br/>4. Excepciones preliminares<br/>5. Reglas generales del proceso ante la Corte<br/>5.1. Idioma<br/>5.2. Representación procesal<br/>5.3. Cómputo de los plazos<br/>5.4. Formalidades de los escritos y ordenamiento de expedientes<br/>6. Procedimiento durante la etapa escrita inicial<br/>6.1. Amicus curiae<br/>7. Las audiencias durante la etapa oral<br/>8. La prueba<br/>9. Testigos y peritos<br/>10. Procedimiento final escrito<br/>11. Terminación anticipada del proceso<br/>12. Medidas provisionales<br/>13. La sentencia<br/>14. Los recursos<br/>15. Conclusiones<br/>Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones, por Fabián Salvioli<br/>I. Introducción<br/>II. La naturaleza y el alcance de la reparación en el sistema interamericano de derechos humanos<br/>III. Los pedidos de reparaciones por parte de la representación de las víctimas, y las respuestas dadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana<br/>IV. Las medidas de reparación pecuniaria: daño emergente, lucro cesante y daño moral<br/>V. Las medidas de reparación no pecuniarias<br/>A. Medidas de restitución<br/>B. Medidas de rehabilitación<br/>C. Medidas de satisfacción<br/>D. Las medidas de garantía de no repetición<br/>E. Medidas que apuntan a la no repetición y a la satisfacción<br/>F. Un avance substancial en los criterios reparatorios: tener debidamente en cuenta la perspectiva de género<br/>VI. Consideraciones finales<br/>La Corte Suprema de Justicia de la Nación y las decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, por Pablo L. Manili<br/>I. ¿La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sigue siendo suprema?<br/>II. Alcance de la competencia de los órganos internacionales<br/>III. La reforma constitucional argentina de 1994 y la competencia de la CS<br/>IV. El valor de las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos según la jurisprudencia de la CS<br/>V. Las diferencias existentes entre las decisiones de los distintos órganos internacionales de derechos humanos<br/>VI. ¿Las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos integran el Bloque de Constitucionalidad?<br/>VII. Conclusiones
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Tema DERECHO CONSTITUCIONAL
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