| Nota de contenido/Índice |
Indice T.1<br/><br/>Prólogo de Jorge A. Sáenz<br/>En ocasión de la 10ª ed., 2009<br/>Prólogo a la octava edición<br/>Prólogo a la séptima edición (2003)<br/>Prólogo a la sexta edición (2001)<br/>Prólogo a la quinta edición (1998) y reimpresión (2000)<br/>Agradecimientos en ocasión de la cuarta edición (1997)<br/>Prólogo a la tercera edición (1995)<br/>Prólogo a la primera edición (1974)<br/><br/>Capítulo I: El método en derecho<br/>I. Las cuestiones fundamentales<br/>1. La necesidad de una metodología<br/>2. Qué es el derecho<br/>2.1. Ciencia de problemas<br/>2.2. Principios, no conceptos<br/>2.3. Debido proceso legal y derecho soviético. Derecho natural<br/>2.4. Los conceptos y los hechos<br/>2.5. Common law y derecho continental europeo<br/>2.6. El derecho en los tribunales internacionales<br/>3. Aceptación de la incertidumbre<br/>4. La lucha contra el poder<br/>4.1. Al servicio del poder<br/>4.2. La búsqueda del poder incondicionado<br/>4.3. Un derecho legitimador del poder absoluto<br/>5. Lenguaje, método y derecho administrativo<br/>5.1. El lenguaje del poder incondicionado<br/>5.2. Las leyes que no son leyes<br/>5.3. El uso común del lenguaje<br/>5.3.1. La textura abierta del lenguaje<br/>5.3.2. El uso común y la libertad de estipulación<br/>5.4. La libertad de estipulación y las palabras del derecho administrativo<br/>5.5. La definición de las palabras del derecho administrativo como problema metodológico<br/>5.5.1. Elementos a considerar para estipular las definiciones<br/>5.5.2. Definición y clasificación<br/>II. El caso en derecho administrativo<br/>6. La importancia del caso en el derecho<br/>6.1. La importancia de los hechos en el caso<br/>6.2. La dificultad de determinar los hechos<br/>6.3. Analizar la prueba que ya existe<br/>6.4. La prueba adicional a producir<br/>6.4.1. Los abogados<br/>6.4.2. Los funcionarios o magistrados<br/>6.4.3. Observaciones comunes<br/>6.5. La apreciación de la prueba<br/>6.6. El devenir del tiempo en el caso<br/>6.7. Algunos aspectos específicos<br/>6.7.1. El objeto del acto administrativo<br/>6.7.2. La causa o sustento fáctico del acto. La motivación<br/>6.7.3. La presunción de legitimidad del acto administrativo y la prueba<br/>6.8. La razonabilidad de todos los elementos en juego<br/>6.9. Encontrar las normas aplicables al caso<br/>6.10. Las vías alternativas de comportamiento<br/>7. Inexistencia de reglas generales para solucionar casos<br/><br/>Capítulo II: Pasado, presente y futuro del derecho administrativo<br/>1. El derecho administrativo en el Estado de policía<br/>2. Su primera evolución en el nacimiento del constitucionalismo: lentitud e imperfección de los cambios<br/>2.1. La evolución inconclusa<br/>2.2. Los principios del pasado<br/>2.2.1. La indemandabilidad del soberano<br/>2.2.2. La irresponsabilidad del soberano<br/>2.2.3. Los actos del príncipe<br/>2.2.4. La doble personalidad del Estado<br/>2.2.5. La jurisdicción administrativa<br/>2.2.6. Poder de policía<br/>2.2.7. Otras hipótesis en las etapas históricas<br/>3. El intervencionismo en la economía y su retracción<br/>3.1. Acción y regulación<br/>3.2. Crecimiento, redistribución, preservación<br/>3.3. Crisis, desregulación, privatización, desmonopolización<br/>3.4. Retorno y caos<br/>4. El derecho administrativo en el presente y en el futuro<br/>4.1. El estado político actual de la evolución histórica<br/>4.2. Nuevo impulso del derecho administrativo<br/>4.2.1. El creciente derecho supranacional<br/>4.2.2. El cambio social y la administración pública<br/>4.2.2.1. El consenso y la adhesión<br/>4.2.2.2. La motivación o explicación<br/>4.2.2.3. La participación administrativa<br/>5. Los órganos de control del proceso<br/>5.1. La insuficiencia cualicuantitativa de los controles<br/>5.2. Nuevos órganos y modalidades de control<br/>5.3. El seudo sistema y los intersticios<br/><br/>Capítulo III: Bases políticas, supraconstitucionales y sociales del derecho administrativo<br/>I. Bases políticas<br/>1. Libertad y autoridad en el derecho administrativo<br/>2. Teorías estatistas del derecho administrativo<br/>3. Orientación a seguir<br/>4. La división de los poderes y el derecho administrativo<br/>4.1. Equilibrio teórico de los poderes<br/>4.2. Desequilibrio real<br/>4.3. Criterio rector a adoptarse<br/>5. Del sistema de frenos y contrapesos a la fractura del poder como control<br/>5.1. La transferencia y fractura del poder como control<br/>5.2. Viejos órganos, nuevos procedimientos<br/>5.3. Control del poder económico<br/>6. Las transferencias del poder y control<br/>6.1. Estatales<br/>6.1.1. Autoridades independientes<br/>6.1.2. Provincias<br/>6.1.3. Ciudad de Buenos Aires<br/>6.1.4. Municipios y regiones<br/>6.1.5. Islas Malvinas<br/>6.2. No estatales<br/>6.2.1. Partidos políticos<br/>6.2.2. Asociaciones de usuarios y entidades no gubernamentales en general<br/>6.2.3. Acciones de interés público<br/>6.2.4. Indígenas<br/>7. Otras transferencias de poder. El Poder Ejecutivo<br/>8. El Poder Legislativo<br/>8.1. La Comisión Bicameral Permanente<br/>8.2. Las audiencias públicas del Senado<br/>8.3. Iniciativa y consulta popular<br/>9. El Poder Judicial<br/>9.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos<br/>9.2. El Poder Judicial de la Nación<br/>II. Bases supraconstitucionales<br/>10. Comunidad internacional, pueblo y Estado<br/>11. La transición del Estado de la legalidad al Estado de la constitucionalidad y al sometimiento a las reglas universales mínimas de deechos y garantías individuales<br/>12. Los derechos individuales frente al Estado<br/>13. Preexistencia de los derechos individuales respecto al Estado<br/>14. Instituciones sustantivas de contralor<br/>15. El derecho a un medio ambiente sano<br/>16. Instituciones adjetivas de contralor<br/>16.1. El amparo común y el amparo colectivo para la tutela del ambiente y los derechos de incidencia colectiva<br/>16.2. Hábeas data<br/>16.3. Hábeas corpus<br/>16.4. Rectificación y respuesta<br/>16.5. Iniciativa popular<br/>16.6. La ley de defensa del usuario y consumidor<br/>16.7. Observaciones comunes. La poca cantidad de jueces<br/>III. Bases sociales del derecho administrativo. Estado de derecho y Estado de bienestar<br/>17. Los derechos individuales en el Estado de derecho<br/>18. La vieja superación del liberalismo clásico<br/>19. Las respuestas autoritarias: la negación de los derechos individuales<br/>20. Crisis del autoritarismo<br/>21. Una nueva solución: el Estado de bienestar<br/>22. Estado de derecho y Estado de bienestar<br/>23. Garantías individuales y garantías sociales<br/>23.1. Acerca de la posible contradicción entre ambas<br/>23.2. Complementariedad<br/>24. La libertad en el Estado de bienestar<br/>25. Crisis y cambio<br/><br/>Capítulo IV: Condicionantes económicos y financieros del derecho administrativo. Crisis y cambio<br/>I. Los hechos, a comienzos del siglo XXI<br/>1. El cambio y su devenir<br/>1.1. Limitaciones del análisis<br/>1.2. El status quo<br/>1.3. Génesis y desarrollo de la crisis<br/>2. La crisis y el cambio de fin de siglo y comienzos del nuevo milenio<br/>II. La prospectiva<br/>3. El futuro ahora previsible<br/>3.1. La solución o no solución estatal de conflictos sociales<br/>3.2. La regulación internacional es creciente<br/>3.3. La distribución y fractura mundial del poder estatal<br/>3.4. Autoridades regulatorias independientes<br/>3.5. La participación<br/>3.6. Seguridad exterior e interior<br/>3.7. La administración y la sociedad futuras<br/><br/>Capítulo V: El derecho administrativo<br/>1. Su objeto es el estudio del ejercicio de la función administrativa<br/>2. La protección judicial contra el ejercicio de la función administrativa<br/>3. El contenido de la protección judicial<br/>4. Es un derecho en formación. Conjeturas y refutaciones<br/>4.1. El carácter primario, en formación, etc., del ordenamiento jurídico administrativo<br/>4.2. Las conjeturas y refutaciones en la ciencia del derecho administrativo<br/>5. No es solamente derecho interno. El derecho administrativo internacional y el derecho administrativo global o mundial<br/>5.1. El régimen administrativo internacional<br/>5.2. El régimen supranacional de garantías individuales<br/>5.3. El régimen supranacional contra la corrupción<br/>5.4. Primeras conclusiones<br/>6. Otros criterios excluidos<br/>6.1. No se refiere exclusivamente a la administración pública<br/>6.2. No sólo estudia las relaciones de la administración pública<br/>6.3. No se refiere principalmente a los servicios públicos<br/>7. El derecho administrativo como ciencia o como conjunto de normas jurídicas<br/>7.1. Derecho público y privado<br/>7.2. Los conceptos de fuente<br/>7.3. El derecho administrativo como fuente y objeto de conocimiento<br/>8. Definición de derecho administrativo<br/><br/>Capítulo VI: Fuentes supranacionales del derecho administrativo<br/>I. Introducción<br/>1. El rango normativo<br/>1.1. Los antecedentes<br/>1.2. Resumen de la evolución a fines del siglo XX y comienzos del XXI<br/>1.3. Continuación. Los tratados o convenciones sobre integración económica<br/>1.4. La realidad económica y jurídica supranacional a fines del siglo XX y comienzos del XXI<br/>1.4.1. El conflicto entre derecho interno y supranacional. Los crímenes de lesa humanidad<br/>1.4.2. Un caso paradigmático<br/>1.4.2.1. Male captus, bene detentus<br/>1.4.2.2. Otros casos<br/>1.4.3. La interdependencia<br/>1.5. La interpretación de los pactos de derechos humanos<br/>1.6. Las soluciones amistosas o transacciones internacionales<br/>1.7. El arbitraje administrativo internacional<br/>2. Distintos tipos<br/>2.1. Tratados<br/>2.1.1. Con jurisdicción supranacional, internacional o extranjera<br/>2.1.2. Sin otra jurisdicción -para los individuos- que la interna<br/>2.2. El caso de la Convención Americana de Derechos Humanos<br/>2.3. Convención Interamericana contra la Corrupción<br/>2.4. La Convención Internacional contra el Soborno Transnacional (ley 25319)<br/>2.5. Otras fuentes<br/>3. Caracteres generales<br/>3.1. Derecho interno<br/>3.2. Derogación ipso jure<br/>3.3. Aplicación legislativa y jurisdiccional<br/>3.4. Caracter supranacional<br/>II. Los principios supranacionales<br/>4. Normas y principios supranacionales<br/>4.1. La cuestión de las sanciones por incumplimiento. La invalidación nacional<br/>4.2. La invalidación y condena pecuniaria supranacional<br/>4.3. Hacia la supremacía de la Convención y normas análogas y comunitarias<br/>4.4. La imperatividad de las normas y principios supranacionales<br/>4.5. La aplicación directa de las normas y principios supranacionales<br/>5. Los principios jurídicos supranacionales en general<br/>6. Los principios jurídicos constitucionales y supraconstitucionales<br/>7. La defensa en juicio como principio jurídico y sus aplicaciones<br/>8. El principio de razonabilidad. Introducción<br/>9. El debido proceso como control de las demás fuentes del derecho<br/>10. El principio del debido proceso como garantía adjetiva<br/>10.1. En materia de actos administrativos<br/>10.2. En materia de normas generales<br/>11. El debido proceso como garantía sustantiva<br/>12. Campo de aplicación<br/>13. El análisis de los hechos<br/>14. La búsqueda de la solución más razonable<br/>15. La racionalidad irracional de la burocracia<br/>16. Algunas conclusiones sobre el principio de razonabilidad como fuente del derecho administrativo<br/><br/>Capítulo VII: Fuentes nacionales del derecho administrativo<br/>I. La constitución<br/>1. La evolución de una perspectiva secular<br/>2. El orden jurídico supraconstitucional<br/>3. Los valores y principios supremos<br/>II. La ley<br/>4. Ley y función legislativa<br/>5. Clasificación de las leyes<br/>5.1. Leyes locales<br/>5.2. Leyes nacionales<br/>5.3. Los decretos leyes o así llamadas leyes de los gobiernos de facto<br/>6. Las leyes de derecho administrativo<br/>7. Ambito de la ley frente a la administración<br/>7.1. La regulación legislativa de la actividad administrativa<br/>7.2. La regulación legislativa de los actos de gobierno<br/>7.3. Conclusión acerca de la sumisión de la administración a la ley<br/>8. La administración frente a la ley inconstitucional<br/>III. Los reglamentos<br/>9. Concepto y clasificación de los reglamentos<br/>9.1. Introducción<br/>9.2. Concepto<br/>9.3. Clasificación y admisibilidad<br/>10. Los reglamentos y sus problemas<br/>10.1. Problemas y contradicciones<br/>10.2. La inderogabilidad singular de los reglamentos y la irracionalidad de éstos<br/>10.3. La exacerbación reglamentaria<br/>10.4. Otras limitaciones jurídicas a la seudo facultad reglamentaria<br/>10.5. Algunas limitaciones comunes<br/>11. La inderogabilidad singular y sus alcances<br/>11.1. El principio y sus aplicaciones<br/>11.2. Aplicación en materia de concesiones y licencias<br/>11.3. La inderogabilidad singular no se aplica a las normas antijurídicas<br/>11.4. Su aplicación en distintas clases de reglamentos<br/>12. Reglamentos de necesidad y urgencia<br/>12.1. La causa habilitante<br/>12.2. El órgano habilitado<br/>12.3. La materia legislativa habilitada<br/>12.4. El procedimiento administrativo de habilitación<br/>12.5. El procedimiento legislativo de habilitación<br/>12.6. Inargüibilidad del acuerdo implícito del Congreso<br/>12.7. Nulidad insanable, insusceptible de ratificación legislativa<br/>12.8. Necesidad y efectos de la ley ratificatoria. Plazo<br/>12.9. Inexistencia de potestad de veto<br/>12.10. Otros tests de constitucionalidad<br/>12.11. Supuestos de insusceptibilidad de ratificación legislativa<br/>12.12. La inconstitucionalidad tanto del reglamento como de la ley: video, teatro, números vivos<br/>12.13. Habilitación de la vía judicial directa<br/>13. Reglamentos delegados o de integración<br/>13.1. El principio tradicional<br/>13.2. La constitución de 1994<br/>13.3. A quiénes se puede delegar<br/>14. Reglamentos autónomos<br/>15. Reglamentos de ejecución<br/>15.1. La reglamentación no es requisito previo para cumplir la ley<br/>15.2. Se refiere a la propia administración, no a los particulares<br/>15.3. No debe invadir otras materias reglamentarias<br/>15.4. No debe alterar el espíritu de las normas legales<br/>15.5. Es facultad principalmente del Poder Ejecutivo, no de órganos dependientes<br/>15.6. No se aplica a los tratados<br/>16. Los reglamentos del Poder Judicial y Legislativo<br/>17. El reglamento como fuente del derecho administrativo<br/>IV. Fuentes materiales del derecho administrativo<br/>18. Jurisprudencia. Concepto y alcances<br/>18.1. Imperatividad<br/>18.2. Arbitrariedad<br/>18.3. Los principios jurídicos<br/>18.4. La seudo doctrina de algunos fallos<br/>19. La costumbre. concepto y admisibilidad en general<br/>19.1. No es fuente habilitante de deberes de los particulares<br/>19.2. Es fuente de derechos<br/>20. La doctrina<br/>20.1. La doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación<br/>20.2. Doctrina de la Defensoría del Pueblo de la Nación<br/>20.3. La doctrina y el derecho comparados. Sus problemas<br/><br/>Capítulo VIII: Relaciones del derecho administrativo<br/>1. Introducción<br/>2. Relaciones con el derecho privado<br/>3. Evolución y estado actual de la aplicación del derecho civil a la administración pública<br/>4. La transformación del derecho administrativo<br/>5. Relaciones con el derecho constitucional y supraconstitucional<br/>6. Relaciones con el medi ambiente y el derecho de los recursos naturales<br/>6.1. Tierras<br/>6.2. Aguas<br/>6.3. Aire<br/>6.4. Urbanismo<br/>6.5. Minas<br/>7. Otras relaciones<br/>7.1. Relaciones con el derecho penal<br/>7.2. Relaciones con el derecho internacional<br/>8. Las ciencias jurídicas frente a las no jurídicas<br/>8.1. La solución técnica y la solución jurídica<br/>8.2. Derecho administrativo y economía<br/>8.3. Derecho administrativo y ciencia de la administración<br/>9. Perspectivas futuras de combinación del derecho administrativo con otras ciencias: la estadística<br/>10. La psicología y sociología<br/>11. La matemática<br/>12. Derecho y lógica simbólica<br/>13. Graficación de problemas jurídicos<br/>14. Indicadores e índices jurídicos<br/>15. Procesamiento estadístico<br/>16. Cuantificación<br/>17. Procesamiento cartográfico<br/>18. Almacenamiento de datos jurídicos<br/>19. Otras perspectivas<br/>20. Enfatizando cuestiones de método<br/>20.1. El método tradicional y una variante más útil, para la primera etapa<br/>20.2. La etapa de la investigación tradicional<br/>20.3. Qué debe estar antes de empezar<br/>20.4. Retomando la segunda etapa<br/>20.5. Siguientes pasos de la segunda etapa<br/>20.6. Tercera etapa. El primer pulimento<br/>20.7. Cuidados en el pulimento: no citar libros viejos cuando hay ediciones recientes que tienen modificaciones<br/>20.8. Acerca del fin de la invstigación<br/>20.9. Las etapas que siguen<br/>20.10. Las lecturas complementarias<br/><br/>Capítulo IX: Las funciones del poder<br/>1. La división de los poderes y la libertad<br/>2. Soluciones y dificultades existentes<br/>3. Distintos criterios para conceptuar la función administrativa. Crítica<br/>4. La contraposición del criterio orgánico (o subjetivo, o formal) y el material (u objetivo o sustancial)<br/>5. Insuficiencia de los criterios subjetivo y objetivo. Criterio mixto<br/>6. Concepto orgánico material de función legislativa<br/>7. Concepto orgánico material de función jurisdiccional<br/>8. El problema de la jurisdicción administrativa<br/>9. Discrepancias terminológicas y de fondo<br/>10. El problema en la jurisprudencia. Introducción<br/>11. El recurso extraordinario no es revisión judicial suficiente y adecuada<br/>12. Actividad jurisdiccional de la administración y revisión judicial. Alcances del problema<br/>13. Recurso o acción judicial y facultades jurisdiccionales de la administración<br/>14. Alcance jurídico político del problema<br/>15. Evolución en el derecho argentino del reconocimiento de facultades jurisdiccionales a la administración<br/>16. El recurso extraordinario y las facultades jurisdiccionales de la administración<br/>16.1. Recursos rechazados<br/>16.2. Recursos admitidos<br/>16.3. Conclusiones sobre la jurisprudencia<br/>16.4. Una aclaración procesal<br/>17. El art. 109 de la constitución nacional y la función jurisdiccional<br/>18. La supuesta distinción entre jurisdicción judicial y administrativa<br/>19. Conclusión sobre la función jurisdiccional de la administración<br/>20. Recapitulación. Las funciones administrativas de los tres poderes<br/>21. Resumen de las funciones del Estado<br/>22. Otros problemas<br/>22.1. La jurisdicción voluntaria y las leyes concretas<br/>22.2. Funciones de autoridades administrativas independientes<br/>22.3. Funciones administrativas de órganos no estatales<br/>22.4. Las funciones materiales del Estado<br/><br/>Capítulo X: Clasificación jurídica de la función administrativa<br/>I. Acto, hecho, reglamento, contrato<br/>1. Conceptos clasificadores<br/>2. Función administrativa<br/>3. Actividad jurídica y no jurídica<br/>4. Actos y hechos de la administración<br/>4.1. La distinción entre acto y hecho, jurídico y no jurídico<br/>4.2. Actos no jurídicos<br/>4.3. Actos jurídicos<br/>4.4. Hechos no jurídicos<br/>4.5. Hechos jurídicos<br/>5. Primera definición<br/>6. Actos y contratos administrativos<br/>7. Segunda definición<br/>8. Actos unilaterales generales e individuales<br/>9. Tercera definición<br/>II. Facultades regladas y discrecionales de la administración<br/>10. Introducción<br/>11. Criterio de distinción<br/>12. Aspectos que comprende la regulación<br/>12.1. Regulación directa<br/>12.2. Regulación indirecta o inversa<br/>12.3. Regulación residual<br/>12.4. Regulación técnica (antes llamada discrecionalidad técnica)<br/>12.5. Discrecionalidad cero<br/>12.6. Conclusiones<br/>13. La revisión judicial del acto en el caso de las facultades regladas y en el de las facultades discrecionales<br/>14. continuación. Todo acto es en parte reglado y en parte discrecional<br/>15. Los límites a la actividad discrecional<br/>15.1. Razonabilidad<br/>15.2. Proporcionalidad<br/>15.3. No desviación de poder<br/>15.4. Buena fe<br/>15.5. Alterum non loedere<br/>16. Comparación entre legitimidad y oportunidad y actividad reglada y discrecional. La razonabilidad como control de ambas<br/>17. La revisión judicial y administrativa dela legitimidad y la oportunidad<br/>18. Jurisprudencia de la Corte Suprema<br/>19. Derecho subjetivo, interés legítimo, interés difuso e interés simple<br/><br/>Capítulo XI: Clasificación de los contratos administrativos<br/>I. Introducción<br/>1. Algunas premisas<br/>1.1. Objeto del análisis<br/>1.2. El sujeto de la contratación<br/>1.3. La licitación pública y los pliegos<br/>2. La evolución del objeto contractual y su régimen jurídico<br/>2.1. Epoca primigenia<br/>2.2. Epoca intermedia, de las nacionalizaciones<br/>2.3. La reforma del Estado<br/>2.4. La reforma constitucional<br/>2.4.1. El art. 42<br/>2.4.2. Continuación. El art. 76<br/>2.4.3. El rol de los entes reguladores<br/>3. Un punto de inflexión en el desarrollo del contrato administrativo no monopólico o exclusivo<br/>3.1. La nacionalización de los servicios públicos concedidos<br/>3.2. El crecimiento del sector público y su contratación<br/>4. La evolución de la doctrina de los contratos de la administración<br/>4.1. La negación de la categoría de los contratos administrativos<br/>4.2. La negación del contrato civil de la administración<br/>4.3. La distinción clásica entre contratos civiles y administrativos<br/>4.4. Continuación. Los tres supuestos clásicos de contrato administrativo<br/>4.4.1. Determinación de la ley<br/>4.4.2. Voluntad de las partes<br/>4.4.3. El interés público de los usuarios afectados<br/>5. La gradación de los diversos contratos de la administración<br/>5.1. No hay sólodos categorías de contratos de la administración<br/>5.2. La clasificación en tres categorías. En general<br/>5.3. Los contratos próximos al derecho común, interno o externo<br/>5.4. El contrato de derecho interno con relativa subordinación económica del contratista al Estado<br/>5.5. El contrato de derecho interno con subordinación del usuario al contratista y supremacía económica de éste<br/>II. Los tres grandes tipos de contrato administrativo, en particular<br/>6. La concesión o licencia de servicios públicos<br/>6.1. Necesidad de autorización legislativa<br/>6.2. Interpretación restrictiva de sus potestades y amplia de los derechos de los usuarios<br/>6.3. Control del monopolio y del abuso de posición dominante<br/>6.4. Reducción de ganancias excesivas<br/>6.5. Lesión<br/>6.6. Ausencia de libertad contractual<br/>6.7. Desigualdad jurídica de las partes<br/>6.8. Privilegio de la decisión unilateral ejecutoria<br/>6.9. Facultad sancionatoria<br/>6.10. Mutabilidad del contrato<br/>6.11. Efectos jurídicos frente a terceros<br/>6.12. Responsabilidad civil frente al usuario<br/>6.13. La audiencia pública como garantía constitucional del usuario<br/>6.14. Inaplicabilidad de la exceptio non adimpleti contractus<br/>6.15. Necesidad constitucional de un ente de contralor independiente<br/>6.16. In maxima potentia, minima licentia<br/>7. El contrato administrativo no monopólico o exclusivo<br/>8. El contrato privado de la administración<br/>8.1. En el derecho interno<br/>8.2. En el derecho externo<br/>8.3. El contrato de crédito externo en un marco de endeudamiento estructural<br/>9. Conclusión<br/><br/>Capítulo XII: Los órganos del Estado<br/>1. Concepto de órgano<br/>2. El órgano y el ente al que pertenece<br/>3. El órgano y el funcionario<br/>4. La actuación del órgano<br/>5.El criterio jurisprudencial<br/>6. La competencia<br/>7. Distinción entre competencia y ejercicio de la función<br/>7.1. La competencia y los postulados de la permisión<br/>7.2. Crítica de la asimilación de capacidad y competencia<br/>7.3. Indebida extensión de la competencia al principio de libertad<br/>7.4. Relaciones con otros principios de derecho público<br/>8. Clasificación de la competencia<br/>8.1. Competencia en razón de la materia<br/>8.2. Competencia en razón del territorio<br/>8.3. Competencia en razón del tiempo<br/>8.4. Competencia en razón del grado<br/>9. Delegación<br/>10. Admisibilidad y caracteres de la delegación<br/>10.1. Revocación de la delegación de competencia<br/>10.2. Relaciones del delegante y el delegado<br/>10.3. Responsabilidad del delegante y del delegado<br/>10.4. Contralor por el delegante<br/>10.5. La subdelegación<br/>11. La avocación<br/>11.1. Comparación general con la delegación<br/>11.2. Procedencia de la avocación<br/>11.3. Conclusiones comparativas<br/>12. La jerarquía<br/>13. Principales órganos de la administración central<br/>13.1. El Presidente de la Nación<br/>13.2. El Jefe de Gabinete<br/>13.3. Ministros y Secretarios de Estado<br/>13.4. El Procurador del Tesoro de la Nación<br/>13.5. Direcciones generales y nacionales<br/>14. Autoridades administrativas independientes<br/>14.1. El Defensor del Pueblo<br/>14.2. La Auditoría General de la Nación<br/>14.3. El Consejo de la Magistratura<br/>14.4. El Jurado de Enjuiciamiento<br/>14.5. El Ministerio Público<br/>14.6. Entes reguladores y de control del poder económico<br/>14.7. Banco Central de la República Argentina. El futuro Banco Central Interamericano<br/>14.8. Una agencia independiente del control de la dueda pública externa<br/><br/>Capítulo XIII: Agentes públicos<br/>1. La distinción doctrinaria entre funcionario y empleado público<br/>2. Crítica conceptual<br/>3. Continuación. Crítica legal<br/>4. El personal regido parcialmente por el derecho privado;o laboral<br/>4.1. Personal obrero en las empresas del Estado. convenciones colectivas de trabajo<br/>4.2. El personal contratado de la administración pública<br/>4.2.1. El personal contratado por el derecho privado<br/>4.2.2. Los representantes del sector privado en cuerpos colegiados de la administración pública<br/>4.2.3. El personal contratado por el derecho público<br/>4.2.4. El personal transitorio o jornalizado<br/>4.3. Observaciones comunes<br/>5. Excepciones dentro del régimen de la función pública<br/>6. El personal ad honorem y honorario<br/>6.1. La solidaridad social y su encuadre jurídico<br/>6.2. La inexistencia de designación<br/>6.3. La colaboración gratuita prestada a través de personas jurídicas<br/>6.4. Los casos de designación formal<br/>6.4.1. Las hipótesis de participación o representación formal en los cuerpos administrativos<br/>6.4.2. Los casos de funciones administrativas sin representación política formal<br/>6.4.2.1. Funcionarios honorarios<br/>6.4.2.2. Funcionarios ad honorem<br/>7. Régimen jurídico de los funcionarios excluídos del servicio civil<br/>8. El contrato de servicios de consultoría<br/>9. Naturaleza de la relación de empleo público<br/>10. La estabilidad del empleado público<br/>10.1. En general<br/>10.2. El personal contratado<br/>11. La responsabilidad<br/><br/>Capítulo XIV: Clasificación de los entes públicos<br/>1. Centralización, desconcentración y descentralización<br/>2. Caracteres de los entes estatales descentralizados<br/>3. Entes públicos no estatales<br/>4. No hay entes estatales privados<br/>5. Criterio para determinar si un ente es público o privado<br/>6. Criterio para determinar si un ente es estatal o no<br/>7. La prevalencia del derecho público sobre el privado<br/>8. Autonomía y autarquía<br/>9. Distintos tipos de personas jurídicas estatales, públicas y privadas<br/>10. Entidades públicas estatales<br/>10.1. Administrativas<br/>10.2. Comerciales o industriales<br/>11. Entidades públicas no estatales<br/>11.1. Con participación estatal<br/>11.1.1. Sociedad de economía mixta, con potestades o privilegios públicos<br/>11.1.2. Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria<br/>11.1.3. Asociaciones dirigidas<br/>11.1.4. Entes reguladores no estatales<br/>11.2. Sin participación estatal<br/>11.2.1. Corporaciones públicas<br/>11.2.2. Fundaciones e instituciones públicas no estatales<br/>12. Entidades privadas<br/>12.1. Con participación estatal<br/>12.1.1. Participación estatutaria: sociedades privadas de economía mixta<br/>12.1.2. Participación no estatutaria: tenencia de acciones de sociedades privadas<br/>12.2. Sin participación estatal<br/>12.2.1. De interés público<br/>12.2.2. De interés privado<br/><br/>Capítulo XV: Los entes reguladores<br/>1. Introducción<br/>2. El que concede no debe controlar<br/>2.1. El que concede, ¿debe prestar?<br/>3. Derecho a su existencia<br/>4. Independencia y estabilidad<br/>5. Intervención, avocación, revocación; recurso de alzada<br/>6. Facultades regulatorias<br/>7. La audiencia pública<br/>8. El ente regulatorio no tiene jurisdicción administrativa<br/>9. Acciones y recursos contra los actos de los entes reguladores<br/>10. Amparo<br/>11. Problemas de la apelación en la Capital Federal<br/>11.1. ¿Es apelación de jurisdicción?<br/>11.2. ¿No existe otra jurisdicción federal que la de Buenos Aires?<br/>11.3. La norma legal invocada<br/>11.4. Su alcance en la propia ley<br/>11.5. El usuario no es sujeto pasivo del ente<br/>11.6. El absurdo de millones litigando en Capital<br/>12. Jurisdicción federal y/o local: in brevis<br/>12.1. En general<br/>12.2. Poderes implícitos federales vs. poderes reservados provinciales<br/>12.3. El concepto de legislación o jurisdicción federal<br/>12.4. La clñausula del comercio interprovincial<br/>12.5. El ente regulador como establecimiento de utilidad nacional<br/>12.6. La norma constitucional actual: art.75 inc.30<br/>12.7. La ley es la que fija la jurisdicción federal<br/>12.8. Permanencia del problema jurisdiccional<br/>13. In extenso: el comercio interprovincial<br/>13.1. Prohibición de aduanas interiores<br/>13.2. Tarifas, derechos, etc., de tránsito<br/>13.3. Su aplicación sobre el peaje eléctrico<br/>13.4. La navegación<br/>13.5. Las represas hidroeléctricas como lagos navegables<br/>13.6. Otras comunicaciones<br/>13.7. De nuevo sobre los establecimientos de utilidad nacional<br/>13.8. No hace falta el dominio, sino el fin<br/>13.9. No alcanza el dominio sino el fin<br/>13.10. La Nación comprende los entes autárquicos nacionales<br/>13.11. Lugares adyacentes<br/>13.12. Las normas constitucionales<br/>13.13. Derecho comparado<br/>13.14. Base legislativa de la jurisdicción federal<br/>13.15. Cuestión litigiosa permanente<br/>13.16. Navegación, comercio, establecimiento<br/>13.17. El caso del sistema eléctrico<br/>13.18. Algunos interrogantes<br/>14. ¿Quis custodies custodiat?<br/>14.1. Introducción<br/>14.2. El Defensor del Pueblo nacional<br/>14.3. La Auditoría General de la Nación<br/>14.4. La Sindicatura General de la Nación<br/>14.5. Conclusiones preliminares<br/>15. Responsabilidad del ente regulador<br/>15.1. El derecho sustantivo<br/>15.2. La cuestión procesal<br/><br/>Indice T.2<br/><br/>Prólogo de Jorge A. Sáenz<br/>En ocasión de la 9ª edición, 2009<br/>Acerca de la 8ª edición<br/>Prólogo a la sexta edición del T.2<br/>Prólogo a la quinta edición del T.2<br/>Agradecimientos en ocasión de la 4ª edición del T.2<br/>Prólogo a la tercera edición<br/><br/>Sección I: La prueba de los derechos<br/><br/>Capítulo I: La prueba de los derechos<br/>1. Recapitulación<br/>2. Introducción<br/>2.1. Unidad de la prueba en los distintos procesos<br/>2.2. Creación o aplicación del derecho. Verdad y prueba<br/>2.3. La dispensa de prueba<br/>2.4. La prueba en las facultades regladas y discrecionales<br/>3. Los tiempos de producción dela prueba<br/>3.1. La carga y oportunidad de la prueba<br/>3.2. Prueba en sede administrativa: el expediente<br/>3.2.1. Su carácter de instrumento público o no<br/>3.2.2. La doctrina de los actos propios y el expediente administrativo<br/>3.2.3. La vista y fotocopia del expediente<br/>3.3. La prueba en sede judicial<br/>3.4. Prueba judicial en otra jurisdicción o competencia<br/>3.5. Producción privada de la prueba<br/>3.5.1. Testimonios<br/>3.5.2. Pericias<br/>4. Legalidad y admisibilidad de la prueba<br/>4.1. Las pruebas ilegalmente obtenidas. Pruebas reservadas o secretas<br/>4.2. El alegato informal<br/>4.3. Pruebas inadmisibles<br/>4.4. Pruebas que hacen a la privacidad de la persona<br/>5. Medios de prueba<br/>5.1. Prueba testimonial y de absolución de posiciones<br/>5.1.1. De los funcionarios públicos<br/>5.1.2. De los particulares<br/>5.1.3. Testigos expertos<br/>5.2. Pericias e informes técnicos<br/>5.3. Fotografías y video<br/>5.4. Fax, télex, etc.<br/>5.5. Prueba de informes<br/>5.6. Grabaciones telefónicas<br/>5.6.1. Telefonía común<br/>5.6.2. Telefonía celular y otras grabaciones<br/>5.7. Otros medios de prueba<br/>6. Gobierno y apreciación de la prueba. Teoría y praxis<br/>6.1. En primera instancia judicial<br/>6.2. En instancia única colegiada<br/>6.3. La importancia de la prueba privada en tales casos<br/>6.4. El prejuzgamiento judicial en casos de instancia colegiada única<br/>6.5. Eficacia y admisibilidad de la prueba<br/><br/>Sección II: Distintos tipos de derechos<br/><br/>Capítulo II: Derechos de incidencia colectiva<br/>1. Las categorías de derechos y su defensa<br/>2. En la legislación anterior a la reforma constitucional<br/>3. Losnuevos derechos y garantías de incidencia colectiva<br/>4. Algunos ejemplos actuales<br/>4.1. Derecho a la competencia y al control de los monopolios<br/>4.2. Derechos colectivos de los usuarios: Sus intereses económicos. Tarifas y ganancias excesivas e irrazonables<br/>4.3. Derecho a la no discriminación<br/>4.4. Derecho a un medio ambiente sano<br/>4.5. Los bienes y derechos colectivos en el derecho privado<br/>5. La legitimación en los derechos de incidencia colectiva<br/>5.1. El principio general<br/>5.2. Los tres supuestos constitucionales<br/>5.2.1. El propio afectado<br/>5.2.2. Las asociaciones lato sensu que propendan a esos fines<br/>5.2.3. Otros casos<br/>6. Procesos en que se aplica<br/>6.1. No solamente el amparo<br/>6.2. La opción por una vía de mayor debate y prueba<br/>7. El proceso de conocimiento de la ley de defensa del consumidor<br/>7.1. La legitimación de las asociaciones<br/>7.2. La legitimación adicional obligatoria del ministerio público<br/>7.3. Proceso de conocimiento<br/>7.4. Cláusulas nulas y recomposición del contrato. Interpretación más favorable al consumidor o usuario<br/>7.5. En caso de duda a favor del consumidor<br/>7.6. Plazos de caducidad y prescripción<br/>7.7. Cómputo de la prescripción<br/>8. Las restricciones empíricas y cómo superarlas<br/>8.1. Primera restricción empírica<br/>8.2. Segunda restricción empírica<br/>8.3. Tercera limitación<br/>9. La resistencia al cambio<br/>10. El esquema clásico y su evolución<br/>10.1. Derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple<br/>10.2. Interés difuso<br/>10.3. La ley de defensa del usuario y del consumidor<br/>10.4. Los arts. 41 a 43 de la constitución<br/>10.5. El derecho a la previa audiencia pública<br/>11. Algunas novedades en materia de licencias y renegociaciones<br/>12. Prospectiva<br/><br/>Capítulo III: El derecho subjetivo en el derecho de incidencia colectiva<br/>1. Introducción<br/>2. Problemas procesales<br/>3. El derecho subjetivo como interés<br/>4. El derecho subjetivo como interés exclusivo y excluyente y la pluralidad de pretensiones<br/>5. El interés legítimo, derecho subjetivo y derecho de incidencia colectiva<br/>6. Casos<br/>6.1. Pluralidad de pretensiones en las tarifas de servicios públicos y derecho a la salud<br/>6.2. El ejercicio de la profesión de abogado<br/>6.3. El caso de los carteles y la seguridad vial<br/>6.4. El caso de las rampas para discapacitados<br/>6.5. El caso de los bancos de datos y la privacidad<br/>6.6. El caso del ciudadano Gambier. El derecho a la vigencia del principio delegalidad. Otros derechos colectivos<br/>6.7. El caso de los medidores de agua<br/>6.8. El caso de los profesionales monotributistas<br/>6.9. El caso de los contribuyentes monotributistas<br/>6.10. Amparo contra el pliego de una licitación, sin comprar el pliego<br/>6.11. Otros amparos contra el despilfarro público<br/>6.12. Conclusiones para el comienzo del siglo XXI<br/><br/>Capítulo IV: El interés legítimo<br/>1. Legitimación e interés legítimo<br/>2. Ilegitimidad o inoportunidad del acto impugnado y legitimación para atacarlo<br/>3. Cuándo se decide si hay o no legitimación<br/>4. El interés personal y directo como elemento de la noción de interés legítimo<br/>5. El interés debe ser de un círculo definido y limitado de individuos<br/>6. El interés personal y directo<br/>7. Origen y significado actual de este requisito<br/>8. Su antigua interpretación en la práctica argentina. Superación<br/>9. Las asociaciones<br/>10. El interés puede ser patrimonial o moral<br/>11. El interés puede ser subjetivo<br/>12. El interés puede ser actual, eventual o retrospectivo<br/>13. Interpretación de este principio en la práctica argentina<br/>14. Evolución actual. El resurgimiento de la denuncia de ilegitimidad<br/>15. El problema del interés en los recursos interpuestos en subsidio<br/>16. El interés retrospectivo<br/>17. Cuándo se aprecia el interés<br/>18. El interés moral ultraactivo<br/>19. El interés moral exclusivo o dominante<br/><br/>Sección III: La lesión de los derechos<br/><br/>Capítulo V: El poder de policía<br/>1. Poder o función. Autoridad o libertad<br/>2. Atribución o servicio público<br/>3. Origen y evolución. El poder de policía en el Estado de policía y en el Estado liberal<br/>4. Caracteres clásicos generales<br/>5. Su cambio en el Estado actual<br/>6. La promoción del bienestar social y el poder de policía<br/>7. La crisis de la noción de poder de policía<br/>8. Otros caracteres antiguos de la policía<br/>9. Pérdida de identidad propia<br/>10. Caracteres en la doctrina actual. Crítica<br/>11. La distinción entre policía y poder de policía. Crítica<br/>12. El régimen jurídico de la policía. Crítica<br/>13. Fundamento político autoritario<br/>14. La inversión del principio. Los derechos individuales como principio, su limitación como excepción<br/>15. Conclusiones. La purificación de la técnica científica<br/>15.1. Facultades de la administración<br/>15.2. Facultades del Congreso<br/><br/>Capítulo VI: Servicios públicos<br/>1. Origen y evolución<br/>1.1. Origen<br/>1.2. Fines del siglo XIX y comienzos del XX<br/>1.3. La época de las nacionalizaciones<br/>1.4. Las privatizaciones de fines del siglo XX<br/>1.4.1. Privatizaciones con desmonopolización<br/>1.4.2. Privatizaciones con monopolio<br/>1.5. Las renovadas discusiones sobre la definición<br/>2. Estado actual<br/>2.1. La existencia de marco regulatorio legal y ente independiente de contralor, audiencias públicas, protección del usuario o consumidor<br/>2.2. Las privatizaciones sin marco legal ni ente regulatorio independiente<br/>2.3. El monopolio privado como nota fundante del régimen especial<br/>2.4. El rol del Estado cuando hay libre competencia<br/>2.5. Prognosis<br/>2.5.1. A fines del siglo XX<br/>2.5.2.En la primera década del siglo XXI<br/>3. El régimen jurídico del monopolio<br/>3.1. Distintos supuestos jurídicos de monopolio<br/>3.2. El monopolio espontáneo y de facto<br/>3.3. El monopolio en los servicios públicos<br/>3.4. El monopolio en la constitución<br/>3.4.1. Obligación de control<br/>3.4.2. Participación de los usuarios<br/>3.4.3. Marco regulatorio<br/>3.4.4. Interpretación restrictiva de los derechos del concesionario y licenciatario<br/>3.4.5. Su aplicación a la tarifa<br/>3.4.6. Las cargas, los gastos y las inversiones reales. as auditorías<br/>3.4.7. Relaciones con el usuario<br/>4. Otras particularidades<br/>4.1. La audiencia pública como garantía constitucional del usuario<br/>4.2. Los sistemas individuales y colectivos, administrativos y judiciales, de defensa. Derechos de incidencia colectiva<br/>4.3. El ente regulador<br/>4.3.1. Su rol<br/>4.3.2. Facultades<br/>4.3.3. Participación<br/>4.3.4. Casos especiales<br/>4.4. Su aplicación a la defensa del usuario<br/>4.5. Otros mecanismos de defensa del usuario o consumidor<br/>4.5.1. La ley de defensa del usuario y consumidor<br/>4.5.2. Defensa de la competencia<br/>4.5.3. Lealtad comercial. Propaganda engañosa<br/>4.6. La propiedad de la concesión o licencia<br/>4.6.1. Servicios públicos<br/>4.6.2. Concesión de obra pública<br/>5. Felicidad colectiva, interés público, bien común, omnis et singulatis, everything and nothing<br/>5.1. La inefable felicidad colectiva<br/>5.2. Interés público e interés individual<br/>5.2.1. Un intento de racionalidad<br/>5.2.2. Libertad de prensa y expresión del pensamiento<br/>5.2.3. La ocupación del espacio público<br/>5.2.4. La interrupción del tránsito público y actividades similares<br/>5.2.5. Monopolio y libre competencia<br/>5.2.6. Un ejemplo colonial<br/>5.2.7. Usuarios y consumidores<br/>5.2.8. El interés público como interés de una mayoría concreta de individuos<br/>5.3. El interés público no es el interés de la administración pública<br/>5.4. El interés público no es sólo conveniencia material<br/>5.5. El régimen jurídico y la protección del interés público<br/>6. Las vicisitudes de una noción esencial de servicio público<br/>6.1. Identidad metodológica con el dominio público<br/>6.2. El servicio público como organización<br/>6.3. La finalidad del servicio público<br/>6.4. Caracteres del servicio público<br/>6.5. El régimen jurídico del servicio público<br/>6.6. La noción tradicional y sus elementos<br/>6.7. La crisis de este concepto de servicio público<br/>6.8. El objeto o finalidad del servicio<br/>6.9. El régimen de derecho público<br/>6.10. Conclusión. La supresión de la noción esencial o funcional de servicio público<br/><br/>Capítulo VII: La regulación económica y social<br/>1. Introducción<br/>2. Fundamento de la intervención estatal<br/>3. La eterna emergencia económica<br/>4. Antecedentes de los entes reguladores<br/>5. ¿Regulación vs. desregulación?<br/>6. Regulación económico social<br/>6.1. Los costos de la regulación<br/>6.2. La eficiencia de la regulación<br/>7. Una vieja alternativa: la participación, concertación y el control social<br/>8. Auto y heteroregulación<br/>9. Los umbrales regulatorios actuales<br/>9.1. Defensa del usuario y consumidor, de la competencia, lealtad comercial<br/>9.2. Tutela del medio ambiente y la salud<br/>9.3. Defensa de la privacidad y confidencialidad<br/>9.4. Otras regulaciones<br/>9.5. La regulación de origen internacional<br/>10. La actual política legislativa general<br/>11. El inexistente equilibrio<br/>11.1. Consecuencias económicas<br/>11.2. Consecuencias sociales<br/>12. Quién ejerce la regulación en el orden nacional<br/>12.1. La salvedad internacional<br/>12.2. Las tres variantes primarias<br/>12.3. El fin de las delegaciones legislativas preexistentes, por la constitución de 1994<br/>13. Los entes reguladores o autoridades regulatorias independientes<br/>13.1. Facultad regulatoria propia y no delegada. Improcedencia de la avocación, alzada e intervención<br/>13.2. La finalidad de los entes reguladores<br/>14. La regulación interjurisdiccional<br/>15. La regulación de los servicios públicos privatizados<br/>15.1. Las políticas legislativas sectoriales<br/>15.2. Tarifas de servicios públicos, planes de obras e inversiones, etc.<br/>15.3. Generación de energía<br/>15.4. El principio regulatorio<br/>16. Las regulaciones de actividades en libre competencia, y de otros sectores económicos o sociales<br/>16.1. Regulación económica de bancos, entidades financieras y seguros, etc.<br/>16.2. Medios de comunicación<br/>16.3. Regulaciones sociales, de seguridad, educación, etc.<br/>16.4. Un caso de ambigüedad terminológica: la desregulación portuaria<br/>16.5. Otras materias<br/>17. Algunas conclusiones<br/>17.1. Las leyes de delegación en blanco y las autoridades de aplicación<br/>17.2. Su caducidad en 1999/2004/2006/2008/2009/2010<br/>17.3. El caso de los entes reguladores creados por ley<br/>17.4. La necesaria creación de autoridades regulatorias independientes en las áreas de delegación legislativa que caducan en 1999/2004/2006/2008/2009/2010. Quo usque tandem Catilina?<br/>18. El procedimiento regulatorio: la audiencia pública<br/>19. Un proyecto para la transición<br/>20. No hay alternativas<br/><br/>Capítulo VIII: Los actos de gobierno<br/>I. Planteo general del problema<br/>1. Los diferentes conceptos de gobierno<br/>2. Un tercer uso del vocablo: los actos de gobierno<br/>3. Gobierno y actos de gobierno<br/>4. Carácter metajurídico de la teoría<br/>5. Problemas a considerar<br/>II. Origen y evolución de la teoría<br/>6. Origen<br/>7. La tesis subjetiva: no se revisa lo que el Poder Ejecutivo no quiere que se revise<br/>8. La teoría objetiva: distinción entre gobierno y administración<br/>9. Insuficiencia de la distinción<br/>10. Conclusiones acerca del estado actual del problema en Francia<br/>III. El acto de gobierno ante la garantía de la revisión judicial (defensa en juicio)<br/>11. En la constitución nacional no hay excepción a la garantía de la defensa en juicio<br/>12. Derecho natural, ancien régime, res publica, Estado democrático de derecho. El peso de nuestra herencia cultural<br/>13. El principio de que debe haber una instancia judicial al menos<br/>13.1. Los actos que no lesionan derechos de los individuos que los impugnan<br/>13.2. Continuación. El acto particular que no es atacado por la persona afectada por él<br/>13.3. Continuación. El acto general que no puede ser impugnado directamente<br/>13.4. El alcance de la revisión judicial: la apreciación discrecional o reglada de los hechos<br/>13.5. Continuación. La revisión de las facultades discrecionales<br/>13.6. División de poderes y acto de gobierno. El error de que cada poder sea soberano en su esfera<br/>14. El acto de gobierno ante la garantía de la constitucionalidad y el orden supranacional<br/>15. Estructura infraconstitucional del Estado<br/>16. La disyuntiva de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto<br/>IV. El acto de gobierno en la práctica jurisprudencial<br/>17. Los tribunales conocen y resuelven de los recursos contra estos actos<br/>18. Qué es revisión judicial<br/>19. Diferencia entre revisión judicial y anulación judicial del acto<br/>20. Conclusión: en nuestro país no existen en la práctica positiva actos irrevisables judicialmente<br/>21. Revisión judicial y límites constitucionales del Poder Ejecutivo<br/>22. Aplicación de esos límites por el juez<br/>V. Acto de gobierno ante la política<br/>23. Los jueces deben decidir jurídicamente la cuestión política<br/>24. El principio de la irrevisabilidad judicial de actos del Poder Ejecutivo es contrario al interés público<br/>VI. Conclusión<br/>25. La eliminación del nombre y la teoría de actos de gobierno, políticos, institucionales, etc. y subsunción de estos dentro del concepto y régimen jurídico de los actos administrativos<br/><br/>Sección IV: La protección de los derechos<br/><br/>Capítulo IX: El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales<br/>I. Concepto de procedimiento administrativo<br/>1. El proceso: concepto amplio<br/>2. Concepto restringido<br/>3. Alcances del problema<br/>3.1. La aplicación de reglas procesales al procedimiento<br/>3.2. La aplicación de reglas procedimentales al proceso<br/>4. Peligro de la noción amplia<br/>5. Derecho procesal administrativo<br/>6. El procedimiento administrativo y la función administrativa<br/>6.1. Los órganos administrativos<br/>6.2. Los órganos judiciales<br/>6.3. Los órganos legislativos<br/>7. Procedimientos administrativos de órganos judiciales y legislativos<br/>8. Definición de procedimiento administrativo<br/>II. Principios generales del procedimiento administrativo<br/>9. Enumeración de los principios<br/>9.1. Ambito de aplicación<br/>9.2. Los grandes principios formadores: debido proceso, informalismo, contradicción, imparcialidad<br/>9.3. El principio de la legalidad objetiva o principio supremo de razonabilidad y justicia<br/>9.4. Otros principios<br/>10. Primer principio: Debido proceso (garantía de la defensa)<br/>10.1. Su aplicación al procedimiento administrativo<br/>10.2. El principio de la defensa como criterio de eficacia administrativa<br/>10.3. El principio de la defensa como criterio de eficacia política<br/>10.4. Elementos de la garantía de la defensa<br/>10.4.1. Derecho a ser oído y a una decisión fundada<br/>10.4.2. Derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo<br/>10.5. Campo de aplicación del principio de la defensa<br/>10.6. Nuevos desarrollos del principio<br/>11. Principio del informalismo en favor del usuario y del administrado<br/>11.1. El informalismo como arbitrariedad<br/>11.2. El informalismo en favor del administrado. Origen<br/>11.3. Su formulación en el derecho argentino<br/>11.4. Aplicación del principio en materia de denominación de los recursos<br/>11.5. Otras aplicaciones del principio<br/>11.6. Conclusión<br/>12. Principio de contradicción<br/>12.1. Contenido y alcance del principio de contradicción<br/>13. Principio de imparcialidad<br/>13.1. La imparcialidad en la práctica<br/>13.2. Regla contra el prejuicio<br/>13.3. Deber de excusación<br/>13.4. Continuación. Principios permanentes del derecho<br/>13.5. Imparcialidad del sumariante<br/>14. Principio de la legalidad objetiva o juridicidad<br/>14.1. Alcances del principio<br/>14.2. El principio de la legalidad objetiva como criterio de eficiencia administrativa<br/>15. Principio de la oficialidad<br/>15.1. Principio de la impulsión de oficio<br/>15.2. Excepciones al principio de la impulsión de oficio<br/>15.3. Comparación con el proceso civil<br/>15.4. Otras consecuencias del principio<br/>15.5. Principio de la instrucción<br/>15.6. Principio de la verdad material<br/>16. Otros principios<br/>16.1. Carácter escrito y oral del procedimiento<br/>16.2. La oralidad como regla<br/>16.3. Mediación o inmediación<br/>16.4. Ausencia de costas<br/>16.4.1. Improcedencia de la condena en costas<br/>16.4.2. El caso particular del sellado de actuación<br/>16.4.2.1. Supresión a nivel nacional<br/>16.4.2.2. Su mantenimiento en algunas jurisdicciones locales<br/>16.4.3. Celeridad, economía, sencillez y eficacia<br/>16.6. Transparencia, objetividad, justicia<br/><br/>Capítulo X: El procedimiento administrativo en la práctica<br/>I. Introducción<br/>1. La realidad en el derecho administrativo<br/>II. Las actuaciones administrativas<br/>2. Actuaciones administrativas y judiciales. Comparación<br/>3. El trámite de agregación de escritos al expediente<br/>4. Defectos de foliación<br/>5. La precaución de guardar copia de los escritos y documentos<br/>6. La impulsión personal de las actuaciones<br/>III. Técnicas informales de defensa a través de los reclamos y denuncias<br/>7. Diferencias entre los recursos y los reclamos y denuncias: la necesidad de personalizar<br/>8. Alcances de la personalización<br/>9. La individualización<br/>10. La desmitificación<br/>11. El ataque: la mejor defensa<br/>11.1. La posible derivación judicial. Remisión<br/>11.2. En sede administrativa<br/>11.3. En la opinión pública<br/>11.4. En el ámbito penal<br/>11.5. En la justicia administrativa: las astreintes personales al funcionario<br/>12. Por qué la administración es autoritaria<br/>IV. Estilo administrativo<br/>13. Estilo administrativo y estilo forense<br/>14. Falta de estilo<br/>15. Objetividad<br/>16. Impersonalidad<br/>17. Valentía<br/>18. Prudencia<br/>V. Estructura de los escritos<br/>19. Exhaustividad<br/>20. Concisión o resumen<br/>21. Graduación de los argumentos<br/>21.1. Exposición de los vicios en el objeto<br/>21.2. Los vicios en la competencia<br/>21.3. Los vicios objetivos de la voluntad<br/>21.4. Los vicios subjetivos de la voluntad y los vicios de forma<br/>21.5. Conclusión<br/><br/>Capítulo XI: El procedimiento de audiencia pública<br/>1. El principio constitucional<br/>1.1. Inserción constitucional de la audiencia pública<br/>1.2. La doble naturaleza pública de la audiencia pública<br/>1.3. Audiencia pública y pública audiencia o sesión pública. Town Meetings. Open Meetings<br/>1.4. Carácter prescriptivo<br/>2. Principios generales<br/>2.1. Enunciación<br/>2.2. Oralidad, informalismo, contradicción y participación<br/>2.3. Instrucción<br/>2.4. Carácter contingente de la gratuidad<br/>2.5. La cuestión de la publicidad<br/>3. Desarrollo del procedimiento<br/>3.1. La preaudiencia<br/>3.2. Reglas sobre la prueba. Registro<br/>3.3. Publicidad de la sesión del ente<br/>4. Partes<br/>5. Mediación o inmediación<br/>6. Instrucción<br/>7. Forma y sustancia<br/><br/>Capítulo XII: La licitación pública<br/>1. Ambito de aplicación<br/>1.1. La administración pública nacional, provincial y municipal<br/>1.2. Los monopolios privatizados<br/>1.3. Incidencia de la CICC<br/>2. Licitación pública, licitación privada, contratación directa<br/>2.1. El problema de la responsabilidad<br/>2.2. Es un pedido de ofertas<br/>2.3. Notas comunes<br/>2.3.1. Comparación de ofertas<br/>2.3.2. Máxima concurrencia posible. Informalismo<br/>3. Principios de la licitación pública<br/>3.1. Publicidad y transparencia<br/>3.1.1. El primer mecanismo de corrupción, clubes, etc.: la venta de los pliegos<br/>3.1.2. ¿Publicación para interesados, o para el público?<br/>3.1.3. Autonomía de los pliegos<br/>3.1.4. Impugnación de los pliegos<br/>3.2. Concurrencia<br/>3.3. Informalismo<br/>3.3.1. Finalidad del formalismo y sus límites<br/>3.3.2. La igualdad en la licitación<br/>3.3.3. Evolución internacional hacia el informalismo<br/>4. Etapas de la licitación pública<br/>4.1. Introducción<br/>4.2. No existe preclusión procesal<br/>4.3. Pliegos de la licitación<br/>4.3.1. En general<br/>4.3.2. Los problemas de la preparación del pliego y el contrato<br/>4.3.3. El instrumento del contrato y el orden de prelación normativo<br/>4.3.4. La participación de los oferentes en la elaboración del pliego<br/>4.3.5. La calificación jurídica del contrato en el pliego<br/>4.3.6. La descripción técnica del objeto<br/>4.4. Audiencia pública previa<br/>4.5. El llamado a licitación<br/>4.6. La publicación de los avisos<br/>5. La presentación de las ofertas<br/>5.1. Inscripción en el registro<br/>5.2. Cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales<br/>5.3. Depósito de garantía<br/>5.4. Entrega de los sobres<br/>5.5. Apertura de los sobres<br/>5.6. Aclaraciones y saneamientos formales posteriores<br/>5.7. Mantenimiento de las propuestas<br/>5.8. Sujeción a los pliegos<br/>5.8.1. Ofertas condicionadas<br/>5.8.2. Oferta firme, cierta, única y seria<br/>5.8.3. Vicios de forma. Requisitos sin propósito<br/>5.9. El principio de contradicción en el análisis de las ofertas<br/>5.10. Criterios para la administración de ofertas<br/>5.11. Sobres A y B: evaluación sucesiva y posterior adjudicación<br/>5.12. La adjudicación como facultad reglada<br/>5.13. Requisitos especiales<br/>6. La aceptación de la oferta: la adjudicación<br/>6.1. Preadjudicación<br/>6.2. Razonable discrecionalidad. Oferta más conveniente<br/>6.3. Contratación directa por razones de urgencia<br/>6.4. Carácter no obligatorio de la adjudicación<br/>6.5. Derechos de los oferentes<br/>6.6. Sobre quién debe recaer la adjudicación<br/>6.7. Eficiencia<br/>6.8. Equidad y justicia. Razonabilidad<br/>6.9. Perfeccionamiento del contrato<br/>6.10. Aclaraciones al pliego<br/>7. Excepciones al requisito de la licitación pública<br/>7.1. Monto menor a una suma determinada<br/>7.2. Adicionales<br/>7.3. Urgencia<br/>7.4. Reserva<br/>7.5. Especial capacidad<br/>7.6. Marca, patente o privilegio<br/>7.7. Licitación pública desierta<br/>7.8. Licitación pública fracasada por inadmisibilidad de las ofertas<br/>7.9. Licitación pública anulada<br/>8. El régimen de iniciativa privada<br/><br/>Capítulo XIII: La tutela judicial<br/>I. La herencia del pasado<br/>1. Dificultades del tema<br/>2. Diferencias entre plena jurisdicción y anulación<br/>2.1. Derechos protegidos<br/>2.2. Naturaleza del procedimiento<br/>2.3. Facultades del tribunal en la sentencia<br/>3. Las confusiones entre lo contencioso administrativo y el derecho procesal administrativo<br/>3.1. La cuestión de la competencia procesal administrativa<br/>3.1.1. Hoy en muchas provincias y antes en Capital<br/>3.1.2. Hoy en la Capital y algunas porvincias<br/>3.1.3. La cuestión del agotamiento de la vía administrativa<br/>4. Superación de la confusión entre el sistema norteamericano y el francés<br/>5. Superación de la confusión entre el contencioso administrativo provincial y el derecho procesal federal<br/>II. El control judicial, hoy<br/>6. La acción en defensa del usuario y del consumidor<br/>7. Los progresos y sus limitaciones<br/>7.1. Control de la discrecionalidad<br/>7.2. Control dela discrecionalidad y regulación técnica<br/>7.3. Acción declarativa de inconstitucionalidad<br/>8. Las vías de tutela urgente. El amparo<br/>8.1. En la Capital Federal<br/>8.1.1. La mala recepción judicial del amparo y las cautelares<br/>8.1.2. El amparo definido por los derechos de la libertad, no de la propiedad<br/>8.1.3. Propiedad, derechos patrimoniales, licitaciones: las fuentes de corrupción administrativa que el amparo no siempre corrige<br/>8.1.4. Los amparos contra particulares, concesionarios, licenciatarios<br/>8.2. En los tribunales federales del interior<br/>8.3. En los tribunales procesal administrativo provinciales<br/>8.4. El amparo por mora de la administración<br/>9. Contnuación. Las medidas cautelares<br/>9.1. Las variantes<br/>9.2. Los fundamentos para concederlas y/o denegarlas. La verosimilitud del derecho vs. la presunción de legitimidad del acto administrativo<br/>9.3. El peligro en la demora<br/>9.4. La balanza entre el periculum y la verosimilitud<br/>9.5. Que no se confunda con el objeto de la acción<br/>9.6. La acreditación prima facie delos requisitos de la cautelar: información sumaria<br/>9.7. El solve et repete<br/>9.8. La tutela autosatisfactiva o anticipatoria<br/>10. Acción y recurso de apelación: evolución hacia la identidad<br/>11. Estado actual del control judicial<br/>12. Perspectivas<br/><br/>Capítulo XIV: Problemas del acceso a la justicia<br/>1. Cómo y por qué los tenemos<br/>1.1. Acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho<br/>1.2. Cuántos expedientes y sentencias puede estudiar y resolver una persona por día y año<br/>1.2.1. La capacidad física de una persona<br/>1.2.2. La capacidad de revisar, no de hacer<br/>1.2.3. La alternativa de revisar dos sentencias por día<br/>1.2.4. La alternativa de cuatro sentencias por día<br/>1.3. Cien mil decretos por año, cuatrocientos por día<br/>1.4. ¿Cuál es la realidad funcional del Poder Judicial?<br/>1.5. Noticias buenas y malas<br/>1.6. Una decisión política e institucional que la sociedad adopta<br/>1.7. Las excusas<br/>1.7.1. No queremos justicia<br/>1.7.2. No hay tantas personas que sirvan para juez<br/>1.7.3. Es muy caro tener justicia<br/>1.7.4. Continuación. El costo de la corrupción y el costo de evitarla. ¿Cuál es mayor?<br/>1.8. Mientras pensamos el problema, busquemos alternativas<br/>2. Un código no resuelve la cuestión: hace falta convicción social y judicial<br/>3. ¿Se puede hacer algo mientras se logra el consenso de tener más jueces?<br/>4. Los fallos repetitivos como merma de justicia: cómo evitarlos en el derecho actual<br/>4.1. El problema<br/>4.2. Viejas alternativas no aceptadas<br/>4.3. Otras variantes no aceptadas hasta el presente<br/>4.4. Una innovación social<br/>4.5. ¿Una cuestión de números?<br/>4.6. Cumplir el artículo 43 de la constitución<br/>4.7. Prohibamos la clonación<br/>4.8. La legitimación internacional<br/>4.9. La legitimación amplia y los efectos erga omnes de la sentencia<br/>5. El costo social del rechazo de amparos in limine litis o sin resolver<br/>5.1. Algunas soluciones<br/>6. Facultades y deberes de la Corte y las Cámaras para resolver o atemperar por reglamento de necesidad y urgencia la privación de justicia<br/>6.1. La alternativa de un sistema masivo de conjueces<br/>6.2. Convenio Facultad de Derecho - Colegio de Escribanos<br/>6.3. Magistrados jubilados<br/>6.4. C.P.A.C.F.<br/>6.5. Causales de recusación y excusación<br/>7. Hacia la delegación legislativa al Poder Judicial<br/>7.1. La reacción instintiva<br/><br/>Capítulo XV: Comparación del control administrativo y judicial<br/>1. Comparación cualicuantitativa<br/>2. Distintas formas de procedimiento administrativo<br/>3. El nuevo control judicial de los servicios privatizados<br/>4. Algunas limitaciones comunes al procedimiento administrativo y proceso judicial<br/>4.1. Lentitud<br/>4.2. La lentitud del juicio ordinario -la elección preferida por el Poder Judicial- y la inutilización del amparo y medidas cautelares, tornan inexistente el servicio de justicia<br/>4.3. Eficacia<br/>4.4. Reparación<br/>4.5. Influencias subjetivas y objetivas<br/>4.6. Prerrogativas y limitaciones<br/>5. Potestades teóricas y prácticas<br/>5.1. La reforma o sustitución del acto<br/>5.2. El control de mérito o conveniencia<br/>5.3. La posibilidad de aconsejar<br/>6. El rol de tribunal. Imagen en la opinión pública y su efecto sobre las potestades reales<br/>6.1. El rol<br/>6.2. La percepción pública<br/>7. La repercusión periodística de sus pronunciamientos. El manejo de los tiempos. La oportunidad de la publicidad<br/>8. El momento oportuno de dictar el pronunciamiento. La política temporal del control jurisdiccional<br/>9. La discreción política del control jurisdiccional<br/>10. El costo<br/>11. La asertividad del pronunciamiento<br/>12. La posibilidad de avenimiento<br/>13. Otras diferencias<br/>14. El control de la administración pública: la causación circular en el desarrollo cultural y político<br/>15. Conclusiones tentativas<br/><br/>Capítulo XVI: La justicia administrativa internacional<br/>I. Observaciones comunes<br/>1. Análisis comparativo general de los tribunales internacionales e internos<br/>II. La defensa extranjera e internacional de los derechos humanos. Remisión<br/>2. Introducción<br/>3. La responsabilidad del Estado por la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos<br/>3.1. El fundamento<br/>3.2. El procedimiento<br/>3.3. Continuación. Algo más sobre la legitimación<br/>4. Otras convenciones con tutela supranacional<br/>4.1. Tratados internacionales y supranacionales<br/>4.2. Tratados bilaterales de tutela de la inversion extranjera<br/>5. La responsabilidad del Estado por crímenes previstos en otros tratados<br/>5.1. Tortura. Genocidio<br/>5.2. Corrupción<br/>6. Remisión<br/>7. Aplicación interna<br/>III. La defensa internacional de los derechos de agentes y ex agentes públicos internacionales<br/>8. Los justiciables. La materia administrativa<br/>9. La composición y organización del tribunal administrativo internacional<br/>9.1. Composición<br/>9.2. Efectos prácticos de la composición<br/>9.3. Perfil de los magistrados<br/>9.4. Organización<br/>9.5. La Presidencia<br/>10. La delegación de la creación de las normas de procedimiento<br/>11. Agotamiento de la vía administrativa<br/>12. Reuniones ex parte<br/>13. La sentencia<br/>14. Principios jurídicos generales. Remisión<br/><br/>Capítulo XVII: El arbitraje administrativo nacional<br/>1. La influencia jurídico cultural en la materia<br/>2. El contexto de nuestra legislación clásica<br/>3. La multivocidad del término arbitraje<br/>4. El Estado como árbitro o como parte en un arbitraje<br/>5. La función del árbitro tercero<br/>5.1. La distinción entre árbitro y arbitrador<br/>5.2. El pronunciamiento del árbitro tercero<br/>6. El trasfondo de la resistencia local al arbitraje<br/>6.1. El temor a las regulaciones excesivas de honorarios<br/>6.2. Filosofías jurídicas en juego<br/>6.3. El temor a un tribunal de equidad, justicia<br/>6.4. La ejecutoriedad de la sentencia arbitral<br/>7. El poco éxito de los intentos privados<br/>8. El Estado como parte en un arbitraje interno<br/>9. La interpretación restrictiva del arbitraje, como principio local<br/>9.1. El contexto y los casos puntuales<br/>9.2. La interpretación restrictiva a cuestiones técnicas<br/>9.3. Jurisdicción originaria en causas de las Provincias<br/>9.4. Las dificultades del CPCCN<br/>9.5. El círculo vicioso<br/><br/>Capítulo XVIII: El arbitraje administrativo internacional<br/>1. Antecedentes del arbitraje administrativo internacional<br/>1.1. Los albores del derecho internacional<br/>1.1.1. Los internacionalistas<br/>1.1.2. La visión de un abogado litigante<br/>1.1.3. El arbitraje internacional como excepción<br/>1.2. Algunas primeras señales de cambio<br/>1.3. La Argentina en el proceso de globalización<br/>1.4. El contexto internacionalista argentino<br/>1.5. Los múltiples tratados de arbitraje<br/>1.6. El arbitraje internacional entre Estados<br/>1.7. La internacionalidad del arbitraje<br/>1.7.1. ¿El lugar del arbitraje, las partes y el procedimiento?<br/>1.7.2. ¿El inversor extranjero?<br/>1.7.3. ¿La residencia de las partes?<br/>1.7.4. ¿El lugar del arbitraje es determinante?<br/>1.7.5. ¿La sola nacionalidad del árbitro tercero es determinante?<br/>1.7.6. Algunas primeras reflexiones<br/>2. La materia arbitral en algunos tratados recientes<br/>2.1. Introducción<br/>2.2. La protección a los inversores de Estados no partes del Mercosur<br/>2.3. Tratados bilaterales con elección excluyente de vías<br/>2.4. Tratados que exigen el sometimiento previo de la controversia a los tribunales locales por un plazo limitado<br/>2.5. La experiencia en el derecho comparado<br/>3. Los problemas pendientes<br/>3.1. La paradojal comparación al viejo contencioso administrativo<br/>3.2. ¿El arbitraje internacional es cuestión de derecho nacional?<br/>3.3. La renuncia forzada a la jurisdicción arbitral<br/>3.4. La oportuna introducción de la cuestión arbitral<br/>3.5. La ulterior intervención forzosa del tribunal nacional<br/>4. Aspectos comunes a resolver<br/>4.1. Cuidar que la administración tenga una Fair Chance<br/>4.2. Temor al proceso desconocido<br/>4.3. La sede del tribunal<br/>4.4. Conclusiones tentativas<br/>5. Los caminos del arbitraje<br/>5.1. Una organización internacional de arbitraje<br/>5.2. Un tribunal permanente, no agónico ni de crisis<br/>5.3. El camino colectivo del Mercosur<br/>5.4. El camino nacional solitario<br/>5.5. La participación de todos los actores<br/><br/>Sección V: La responsabilidad por la violación de los derechos<br/><br/>Capítulo XIX: La responsabilidad civil de los funcionarios<br/>1. Importancia práctica, jurídica y política del problema<br/>2. El fracaso previo<br/>2.1. La responsabilidad civil<br/>2.2. La responsabilidad constitucional<br/>2.3. Ahora, la responsabilidad internacional<br/>2.4. ¿O la negación total? Un pase de magia para olvidar el art. 1112<br/>3. Los caracteres de la responsabilidad civil de los agentes públicos. La norma civil<br/>4. Quiénes tienen derecho a exigir el regular cumplimiento de las obligaciones legales por parte del funcionario<br/>4.1. Los particulares<br/>4.2. Los demás funcionarios públicos<br/>4.3. El Estado<br/>5. Quiénes son responsables<br/>6. Problemas que presenta el art. 1112<br/>7. La omisión como causal de responsabilidad<br/>8. El daño como elemento de la responsabilidad<br/>8.1. El problema de las relaciones entre particulares<br/>8.2. La concatenación o la alternativa de daño material y daño moral. Modos alternativos de reparación<br/>8.3. El daño económicamente apreciable<br/>9. La culpa como elemento de la responsabilidad<br/>9.1. La necesidad de que haya culpa<br/>9.2. El caso del error<br/>10. El irregular cumplimiento de las obligaciones legales<br/>11. Responsabilidad por incumplimiento de obligaciones legales no debidas directamente al interesado<br/>11.1. Qué son las obligaciones legales<br/>11.2. Algunas obligaciones en particular<br/>11.3. Obligaciones legales no debidas directamente al particular, sino al Estado<br/>12. Coordinación de la responsabilidad del agente público con la responsabilidad del Estado<br/>12.1. No debe abandonarse la responsabilidad personal de los funcionarios públicos, sino que debe coordinársela con la del Estado<br/>12.2. Es una obligación conjunta in solidum<br/><br/>Capítulo XX: La responsabilidad del Estado y de sus concesionarios y licenciatarios<br/>I. Introducción<br/>1. El status quo ante y sus problemas<br/>1.1. El viejo dogma de la responsabilidad del Estado<br/>1.2. La vieja utopía de la responsabilidad del funcionario<br/>1.3. La responsabilidad por error judicial. Hacia la responsabilidad política de los jueces<br/>2. La responsabilidad del Estado en transición<br/>2.1. Sus dos aspectos<br/>2.2. La responsabilidad internacional aumentada<br/>2.3. La responsabilidad interna disminuida<br/>2.4. La irrespondabilidad del Estado por los actos y hechos de los concesionarios<br/>3. La responsabilidad de los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos<br/>3.1. La traslación de la responsabilidad del Estado a los prestadores<br/>3.2. Otros tipos de responsabilidad de los prestadores de servicios públicos<br/>3.3. La responsabilidad de los concesionarios viales<br/>4. La responsabilidad civil en general<br/>4.1. Elementos<br/>4.2. La antijuridicidad<br/>4.3. El daño<br/>4.4. La culpa<br/>II. Tipos de responsabilidad del Estado y de los prestadores de servicios públicos<br/>5. En general<br/>6. La responsabilidad por hechos y actos administrativos<br/>7. Criterios de distinción entre responsabilidad directa e indirecta del Estado<br/>7.1. Distinción por funcionarios o empleados<br/>7.2. Distinción por actos y hechos<br/>7.3. Distinción según que la actividad sea legítima o ilegítima<br/>8. Conclusión sobre el concepto de responsabilidad directa del Estado<br/>9. La responsabilidad directa e indirecta, antes y hoy<br/>10. Coordinación entre las responsabilidades institucionales y personales<br/>III. El problema de las responsabilidades especiales<br/>11. La responsabilidad por acto judicial irregular<br/>11.1. La regla de la irresponsabilidad por acto judicial regular<br/>11.2. Un supuesto sistemático de responsabilidad del Estado por error judicial<br/>12. Responsabilidad por acto legislativo<br/>12.1. La regla de la irresponsabilidad interna por actos legislativos<br/>12.2. Casos en que se acepta la responsabilidad por acto legislativo<br/>12.2.1. Perjuicio especial<br/>12.2.2. Enriquecimiento sin causa<br/>12.2.3. Sustitución del derecho por una indemnización<br/>12.2.4. Posible desarrollo de las excepciones<br/>13. Continuación. La responsabilidad por ley inconstitucional<br/><br/>Capítulo XXI: La responsabilidad del Estado en la práctica<br/>1. Introducción<br/>2. Los hechos: los que no hacen juicio en el país<br/>3. Continuación. Los que hacen juicio y lo ganan, ¿cuándo lo cobran?<br/>4. Continuación. Los que hacen juicio y lo ganan ¿cómo lo cobran?<br/>5. Las quitas<br/>6. Los honorarios<br/>7. El crimen de cobrarle al Estado, el castigo al que paga<br/>8. Los que hacen juicio pero resuelven el tema políticamente<br/>9. El funcionario y la deuda pública<br/>10. La responsabilidad penal del que paga<br/>11. El control social<br/>12. Una pintura<br/>13. Levantando la apuesta<br/>14. La prevención del daño como antítesis de la responsabilidad del Estado<br/>15. Da capo: El juicio aún no cobrado<br/>16. Los índices o los intereses<br/>17. La calculadora como arma delictual<br/>18. La praxis, siempre la praxis<br/>19. ¡Otra vez da capo!<br/>20. Otra vez la pintura<br/><br/>Capítulo XXII: Hacia la unidad del orden jurídico mundial<br/>1. Introducción<br/>2. ¿Definición del derecho administrativo como derecho interno?<br/>3. ¿La muerte del Estado?<br/>4. La Convención Americana de Derechos Humanos y su tribunal supranacional<br/>5. El derecho a un ambiente sano<br/>6. La incorporación al texto constitucional de 1994 de todas las convenciones internacionales de derechos humanos<br/>7. Derecho privado<br/>8. Organizaciones no gubernamentales<br/>9. Redes gubernamentales<br/>10. El derecho de gentes en la constitución de 1853 y en el caso Priebke en 1995<br/>11. Los tratados bilaterales de promoción de inversiones extranjeros y los tribunales arbitrales internacionales del CIADI<br/>12. Los tratados contra la corrupción y delitos conexos<br/>13. La inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida<br/>14. La Corte Penal Internacional<br/>15. Male captus, bene detentus<br/>16. La Organización Mundial del Comercio<br/>17. La Corte Internacional de Justicia de La Haya<br/>18. Los contratos internos alcanzados por normas internacionales<br/>19. Los tribunales administrativos internacionales<br/>20. Tratados de integración, órganos regionales y su vinculación con las redes intergubernamentales<br/>21. ¿Existe ya un derecho público global?<br/>22. La irreversibilidad de la tendencia<br/>23. Los valores del creciente orden jurídico mundial. Primero, seguridad jurídica y justicia<br/>24. La racionalidad económica<br/>25. Nuevamente, seguridad jurídica y justicia<br/>26. Sus raíces inmediatas en el neoconstitucionalismo<br/>27. La persistencia de los valores del pasado en los ordenamientos jurídicos nacionales<br/>28. El sometimiento del país a tribunales internacionales y extranjeros, y a redes intergubernamentales internacionales<br/><br/>Indice T.3<br/><br/>Prólogo de Jorge A. Saenz<br/>Agradecimientos para la 9ª edición (2007)<br/>Agradecimientos para la 8ª edición<br/>Agradecimientos en ocasión de la séptima edición del t.3<br/>Prólogo a la sexta edición<br/>Prólogo a la quinta edición<br/>Prólogo a la cuarta edición<br/>Prólogo a la segunda edición, por Juan Francisco Linares<br/>Prólogo a la primera edición, por Juan Francisco Linares<br/><br/>Introducción<br/>1. Las seudo nociones fundantes del derecho administrativo<br/>2. El modelo autoritario de acto administrativo<br/>3. La prevalencia de un interés o bien sobre otro<br/>4. El eje de la tutela judicial efectiva o la jurisdicción revisora del acto<br/>5. El control de los hechos. Confusión de jurisdicción ordinaria y extraordinaria<br/>6. El incumplimiento de las garantías del ciudadano y la legalidad<br/>7. Una respuesta coherentemente autoritaria<br/>8. El sistemático incumplimiento de la constitución<br/>8.1. En general<br/>8.2. La cuestión en el derecho público provincial<br/>8.3. La modificación o sustitución de oficio del acto administrativo<br/>9. Invocar la seguridad jurídica a favor del Estado<br/>10. Prevenir o coadyuvar a la corrupción<br/>11. Quo vadis?<br/><br/>Capítulo I: El acto administrativo como parte de la función administrativa<br/>1. Recapitulación. El objetivo del análisis no es definir el acto administrativo sino sistematizar la actividad administrativa<br/>2. Acto jurídico y acto administrativo<br/>3. La noción de acto administrativo no depende del régimen de revisión de los actos<br/>4. Continuación. El concepto subjetivo de acto administrativo<br/>5. Los conceptos subjetivo y objetivo de función administrativa<br/>6. La oposición de los criterios de función administrativa y acto administrativo<br/>7. Crítica del concepto orgánico o subjetivo<br/>8. Continuación<br/>9. La posible pérdida de conexidad entre las nociones de función administrativa y acto administrativo<br/>10. El acto administrativo como manifestacion del ejercicio de la función administrativa<br/>11. El acto administrativo -y no los contratos administrativos- de entes no estatales<br/>12. Distintos ejemplos de actos administrativos de personas no estatales<br/>12.1. Las corporaciones profesionales<br/>12.2. Las asociaciones dirigidas<br/>12.3. Los concesionarios y licenciatarios<br/>12.4. Sociedades del Estado<br/>12.5. Medios de transporte público<br/>12.6. Otros casos. La potestad a medio camino entre derecho público y privado<br/>13. Club de campo y barrios cerrados<br/>14. Conclusiones<br/><br/>Capítulo II: El acto administrativo como productor de efectos jurídicos<br/>I. Introducción<br/>1. La actividad administrativa apta o no para producir efectos jurídicos directos<br/>2. Debe tratarse de efectos jurídicos directos, no de culaquier efecto jurídico<br/>2.1. Efectos jurídicos inmediatos<br/>2.2. Se excluyen los efectos jurídicos mediatos<br/>2.3. La cuestión de la notificación<br/>II. Distintos alcances de los efectos jurídicos<br/>3. Los efectos jurídicos no necesitan ser definitivos<br/>3.1. Efectos provisionales y definitivos<br/>3.2. Efectos definitivos en sede administrativa<br/>3.3. Actos interlocutorios y definitivos<br/>3.4. Actos o medidas preparatorias y actos interlocutorios o de mero trámite<br/>3.5. Actos administrativos interlocutorios y actos administrativos definitivos<br/>3.5.1. Diferencias en cuanto a los recursos aplicables<br/>3.5.1.1. Recursos administrativos<br/>3.5.1.2. Remedios judiciales<br/>3.5.2. Diferencia en cuanto a las situaciones que originan las calificaciones<br/>3.5.3. Conclusiones<br/>3.6. Acto administrativo definitivo y acto administrativo asimilable a él<br/>4. Los efectos jurídicos pueden ser relativos a particulares, a funcionarios o entes administrativos<br/>5. Quedan comprendidos los actos de contralor<br/>6. Criterio subjetivo u objetivo de la producción de efectos jurídicos<br/>6.1. La voluntad psíquica del agente<br/>6.2. Certificaciones y opiniones productoras de efectos jurídicos directos. Registros e inscripciones<br/>6.3. Conclusiones<br/>7. Los efectos jurídicos pueden ser lícitos o ilícitos<br/>8. Lo atinente a la moral<br/>9. Los efectos jurídicos según sean unilaterales o bilaterales, individuales o generales<br/>III. Efectos públicos o privados del acto<br/>10. Distinción entre los efectos públicos y privados de la actividad administrativa<br/>11. La distinción entre acto civil de la administración y acto administrativo es una aplicación de la teoría de la doble personalidad del Estado<br/>12. El derecho privado no se aplica a todos los elementos del acto administrativo<br/>13. La aplicación del derecho público en los supuestos actos civiles de la administración<br/>14. No existen consecuencias jurídicas diversas de importancia según que a un acto se lo califique de civil en su objeto<br/>15. Conclusión<br/>IV. Efectos en relación al tiempo<br/>16. La retroactividad<br/>17. Efectos para el futuro<br/>18. Comparación<br/><br/>Capítulo III: La distinción entre acto y hecho administrativo<br/>I. Fundamento dela distinción entre acto y hecho<br/>1. Recapitulación previa<br/>2. La distinción entre actos y hechos producidos en el ejercicio de la función administrativa<br/>3. Objeciones a la distinción entre actos y hechos. El silencio de la administración: introducción<br/>4. Por qué se distinguen los actos de los hechos<br/>4.1. Corteza jurídica: la fundamentación del acto<br/>4.2. Indole de los efectos jurídicos<br/>4.3. Presunción de legitimidad. Términos de impugnación. Consentimiento<br/>4.4. La sanción de nulidad<br/>4.5. El derecho positivo<br/>4.6. Conclusión<br/>II. Alcance de la distinción entre acto y hecho<br/>5. El acto administrativo como manifestación de voluntad<br/>6. El acto administrativo como voluntad, conocimiento u opinión<br/>7. El acto administrativo como declaración<br/>8. Diferencia entre declaración y ejecución material<br/>9. Conclusión acerca de la distinción entre actos y hechos administrativos<br/>10. Algo más acerca de carteles, silbatos, barreras, etc.<br/><br/>Capítulo IV: Actos administrativos, reglamentos y contratos administrativos<br/>1. Los actos jurídicos de la administración y su clasificación<br/>2. Discrepancias terminológicas, no de fondo<br/>3. Criterio para seleccionar la denominación<br/>4. Aspectos comunes del régimen administrativo<br/>5. Diferencias en el régimen administrativo de los reglamentos y actos concretos<br/>5.1. Notificación y publicación<br/>5.2. Jerarquía normativa del reglamento sobre el acto administrativo<br/>5.3. Estabilidad del acto regular<br/>5.4. Motivación del acto administrativo y el reglamento<br/>5.5. Audiencia previa en el reglamento y en el acto administrativo<br/>5.6. El acto administrativo producido por silencio de la administración pública<br/>5.7. Potestad de emitirlos<br/>5.8. Efectos de la interposición de recursos<br/>5.9. Retroactividad e irretroactividad del saneamiento<br/>5.10. Retroactividad del acto administrativo sustitutivo o favorable al interesado<br/>5.11. El reglamento como fuente de competencia<br/>5.12. Impugnación<br/>5.12.1. Casos de impugnación<br/>5.12.2. Autoridad competente para entender en el recurso<br/>5.12.3. Término para la interposición del recurso<br/>5.12.4. Efectos del recurso de alzada contra reglamentos<br/>5.12.5. Conclusión<br/>5.13. Procedimiento de elaboración<br/>5.14. Terminación del procedimiento<br/>5.15. Impugnación judicial<br/>5.16. Primeras conclusiones<br/>6. La prueba práctica de la conveniencia de una u otra terminología<br/>7. La distinción entre el reglamento y el acto administrativo general<br/>8. Actos y contratos administrativos<br/>9. La distinción entre acto unilateral y bilateral<br/>10. El acto unilateral en su formación, de efectos bilaterales<br/>11. Los actos que requieren solicitud o aceptación<br/>11.1. Efectos del acto: pueden ser bilaterales<br/>11.2. La formación del acto<br/>12. Conclusión<br/>13. Noción de acto administrativo<br/><br/>Capítulo V: Presunción de legitimidad, exigibilidad y ejecutoriedad<br/>I. Introducción<br/>1. Caracteres y nulidades del acto administrativo<br/>1.1. Remisión metodológica<br/>1.2. Nulidades del acto administrativo<br/>1.3. Incidencia del decreto ley 19549/72 y su eficacia<br/>II. Presunción de legitimidad<br/>2. La presunción de legitimidad. Crítica<br/>3. La presunción de legitimidad en la jurisprudencia<br/>3.1. Jurisprudencia tradicional<br/>3.2. El caso Pustelnik (fallos, 293:133)<br/>3.3. El acto policial nulo o vía de hecho y su desobediencia<br/>4. Fundamentos de la presunción de legitimidad<br/>4.1. Fundamento teórico y práctico. Sus alcances<br/>4.2. Fundamento positivo de la presunción de legitimidad<br/>4.3. Consecuencia de admitir la presunción de legitimidad solamente para el acto regular<br/>5. Efectos de la presunción de legitimidad<br/>5.1. Igualación provisional de los actos legítimos e ilegítimos<br/>5.2. Necesidad de pedir la ilegitimidad<br/>5.3. ¿Necesidad de probar la ilegitimidad?<br/>5.4. Exigibilidad del acto ilegítimo<br/>6. Presunción de legitimidad y estabilidad del acto administrativo<br/>III. Exigibilidad u obligatoriedad. Ejecutoriedad<br/>7. La exigibilidad y ejecutoriedad del acto administrativo. Distinción<br/>7.1. Criterio tradicional. Fundamento y alcances<br/>7.2. Derecho nacional y comparado<br/>7.3. Ejercicio de la fuerza y potestad de disponerlo<br/>7.4. Implicancia política del tema<br/>7.5. Otro derecho comparado<br/>7.6. Conclusiones<br/>8. La ejecutoriedad. Alcances y medios<br/>9. La ejecutoriedad en el decreto ley 19549/72 y en la práctica<br/>9.1. La ejecutoriedad en el decreto ley 19549/72<br/>9.1.1. No comprende la coerción indirecta (aplicación de sanciones)<br/>9.1.2. La ejecución por los propios medios de la administración<br/>9.1.2.1. Ejecución en lugar del particular. La propiedad<br/>9.1.2.2. La ejecución violentando al particular. La libertad<br/>9.1.3. Conclusiones sobre la ejecutoriedad en el art. 12<br/>9.2. La ejecutoriedad en la práctica<br/>10. La suspensión administrativa de la ejecución del acto<br/>10.1. La solución tradicional y su mutación<br/>10.2. La tesis de Linares<br/>10.3. El decreto ley 19549/72<br/>10.3.1. Ejecutoriedad y efecto no suspensivo de los recursos<br/>10.3.2. La facultad discrecional de suspender el acto ante la interposición del recurso<br/>10.3.3. El caso de la suspensión que perjudica a un tercero<br/>10.3.4. La obligación de suspender el acto impugnado cuando hay una nulidad absoluta<br/>10.3.4.1. La obligación de revocar el acto nulo<br/>10.3.4.2. La fuente de la disposición<br/>10.3.4.3. Las obligaciones del cargo<br/>10.3.4.4. El deber de obediencia<br/>10.3.4.5. El problema semántico<br/>10.3.4.6. Conclusiones<br/>11. La suspensión judicial de la ejecución del acto administrativo<br/>11.1. En general<br/>11.2. Recursos otorgados por leyes especiales<br/>11.2.1. Caso en que la ley no resuelve sobre el efecto de la interposición<br/>11.2.2. Casos en que la ley otorga efecto devolutivo al recurso<br/>11.2.3. Conclusiones acerca de los recursos otorgados por leyes especiales<br/><br/>Capítulo VI: Estabilidad e impugnabilidad<br/>I. Estabilidad<br/>1. La estabilidad del acto administrativo que reconoce derechos<br/>2. Caracteres. Diferencias entre cosa juzgada judicial y cosa juzgada administrativa<br/>3. Requisitos de la estabilidad<br/>4. Acto administrativo<br/>4.1. Unlateralidad<br/>4.2. Individualidad<br/>5. Que de él hayan nacido derechos subjetivos<br/>5.1. No hay estabilidad de los intereses<br/>5.2. No hay estabilidad de los deberes<br/>5.3. Funciona a favor, no en contra, del administrado<br/>5.4. Debe declarar un derecho<br/>5.5. El derecho puede ser civil o administrativo<br/>6. Que sea notificado al interesado<br/>7. El problema de la regularidad del acto<br/>7.1. El acto anulable tiene estabilidad<br/>7.2. La estabilidad del acto nulo<br/>7.2.1. Requisitos de la estabilidad del acto nulo<br/>7.2.1.1. Prestaciones o derechos subjetivos<br/>7.2.1.2. Acto firme y consentido<br/>7.2.2. La suspensión del acto y la estabilidad: no procede la suspensión en sede administrativa del acto estable<br/>7.2.3. Consecuencias de la indebida ejecución de un acto nulo o la indebida desobediencia a un acto regular<br/>7.3. La protección cotnra la revocación del acto estable<br/>8. Que se trate de un acto de la administración activa<br/>9. Dictado en ejercicio de facultades regladas o discrecionales<br/>10. Excepciones a la estabilidad<br/>10.1. Las excepciones normativas<br/>10.1.1. Connivencia dolosa<br/>10.1.2. Revocación a favor del interesado<br/>10.1.3. La revocación de los actos precarios<br/>10.1.3.1. Cargos sin estabilidad<br/>10.1.3.2. La revocación de permisos de estacionamiento<br/>10.1.4. La revocación de los contratos<br/>10.1.5. El caso de los permisos de construcción<br/>10.2. La excepción cuando hay una ley que autorice la revocación. La revocación por oportunidad según el art. 18<br/>10.2.1. Enunciación general<br/>10.2.2. Revocación y propiedad<br/>10.2.3. Revocación y estabilidad<br/>10.2.4. Revocación y expropiación<br/>10.2.5. La estabilidad en la función pública<br/>10.2.6. La revocación de la autorización para funcionar<br/>10.2.7. Conclusiones acerca de la revocación por mérito<br/>II. Impugnabilidad<br/>11. Fundamento de la impugnabilidad<br/>11.1. En sede administrativa<br/>11.2. En sede judicial<br/>11.3. En sede arbitral internacional<br/>11.4. Comparación<br/><br/>Capítulo VII: Los actos administrativos como instrumentos públicos<br/>1. La presunción de legitimidad y el carácter de instrumentos públicos de los actos administrativos<br/>2. Actuaciones judiciales y actuaciones administrativas<br/>3. Los actos administrativos como intrumentos públicos<br/>3.1. Acto jurídico e instrumento del acto jurídico<br/>3.2. Acto jurídico e intrumento público<br/>3.3. Acto administrativo e instrumento público<br/>4. La plena fe del instrumento público y el acto administrativo<br/>5. Los efectos probatorios frente a terceros del acto administrativo-instrumento público<br/>5.1. La constatación del agente público<br/>5.2. Los casos de voluntario acatamiento<br/>5.3. La cuestión penal<br/>5.4. La constatación con otros medios de prueba<br/>6. Los actos administrativos-instrumentos públicos no tienen fuerza ejecutiva en sede judicial<br/>7. ¿Los documentos administrativos, son instrumentos públicos? Necesidad de norma legal expresa<br/>8. El art. 979 del código civil no incluye a los actos ni a las actuaciones administrativas<br/>9. Los instrumentos públicos en la era digital<br/>10. Conclusiones<br/><br/>Capítulo VIII: Objeto y competencia del acto administrativo<br/>I. Elementos y vicios del acto administrativo<br/>1. Elementos del acto administrativo<br/>2. Los vicios en relación a los elementos. Criterio de aplicación<br/>3. Vicios y nulidades<br/>II. Vicios del objeto<br/>4. Objeto prohibido<br/>4.1. En general<br/>4.2. Distintos vicios del objeto<br/>4.3. Objeto prohibido por provocar indefensión<br/>4.4. Precedentes. Doctrina de los actos propios<br/>5. Objeto violatorio de faultades regladas<br/>5.1. Planeteamiento general<br/>5.2. Continuación. La ilegalidad del objeto en caso de silencio, vías de hecho e inexistencia de acto administrativo notificado en forma previa a su ejecución<br/>5.3. Los conceptos jurídicos indeterminados. El caso de la discriminación<br/>5.3.1. Un ejemplo del dilema: igualdad y no discriminación<br/>5.3.2. ¿Es esta una cuestión semántica?<br/>5.3.3. Libertad y administración pública<br/>5.3.4. Algunas conclusiones<br/>6. Imprecisión u oscuridad<br/>7. Imposibilidad de hecho<br/>8. Irrazonabilidad<br/>8.1. La contradicción del acto<br/>8.2. La falta de proporcionalidad<br/>8.3. La absurdidad del objeto<br/>9. Inmoralidad. La ética pública<br/>9.1. La ley inmoral<br/>9.2. El acto inmoral<br/>9.3. El acto inmoral por corrupción o ineficiencia grosera<br/>9.4. La degradación de la moral y la ética<br/>9.5. La omisión de resolver como corrupción<br/>III. Competencia<br/>10. Concepto y alcances<br/>11. Competencia en razón del grado<br/>12. Competencia en razón de la materia<br/>12.1. Incompetencia respecto a materias judiciales<br/>12.2. Incompetencia respecto a materias legislativas<br/>12.3. Incompetencia respecto a materias administrativas de otros órganos<br/>13. Competencia en razón del territorio<br/>14. Competencia en razón del tiempo<br/><br/>Capítulo IX: Vicios de la voluntad<br/>I. Vicios de tipo objetivo<br/>1. Aspectos subjetivos y objetivos de la voluntad administrativa<br/>2. Enumeración de los vicios de la voluntad<br/>3. Vicios en el origen de la voluntad<br/>4. Vicios de la voluntad, previos a la emisión del acto<br/>4.1. La garantía de defensa. El sumario previo<br/>4.1.1. De victimario a víctima. La difícil situación del sumariante<br/>4.1.2. La denegación inmotivada de prueba<br/>4.2. Intimación previa. Sorpresa, contramarchas, confianza legítima<br/>4.3. Audiencia pública, licitación pública; publicidad y transparencia<br/>4.4. Compulsa y concurrencia de interesados: concurso y licitación<br/>4.5. Opinión, dictamen o informe sustancial<br/>4.5.1. En general<br/>4.5.2. La inexplicable excepción del dictamen jurídico previo<br/>4.6. Otros vicios de procedimiento<br/>4.7. Efecto sinérgico de los vicios<br/>4.8. Circunstancias mitigantes<br/>5. Vicios en la emisión de la voluntad<br/>5.1. Actos simples dictados por órganos colegiados<br/>5.2. Actos complejos<br/>5.3. Actos que requieren autorización<br/>5.4. Actos que requieren aprobación<br/>5.4.1. En general<br/>5.4.2. Acto y proyecto de acto<br/>5.4.3. Atribuciones del órgano de control<br/>5.4.4. Efectos de la apobación<br/>5.4.5. Revocación<br/>5.4.6. Competencia originaria<br/>5.5. Actos que requieren registro, inscripción, etc.<br/>II. Vicios de tipo subjetivo<br/>6. Desviación de poder<br/>6.1. Noción y fundamento<br/>6.2. Fundamento legal y antecedentes<br/>6.3. Casos de desviación de poder<br/>6.4. Aspectos probatorios<br/>7. Arbitrariedad<br/>8. Distintos casos de arbitrariedad<br/>8.1. Actos que omiten decidir<br/>8.2. Decisiones que prescinden de los hechos<br/>8.3. La fundamentación normativa seria y su sustento fáctico<br/>8.4. Actos ilógicamente motivados<br/>8.4.1. Falacias no formales<br/>8.4.1.1. El anquilosado paradigma de la prevalencia del interés público, bien común, etc.<br/>8.4.1.2. La falacia de conclusión inatinente<br/>8.4.1.3. El argumento ad hominem<br/>8.4.1.4. Otras falacias no formales<br/>8.4.2. Falacias formales<br/>8.5. Otras hipótesis<br/>9. Diferencia entre la arbitrariedad y el vicio tradicional de violación de la ley<br/>10. Error<br/>10.1. El error como causal de nulidad<br/>10.2. Errores de menor gravedad<br/>10.3. Acerca del llamado error de derecho<br/>10.4. El error no invalidante<br/>11. Dolo, violencia, simulación<br/>11.1. Dolo<br/>11.1.1. Dolo del individuo<br/>11.1.2. Dolo del funcionario<br/>11.1.3. Dolo del individuo y del funcionario<br/>11.2. Violencia o intimidación<br/>11.2.1. Violencia sobre el individuo<br/>11.2.2. Violencia sobre el funcionario<br/>11.2.3. Observaciones comunes<br/>11.3. Simulación<br/>11.3.1. Simulación y eficacia del acto. Antedatado y retroactividad<br/>11.3.2. Aspectos probatorios. Relación con otros vicios<br/>11.3.3. La simulación de los actos administrativos y su pretendido carácter de instrumentos públicos<br/>11.3.4. Morosidad y simulación administrativa<br/><br/>Capítulo X: Formalidades<br/>I. Formas de instrumentación y publicidad<br/>1. Introducción<br/>1.1. Finalidad<br/>1.2. Enunciación<br/>1.2.1. Procedimiento previo al acto<br/>1.2.2. Instrumentación. Fundamentación o motivación<br/>1.2.3. Notificación<br/>2. La forma escrita<br/>2.1. Su exigibilidad<br/>2.2. Su registro físico: el papel, o el soporte electrónico<br/>3. Lugar y fecha<br/>3.1. La fecha<br/>3.2. El lugar<br/>4. El número<br/>5. El órgano y entidad de que emana el acto<br/>6. La fundamentación o motivación<br/>6.1. Terminología y alcances<br/>6.2. Fundamentos<br/>6.3. Consecuencias de su omisión<br/>6.4. Requisitos de una fundamentación suficiente<br/>6.5. La fundamentación previa, concominante y ulterior<br/>6.6. La fundamentación defectuosa como excusa de la anulación judicial<br/>7. Parte dispositiva o resolutiva<br/>8. La firma del acto<br/>8.1. Distintos tipos de firma<br/>8.2. El acto sin firma alguna<br/>8.3. Variantes de firma a ruego en la función pública<br/>8.4. Algunas formas anómalas de certificación<br/>8.5. La firma por sello<br/>8.6. El correo electrónico sin firma<br/>8.7. La firma electrónica o digital<br/>9. Otras formas de instrumentación<br/>9.1. Forma oral<br/>9.2. Signos<br/>9.3. Actos tácitos<br/>9.4. El silencio<br/>9.5. El voto emitido por signos, ¿o también por silencio?<br/>10. Formas de pubicidad<br/>11. Especies de formas de publicidad: publicación y notificación<br/>11.1. ¿La publicidad no integra el acto?<br/>11.2. Publicación<br/>11.3. Notificación<br/>11.3.1. Requisitos de validez<br/>11.3.1.1. Transcripción íntegra del acto<br/>11.3.1.2. Recursos, plazos y efectos<br/>11.3.1.3. Vista de las actuaciones<br/>11.3.1.4. Plazo de la notificación válida<br/>11.3.1.5. Otros<br/>11.4. La notificación verbal<br/>11.5. La notificación espontánea<br/>11.6. No cabe la notificación espontánea de un reglamento<br/>II. Otros criterios relativos a la forma. Crítica<br/>12. La forma y la expresión de la voluntad<br/>13. La distinción entre formas ad substantiam y ad probationem<br/>14. La distinción entre formas esenciales y no esenciales<br/>14.1. El criterio doctrinario y legal<br/>14.2. Casos de nulidad por violación de formas<br/>15. Crítica de la distinción entre forma y formalidad<br/>16. Continuación. Desajuste de la distinción con el derecho positivo<br/>17. Arguendo: ¿quid si hablamos de formas esenciales?<br/>18. El efecto sinérgico de los vicios de forma y otros<br/>Capítulo XI: Sistema de nulidades del acto administrativo<br/>I. Finalidad de la teoría o sistema<br/>1. Las nulidades son sólo relaciones entre otros conceptos<br/>2. Qué debe explicar un sistema de las nulidades<br/>3. Debe analizarse el régimen, no las denominaciones<br/>II. Inaplicabilidad literal de las nulidades del código civil<br/>4. Diferencias generales entre el sistema de las nulidades civiles y el sistema de las nulidades administrativas<br/>5. Distintos casos o especies de nulidades. Criterio de comparación<br/>6. Nulidades absolutas y relativas del código civil<br/>7. Comparación con el derecho administrativo<br/>8. Actos nulos y anulables<br/>8.1. La solución tradicional<br/>8.2. La solución después del decreto ley 19549/72<br/>8.3. Conclusiones<br/>III. Nulidades administrativas en particular<br/>9. Especies de nulidades administrativas<br/>9.1. El supuesto de mayor gravedad de las consecuencias jurídicas<br/>9.2. El supuesto de las sanciones de menor gravedad<br/>9.3. El supuesto de la inaplicación de sanciones por el vicio<br/>10. Su denominación. La afirmación de que hay nulidad absoluta en el acto administrativo<br/>11. La inexistencia de acto administrativo; vías de hecho de la administración. Los actos carentes de virtualidad jurídica para modificar la situación jurídica de las partes<br/>11.1. Comparación con la nulidad<br/>11.1.1. La prescripción y la caducidad de la acción<br/>11.1.2. La estabilidad del acto<br/>11.1.3. La declaración de oficio<br/>11.1.4. La competencia judicial<br/>11.1.5. La presunción de legitimidad del acto nulo<br/>11.1.6. La audiencia de la administración<br/>11.1.7. La elección de vías<br/>11.2. Ejemplos de inexistencia de acto administrativo<br/>11.3. Conclusiones sobre el régimen jurídico de la inexistencia, vías de hecho o meros pronunciamientos sin virtualidad jurídica<br/>12. Fundamento del sistema de nulidades del acto administrativo<br/>12.1. Impropiedad de remitirse al código civil para construir el sistema de las nulidades de los actos administrativos<br/>12.2. Fundamento lógico jurídico<br/>12.3. Las nulidades como sanciones implícitas del orden jurídico<br/>13. Conclusión. Enunciación y denominación de las nulidades administrativas<br/>13.1. Actos regulares<br/>13.1.1. Actos válidos<br/>13.1.2. Actos anulables<br/>13.2. Actos irregulares<br/>13.2.1. Actos nulos<br/>13.2.2. Inexistencia de acto; vías de hecho; mero pronunciamiento de la administración<br/>13.3. Concordancias y remisiones<br/>14. La no aplicabilidad del acto, como caso especial de nulidad<br/>IV. Vicios que determinan las nulidades del acto administrativo<br/>15. La pretendida solución del decreto ley<br/>16. Criterio de apreciación<br/>17. Crítica de la valoración usual de los vicios del acto administrativo<br/>18. La política jurídica de la jurisprudencia<br/><br/>Capítulo XII: Modificación del acto administrativo<br/>1. Introducción. Se deben analizar los actos a modificarse o extinguirse, no los llamados medios de modificación o extinción<br/>2. Extinción y modificación<br/>3. Modificación de actos válidos y nulos o anulables<br/>4. Modificación de actos válidos. Rectificación o corrección material<br/>5. Aclaración<br/>6. Reforma<br/>7. Modificación de actos nulos o anulables. Saneamiento<br/>7.1. Saneamiento administrativo y judicial<br/>7.2. Explicar al otro<br/>8. Ratificación<br/>9. Confirmación<br/>9.1. La confirmación en derecho privado y en derecho administrativo<br/>9.2. Lo atinente a la prescripción<br/>9.3. La confirmación en el decreto ley 19549/72<br/>10. Comparación entre saneamiento, confirmación y ratificación<br/>11. Conversión<br/>11.1. Conversión por circunstancia sobreviniente<br/>12. Sustitución y reforma<br/>13. Improcedencia de la sustitución<br/>14. La orden judicial de sustitución<br/>15. La sustitución judicial a la ejecutoriedad administrativa<br/>16. La reelaboración del acto<br/>17. El acto expresamente sujeto a sustitución o reforma<br/><br/>Capítulo XIII: Extinción<br/>I. Introducción<br/>1. Concepto de extinción<br/>II. Extinción de actos ilegítimos<br/>2. Distintos supuestos<br/>3. Anulación y revocación por ilegitimidad<br/>3.1. Terminología<br/>3.2. La suspensión como extinción<br/>4. La ilegitimidad sobreviniente<br/>4.1. Por cambio en el ordenamiento<br/>4.1.1. Límites de la ilegitimidad sobreviniente<br/>4.2. Por un cambio en la realidad<br/>4.3. Necesidad de pronunciamiento expreso<br/>4.4. Comparación con la revocación por inoportunidad<br/>4.4.1. Autoridad competente<br/>4.4.2. Caducidad y prescripción<br/>4.4.3. Indemnización<br/>4.5. Efectos en relación al tiempo<br/>4.6. El caso de los actos precarios<br/>4.6.1. Cambio normativo<br/>4.6.2. Cambio fáctico<br/>4.7. El caso de los actos de conocimiento<br/>III. Extinción de actos legítimos<br/>5. Distintos supuestos<br/>6. Extinción de pleno derecho de actos legítimos<br/>6.1. Cumplimiento<br/>6.1.1. Cumplimiento del término<br/>6.1.2. Cumplimiento del objeto<br/>6.1.3. Cumplimiento de la condición<br/>6.2. Imposibilidad de hecho<br/>6.2.1. Falta de sustrato personal<br/>6.2.2. Falta de sustrato material<br/>6.2.3. Falta de sustrato jurídico<br/>7. Extinción de actos legítimos dispuesta por acto administrativo<br/>7.1. Caducidad<br/>7.2. Desuso<br/>7.3. Revocación por razones de oportunidad<br/>7.4. escate<br/>8. Extinción por el particular de actos legítimos<br/>8.1. Renuncia<br/>8.2. Rechazo<br/>8.3. Actos contractuales<br/><br/>Indice T.4<br/><br/>Prólogo de Jorge A. Sáenz<br/>Acerca de la 10ª ed. del tomo 4<br/>Agradecimientos en la 9ª ed. del tomo 4<br/>Agradecimientos en la 8ª ed. del tomo 4<br/>Agradecimientos en ocasión de la edición mexicana de los cuatro volúmenes<br/>Prólogo a la sexta edición del t.4<br/>Prólogo a la quinta edición del t.4<br/>Agradecimientos en ocasión de la 4ª edición del t.4<br/><br/>Capítulo I: Las partes<br/>I. Capacidad para ser parte<br/>1. Capacidad civil y capacidad administrativa<br/>2. La regla general: personas físicas o jurídicas, asociaciones, etc.<br/>3. El caso del menor adulto<br/>3.1. Menor adulto funcionario público<br/>3.2. Menor adulto que ejerce profesión o industria<br/>3.3. Menor adulto con título profesional habilitante<br/>3.4. Menor adulto que ingresa a la función pública<br/>3.5. Menor emancipado por matrimonio<br/>3.6. Menor adulto como usuario o administrado<br/>3.7. Conclusiones<br/>4. Menor impúber<br/>5. El inmigrante irregular<br/>5.1. La asistencia jurídica y lingüística gratuita al inmigrante irregular<br/>5.2. Régimen de recursos y acciones<br/>6. Menores internados<br/>7. Adultos con capacidad limitada<br/>7.1. Sordomudos<br/>7.2. Enfermedades mentales<br/>7.3. Otros casos de capacidad limitada<br/>8. Entes estatales con personalidad jurídica<br/>9. Organos administrativos sin personalidad jurídica<br/>9.1. Organos que defienden atribuciones del ente al que pertenecen<br/>9.2. Organos que impugnan actos de un superior jerárquico que ha ejercido control de legitimidad sobre ellos<br/>9.3. Organo interventor que impugna actos de quien lo designa<br/>9.4. Otros casos<br/>10. Funcionarios o empleados públicos<br/>11. Sustitución de partes: herederos<br/>12. Terceros<br/>II. Representación y patrocinio de las partes<br/>13. Representación<br/>13.1. Admisibilidad<br/>13.2. Quiénes pueden ser representantes<br/>13.3. Formas de la representación<br/>13.3.1. Poder notarial<br/>13.3.2. Copia simple de poder, firmada por apoderado o letrado<br/>13.3.3. Otros supuestos de copia simple de poder<br/>13.3.4. Poder apud acta<br/>13.3.5. Carta poder autenticada<br/>13.3.6. Carta poder simple<br/>13.3.7. Representación necesaria. Casos en que se requiere probarla<br/>13.3.8. Representación presunta. Gestiones verbales<br/>13.3.9. Mandato tácito<br/>13.3.10. Gestión de negocios. Casos de urgencia<br/>13.4. Intervención del representante y representado<br/>13.5. Extinción<br/>13.6. Representación unificada y su revocación<br/>13.7. Separación administraiva del mandatario<br/>14. Patrocinio<br/>14.1. No exigibilidad<br/>14.2. Patrocinio no letrado<br/>14.3. El patrocinio letrado como garantía constitucional<br/>14.4. Conveniencia de exigir el patrocinio letrado<br/>14.5. Patrocinio y representación<br/>14.6. Patrocinio letrado obligatorio y costas<br/>14.7. Patrocinio letrado en el procedimiento impositivo<br/>15. Asistencia jurídica<br/><br/>Capítulo II: El administrador<br/>I. Introducción<br/>1. Extensión del concepto de administrador. Su carácter de parte<br/>II. Facultades respecto al trámite<br/>2. Resoluciones de mero trámite<br/>3. Competencia para decidir la procedencia formal de los recursos<br/>4. Momento en el cual resolver sobre la admisión formal del recurso<br/>5. Criterio para la admisión de los recursos. El principio pro actione<br/>6. Elevación al superior de los recursos y denuncias<br/>7. El rechazo de escritos por la mesa de entradas<br/>7.1. Expresione injuriosas<br/>7.2. Escritos improcedentes<br/>7.3. Comparación y conclusiones. La administración como acción<br/>8. La impulsión e instrucción de oficio<br/>9. Invitación a las partes a reuniones<br/>10. Caducidad del procedimiento<br/>11. Facultades disciplinarias<br/>11.1. Problemas que presenta<br/>11.2. La norma legal<br/>11.3. Destinatarios de la norma<br/>11.4. Organo competente para ejercerlas<br/>11.5. Sanciones aplicables<br/>11.5.1. Graduación de su ejercicio<br/>11.5.2. Llamado de atención o apercibimiento<br/>11.5.3. Testado<br/>11.5.4. Multas<br/>11.5.5. Exclusión de las audiencias<br/>11.5.6. Separación delos apoderados<br/>III. Facultades respecto al fondo de los recursos<br/>12. Revocacion de su propio acto, impugnado jerárquicamente<br/>12.1. Límites a la facultad de revocar<br/>13. Revocación de los actos de los inferiores, impugnados jerárquicamente<br/>14. Revocación del propio acto luego de resuelto el recurso jerárquico por el superior<br/>14.1. Admisión del recurso<br/>14.2. Rechazo del recurso por razones formales<br/>14.3. Rechazo de la denuncia de ilegitimidad<br/>14.4. Rechazo del recurso<br/>15. Decisión del recurso. Inadmisibilidad de la reformatio in pejus<br/>IV. Deberes del administrador<br/>16. Facilitar la defensa del interesado<br/>17. Impulsar el trámite<br/>18. Requerir y brindar directamente informes a otras reparticiones<br/>19. Producir la prueba<br/>20. Decidir expresamente todas las peticiones<br/>21. Caracteres y requisitos que debe reunir la decisión<br/>21.1. Requisitos previos de validez<br/>21.1.1. Audiencia<br/>21.1.2. Procedimientos esenciales<br/>21.1.3. Dictamen letrado<br/>21.1.4. Causa<br/>21.2. Requisitos del acto a emitirse<br/>21.2.1. Competencia<br/>21.2.2. Motivación de hecho y de derecho<br/>21.2.3. Decidir todas las cuestiones propuestas<br/>21.2.4. Otros requisitos de validez<br/>22. Continuación: desistimiento del recurrente y archivo de las actuaciones<br/>22.1. Caso de desistimiento<br/>22.2. Archivo<br/>V. Recusación y excusación<br/>23. Procedencia de la recusación<br/>24. Oportunidad de plantear la recusación<br/>24.1. Causales preexistentes<br/>24.2. Causales sobrevinientes<br/>25. Efectos de la interposición de la recusación<br/>26. Causales comunes de recusación y excusación<br/>27. Otras causales de recusación<br/>27.1. Incompatibilidades y conflicto de intereses<br/>27.2. El perjuicio personal<br/>27.3. El prejuzgamiento como causal de recusación<br/>28. a recusación sin expresión de causa<br/>29. Personas que pueden ser recusadas<br/>29.1. En general<br/>29.2. Individualización del o los recusados<br/>29.3. El caso del Presidente, el Jefe de Gabinete y los ministros<br/>30. Excusación. Causales que la hacen obligatoria o facultativa<br/>31. Trámite<br/>VI. Responsabilidad del administrador<br/>32. Caracteres de la responsabilidad civil. Remisión<br/>33. Importancia práctica de la responsabilidad civil del funcionario<br/><br/>Capítulo III: Los recursos administrativos<br/>I. Concepto<br/>1. Concepto amplio<br/>1.1. Medios de protección<br/>1.2. Carga del aministrado y privilegio incausado de la administración. Valladar para el acceso a la justicia<br/>2. Diferencias<br/>2.1. Autoridad que los decide<br/>2.2. Función que ejerce el que los decide<br/>2.3. Carácter en que actúa quien decide<br/>2.4. Extensión del control ejercido y legitimación<br/>2.5. Facultades procedimentales del órgano decidente<br/>2.6. Naturaleza del acto que decide el recurso<br/>2.7. Estabilidad de la decisión<br/>2.8. Congruencia con los precedentes<br/>2.9. Recurribilidad de la decisión<br/>2.10. Unidad de acción, pluralidad de recursos<br/>2.11. Onerosidad o gratuidad<br/>2.12. Intervención profesional requerida<br/>2.13. Dirección del proceso y del procedimiento<br/>2.14. Otras diferencias de procedimiento<br/>3. Recurso, reclamación y denuncia<br/>3.1. En la doctrina<br/>3.2. En la práctica argentina<br/>4. El recurso como acto y como derecho<br/>4.1. El recurso es un derecho<br/>4.2. El recurso es un acto<br/>4.3. El recurso es un medio de defensa<br/>4.4. El recurso como medio de conciliación<br/>4.5. Conclusiones<br/>II. Requisitos formales<br/>5. Los requisitos formales del decreto 1759/72 (t.o. 1991 por decr. 1883/91)<br/>5.1. Requisitos generales de cualquier escrito<br/>5.2. Requisitos de los escritos que específicamente inician un trámite<br/>5.3. Requisitos propios del recurso<br/>6. Su exigibilidad en la práctica<br/>7. Requisitos mínimos exigibles<br/>8. El recurso debe ser escrito. La cuestión de la oralidad<br/>8.1. La hipótesis de oralidad<br/>8.2. La relga de escritoriedad<br/>8.3. Papel<br/>8.4. Escritura<br/>8.5. Firma<br/>9. Presentación por telegrama o carta documento<br/>10. El recurso debe indicar el nombre, apellido y domicilio del recurrente<br/>III. Requisitos sustanciales<br/>11. La clara manifestación de voluntad<br/>12. Fundamentación del recurso<br/>IV. Omisión de requisitos formales o sustanciales<br/>13. Criterio a seguir<br/>14. La complementación de un recurso con otro<br/>V. Efectos de la interposición del recurso<br/>15. La suspensión o no del acto<br/>16. Interrumpe el término<br/>17. No interrumpe la prescripción de la acción<br/>18. Suspende la prescripción de la acción<br/>18.1. Suspensión por un año, una sola vez<br/>18.2. Caducidad de la instancia. Remisión<br/>18.3. Elplazo del art. 25: sus problemas empiezan en sede administrativa<br/>19. No implica trabar la litis en forma inmutable<br/>20. No afecta las facultades del inferior para revocar el acto impugnado<br/>21. Efectos de la interposición conjunta de más de un recurso<br/>21.1. Recursos improcedentes<br/>21.2. Recursos en subsidio<br/>22. Hacia la unidad del recurso administrativo<br/><br/>Capítulo IV: Acceso a las actuaciones administrativas<br/>I. Caracteres que debe reunir el acceso a las actuaciones<br/>1. Vistas y traslados en derecho procesal y en derecho administrativo<br/>2. Criterio general: el leal conocimiento de las actuaciones<br/>3. ¿Vista formal o informal?<br/>3.1. Procedimiento correcto: vista automática<br/>3.2. Procedimientos defectuosos de vista<br/>4. El traslado otorgado de oficio y la vista a pedido de parte<br/>4.1. Oportunidad en que debe disponerse el traslado<br/>4.2. El caso de los sumarios<br/>4.3. Los sumarios por monopolio<br/>4.4. Los sumarios en la función pública<br/>5. La notifiación de un acto implica la vista de las actuaciones<br/>6. Acceso subsiguiente<br/>7. Formas de tomar vista<br/>7.1. El derecho a obtener copias y el retiro del expediente en préstamo<br/>8. Términos para tomar la vista<br/>8.1. Ausencia de términos<br/>8.2. Suspensión de los términos<br/>8.3. Caso de denegación de la vista<br/>II. Limitaciones a la vista<br/>9. Admisibilidad de declarar reservadas partes del expediente<br/>10. Organo competente<br/>11. Indelegabilidad<br/>12. Requisitos del acto. El pedido de la reserva<br/>13. Reserva total o parcial<br/>14. Casos en que pueden reservarse partes del expediente<br/>14.1. Principio general<br/>14.2. Informes, dictámenes, pericias<br/>14.3. Dictámenes sobre un litigio actual<br/>14.4. Otros ejemplos<br/>15. El envío de expedientes administrativos relacionados con un juicio actual<br/>16. Efectos de la reserva<br/>17. ¿Pueden invocarse en la decisión las piezas reservadas?<br/>18. La irregularidad en las vistas como causal de nulidad<br/><br/>Capítulo V: Notificación y publicación<br/>1. Acto general o particular, productor de efectos jurídicos inmediatos<br/>2. La publicidad del acto como presupuesto del recurso<br/>3. Publicación<br/>4. La publicación debe reproducir íntegramente el acto<br/>5. Notificación<br/>6. Requisitos y formas de la notificación válida. El acto y sus circunstancias<br/>6.1. Notifiación personal<br/>6.2. Notificación espontánea<br/>6.3. Notificación por cédula<br/>6.4. Notificación por telegrama<br/>6.5. Por carta, oficio, etc., con aviso de recepción<br/>6.6. Notificación verbal<br/>6.7. Notificación por edictos, radial, televisiva<br/>6.8. La invitación a notificarse<br/>6.9. La notificación en zonas rurales<br/>6.10. Notificación por fax y por e-mail<br/>7. Falta de constancia de la notificación<br/>8. Notificación y publicación. Imposibilidad de intercambiarlas<br/>9. Improcedencia de recurrir a un reglamento no publicado<br/>10. Validez de la notificación<br/>10.1. El acto y su motivación deben notificarse íntegamente<br/>10.2. El deber de buena fe administrativa de informar fiel e integramente recursos y plazos<br/>10.3. El caso específico de la notificación apta para cerrar la vía judicial<br/>11. Notificación espontánea por el particular<br/>12. Obligación de notificar<br/><br/>Capítulo VI: Apertura a prueba, medios de prueba<br/>I. Apertura a prueba<br/>1. Oportunidad de efectuar la apertura a prueba<br/>2. Ejemplo de expediente mal llevado por no realizarse oportunamente la apertura a prueba<br/>3. Consecuencias prácticas de ese procedimiento defectuoso<br/>4. Ejemplo de tramitación correctamente efectuada<br/>5. Consecuencias prácticas de este procedimiento<br/>6. Aceptación del creiterio propuesto<br/>II. Modalidad de la apertura a prueba<br/>7. Producción informal de la prueba<br/>8. Producción de informes previamente a la eventual apertura a prueba<br/>9. Quién dispone la apertura a prueba<br/>10. La apertura a prueba y la fijación de los hechos a probarse<br/>10.1. Apertura a prueba para probar determinadas cuestiones de hecho<br/>11. La apertura a prueba, ¿constituye una facultad discrecional?<br/>12. La declaración de puro derecho<br/>13. Impugnación de la declaración de puro derecho<br/>14. La iniciación deun sumario como caso especial de apertura a prueba<br/>III. Medios de prueba<br/>15. Objeto de la prueba<br/>16. Medios de prueba admisibles<br/>17. Inadmisibilidad de las pruebas ilegítimamente obtenidas<br/>18. Indamisibilidad de pruebas secretas, reservadas o confidenciales<br/>19. Prueba de informes<br/>19.1. Informes de oficinas administrativas<br/>19.2. Informes de personasno estatales<br/>19.3. Contenido de los informes<br/>19.4. Información u opinión: informes y dictámenes<br/>20. Informes y delegación de diligencias procesales<br/>21. Comparación entre prueba de informes y prueba documental<br/>22. Prueba testimonial<br/>22.1. Quiénes pueden ser testigos: legislación aplicable<br/>22.2. Citación y audiencia<br/>22.3. Caracteres que deben reunir las preguntas<br/>22.4. Caracteres que deben reunir las respuestas<br/>22.5. Repreguntas<br/>22.6. Intérpretes<br/>22.7. La oralidad del testimonio<br/>22.8. ¿Prueba testimonial producida por escrito?<br/>23. Funcionarios que pueden declarar por informe<br/>24. Las repreguntas en el testimonio evacuado por informe<br/>25. Prueba de posiciones<br/>26. Prueba pericial<br/>26.1. Admisibilidad<br/>26.2. Procedimiento formal o informal<br/>26.3. Pruebas periciales especiales<br/>27. Prueba documental<br/>28. Otros medios de prueba<br/>29. La fotografía y firma digitalizadas<br/><br/>Capítulo VII: Producción y valoración de la prueba<br/>I. Carga de la prueba<br/>1. La carga de la prueba recae sobre la administración<br/>1.1. La realidad<br/>1.2. El principio jurídico<br/>2. La carga de la prueba y la presunción de legitimidad del acto administrativo<br/>3. La carga de la prueba en sede judicial y administrativa<br/>4. Casos comunes a las vías judicial y administrativa<br/>II. Gobierno, producción y control de la prueba<br/>5. Gobierno de la prueba<br/>6. El gobierno de la prueba no debe transformarse en un prejuzgamiento<br/>7. Proposición de la prueba: oportunidad de hacerla<br/>7.1. Durante el término de la prueba<br/>7.2. Durante el término de vista para hacer descargo y ofrecer prueba en los sumarios<br/>7.3. No habiendo término de prueba<br/>7.4. Cuando la administración introduce posteriormente hechos nuevos<br/>8. Requisitos materiales de la proposición de la prueba<br/>9. Admisión de la prueba<br/>9.1. Funcionarios competentes<br/>9.2. Criterio de admisión. Admisibilidad y eficacia de la prueba<br/>10. Producción concreta de la prueba. Modalidades<br/>10.1. Producción privada de la prueba<br/>10.2. Producción oficial delegada de la prueba<br/>10.3. Producción de prueba sin apertura a prueba<br/>10.4. Producción de prueba luego de cerrado el período de prueba<br/>10.5. Producción judicial de la prueba<br/>10.6. Producción presumarial de prueba<br/>11. Control de la prueba<br/>12. Alegación sobre la prueba<br/>12.1. El derecho<br/>12.2. El ejercicio empíricamente útil del derecho de alegar<br/>III. Valoración de la prueba<br/>13. Introducción<br/>14. Valoración de la prueba en sede administrativa y judicial<br/>15. Criterio a seguirse en caso de duda<br/>16. La apreciación de la prueba y la presunción de legitimidad del acto<br/>17. Arbitrariedad en la apreciación de la prueba<br/>18. La prueba testimonial en sede administrativa y judicial<br/>19. La prueba de confesión del sumariado<br/>19.1. Principios generales<br/>19.2. Valoración frente a otras pruebas<br/>20. Dispensa de prueba<br/>20.1. El conocimiento oficial no es un hecho notorio<br/>20.2. Hecho notorio y hecho evidente<br/>20.3. Hechos legislativos y adjudicativos<br/>21. Los actos administrativos no son instrumentos públicos. Remisión<br/><br/>Capítulo VIII: El tiempo en el procedimiento<br/>1. Introducción<br/>1.1. La lentitud del trámite<br/>1.2. La inexistencia de un responsable del procedimiento<br/>1.3. La mutación normativa a través del tiempo<br/>1.4. La relatividad de los diferentes términos en el procedimiento<br/>1.5. La aplicación de los plazos de prescripción<br/>1.6. La pérdida de todo derecho en quince días<br/>2. Caracteres generales de los plazos o términos<br/>2.1. Inaplicabilidad literal de la distinción procesal entre perentoriedad e improrrogabilidad<br/>2.2. Prorrogabilidad de los términos de los particulares<br/>2.3. No perentoriedad<br/>2.3.1. Plazo para acudir a la instancia judicial<br/>2.3.2. El caso del recurso fuera de término<br/>2.3.3. Caducidad de instancia administrativa<br/>2.3.4. Alegato<br/>2.3.5. Defectos formales del recurso<br/>2.3.6. Conclusiones<br/>2.4. ¿Obligatoriedad stricto sensu para los individuos?<br/>3. Días hábiles<br/>3.1. Días corridos o hábiles<br/>3.2. Días hábiles en la administración y en la justicia<br/>4. Cómputo de los términos<br/>4.1. scritos presentados en las oficinas administrativas<br/>4.2. Escritos presentados por carta<br/>4.3. Telegramas<br/>4.4. Escribao público<br/>4.5. Primeras horas del día siguiente<br/>5. Aplicación analógica de los términos<br/>6. Inaplicabilidad de los términos<br/>6.1. No se computan respecto de los actos nulos o inexistentes<br/>6.2. No se computan respecto de los reglamentos<br/>6.3. No se computa si no hay notificación válida<br/>7. Suspensión, interrupción, remisión<br/>8. Suspensión de los términos por pedido de vista de las actuaciones<br/>8.1. Efecto suspensivo ex-lege en el orden nacional<br/>8.2. Efecto no suspensivo en algunas provincias. Conveniencia de interponer el recurso<br/>8.3. Efecto suspensivo por interpretación<br/>8.3.1. Pedido superfluo de vista<br/>8.3.2. Vista informal denegada<br/>8.3.3. Caso de reserva<br/>9. Otros casos de suspensión<br/>9.1. Suspensión espontánea de los términos por la administración<br/>9.2. Suspensión por causa de fuerza mayor<br/>10. Interrupción de los términos<br/>10.1. Recurso presentado ante autoridad incompetente<br/>10.2. La voluntad de recurrir como requisito de la interrupción<br/>10.3. Interrupción por recurso o acción judicial<br/>11. La remisión de los términos<br/>11.1. En general<br/>11.2. La remisión en el caso de caducidad de las actuaciones<br/>12. Caducidad de las actuaciones<br/>12.1. ¿Paralización del procedimiento por causa imputable al particular?<br/>12.2. Derecho comparado<br/>12.3. Legislación nacional<br/>12.3.1. Procedimientos en que no se puede aplicar<br/>12.3.2. Norma que establezca la carga procesal. Plazo de paralización<br/>12.3.3. El acto previo de intimación<br/>12.3.4. Nueva inactividad del particular<br/>12.3.5. El acto declaratorio de la caducidad<br/>12.3.6. Efectos de la caducidad<br/>12.3.7. Crítica al sistema<br/>12.4. Legislación provincial<br/>13. Términos de silencio<br/>13.1. Pretensiones que requieran un pronunciamiento concreto<br/>13.2. Reclamo administrativo previo<br/>13.2.1. El sistema tradicional<br/>13.2.2. La ley 25344<br/>13.3. Recurso de reconsideración<br/>13.4. Recurso jerárquico<br/>13.5. El recurso de alzada<br/>13.6. Recursos que no tienen plazo de denegación tácita<br/>14. La conlcusión del procedimiento administrativo<br/>14.1. Primero, haber empezado<br/>14.2. El premio de los que vigilan<br/><br/>Capítulo IX: Los recursos de reconsideración<br/>1. Introducción. Unidad o pluralidad de recursos administrativos<br/>2. Concepto y denominación<br/>2.1. Concepto<br/>2.2. Denominación<br/>3. Aspectos generales<br/>3.1. Fuente<br/>3.2. Término para interponerlo<br/>3.3. Legitimación<br/>3.4. Motivos de impugnación<br/>3.5. Ante quién se presenta<br/>4. Carácter optativo u obligatorio<br/>5. Contra qué actos procede<br/>5.1. En razón del tipo de acto<br/>5.2. Supuestos de improcedencia del recurso de reconsideración<br/>5.3. En razón del órgano del cual emana<br/>6. Organo competente para resolverlo<br/>7. Término para resolverlo<br/>7.1. No habiendo producción de prueba<br/>7.2. Habiendo producción de prueba<br/>8. Denegación tácita<br/>9. Denegación expresa<br/>9.1. Antes de la denegación tácita<br/>9.2. Denegación expresa de un recurso de reconsideración interpuesto fuera de término<br/>10. La reconsideración contra actos ya reconsiderados<br/>11. Otros supuestos de recurso de reconsideración<br/>12. El potestativo recurso de reconsideración previo al jerárquico<br/>13. El potestativo recurso de reconsideración previo a la acción judicial<br/>13.1. La tesis del preceptivo recurso de reconsideración contra decretos dictados de oficio<br/>13.2. Otros caracteres del recurso<br/>14. El recurso de reconsideración contra actos de la Dirección General Impositiva -A.F.I.P.<br/>14.1. Nuestra propuesta genérica en el año 1964<br/>14.2. Su introducción específica en materia impositiva<br/>15. El acceso a la vía judicial sin reconsideración ni intervención previa del particular<br/>15.1. El acceso directo es también la regla en materia de empleo público<br/>15.2. No se requiere acto firme<br/>15.3. No se requiere intervención previa del agente para que esté agotada la vía administrativa<br/>16. Reconsideración y aclaratoria<br/>16.1. Denominación<br/>16.2. Fuente<br/>16.3. Término para interponerlo<br/>16.4. Legitimación<br/>16.5. Motivos de impugnación<br/>16.6. Ante quién se presenta<br/>16.7. Contra qué actos procede<br/>16.8. Organo competente para resolverlo<br/>16.9. Término para resolverlo<br/>16.10. Denegación tácita<br/>17. Reconsideración y rectificación<br/>17.1. Denominación<br/>17.2. Fuente<br/>17.3. Término para interponerlo<br/>17.4. Legitimación<br/>17.5. Motivos de impugnación<br/>17.6. Ante quién se presenta<br/>17.7. Contra qué actos procede<br/>17.8. Organo competente para resolverlo<br/>17.9. Término para resolverlo<br/>17.10. Denegación tácita<br/>18. Reconsideración y revisión<br/>18.1. Denominación<br/>18.2. Fuente<br/>18.3. Término para interponerlo<br/>18.4. Legitimación<br/>18.5. Motivos de impugnación<br/>18.6. Ante quién se presenta<br/>18.7. Contra qué actos procede<br/>18.8. Organo competente para resolverlo<br/>18.9. Término para resolverlo y denegación tácita<br/><br/>Capítulo X: El recurso jerárquico<br/>1. Concepto y terminología<br/>1.1. El régimen anterior<br/>1.2. El régimen actual<br/>1.3. La tendencia propuesta (¿o real?)<br/>1.4. Un vistazo al derecho norteamericano<br/>2. Utilización<br/>2.1. Recurso de reconsideración y recurso jerárquico<br/>2.2. Denegación tácita de la reconsideración<br/>2.3. Recurso jerárquico con o sin reconsideración previa<br/>3. Unidad o pluralidad de recursos en vía jerárquica<br/>4. Ante quién se interpone<br/>5. Contra qué actos procede<br/>5.1. En razón del órgano<br/>5.2. En razón de la materia<br/>5.3. En razón del tipo de acto<br/>5.3.1. Acto administrativo en sentido estricto<br/>5.3.2. Contratos administrativos<br/>5.3.3. Reglamentos<br/>6. Actos excluidos del recurso<br/>7. Por qué motivos se puede recurrir<br/>7.1. Motivos de legitimidad<br/>7.2. Motivos de oportunidad<br/>8. Legitimación<br/>8.1. Derecho subjetivo<br/>8.2. Interés legítimo<br/>8.3. Derechos de incidencia colectiva<br/>8.4. Interés simple<br/>9. Término para interponer el recurso<br/>9.1. La regla<br/>9.2. Es una espada de Damocles<br/>10. Requisitos del recurso<br/>11. Elevación del recurso jerárquico<br/>11.1. En general<br/>11.2. Caso de denegación expresa de la reconsideración<br/>11.3. Caso de denegación tácita<br/>11.4. A quién se lo eleva<br/>12. Ante quién se tramita el recurso<br/>12.1. En general<br/>12.2. Cuando se impugnan actos del ministro<br/>12.3. La figura del Jefe de Gabinete<br/>13. Prueba y alegato<br/>14. Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos<br/>15. Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación<br/>16. Casos en que se requiere el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación<br/>16.1. Recurso contra un acto del ministro<br/>16.2. Cuestiones jurídicas complejas<br/>16.3. Jurisprudencia administrativa uniforme<br/>16.4. Erario público<br/>16.5. Conveniencia<br/>17. Plazo para la decisión y su cómputo<br/>18. ecisión expresa<br/>19. Denegación tácita<br/><br/>Capítulo XI: Recurso de alzada<br/>1. Terminología<br/>2. Competencia<br/>2.1. No existe jerarquía<br/>2.2. Tendencia hacia el decreciente nivel jerárquico para resolver la alzada<br/>2.3. Tendencia normativa a la supresión de la alzada<br/>2.3.1. La evolución en materia de universidades nacionales<br/>2.3.2. Casos en que la Nación no es parte<br/>2.3.3. Provincias y municipios<br/>2.4. Tendencia a la inadmisibilidad de la alzada<br/>2.4.1. Entes interjurisdiccionales<br/>2.4.2. Personas no estatales<br/>2.4.3. Otros casos<br/>2.5. Derecho comparado<br/>2.6. El cambio constitucional de 1994<br/>2.7. Procedencia en ausencia de norma legal expresa<br/>3. La restricción en cuanto al objeto<br/>3.1. Introducción<br/>3.2. Entes autárquicos. Empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado<br/>3.3. La cuestión en la Ciudad de Buenos Aires<br/>3.4. Entes reguladores<br/>3.5. Entes tributarios<br/>3.6. Organos o entes con procedimientos especiales seudo jurisdiccionales<br/>4. Plazo. Interposición del recurso<br/>5. Elección de la vía judicial o administrativa<br/>5.1. En general<br/>5.2. Elección de la vía judicial<br/>5.3. Elección de la vía administrativa<br/>5.4. La cuestión de los plazos<br/>6. Alcances de la decisión. Reforma y sustitución del acto<br/>7. Conclusión. El precedente de los EE.UU.<br/><br/>Capítulo XII: El reclamo administrativo previo<br/>1. Origen<br/>2. El decreto ley 19549/72<br/>3. La reforma de 1977<br/>4. El sistema actual<br/>5. Exigibilidad del reclamo. Alcances<br/>6. El reclamo frente a los entes descentralizados. Su inexigibilidad<br/>7. El reclamo frente a los actos de la administración central<br/>8. Inexigibilidad en los hechos y vías de hecho<br/>9. Inexigibilidad en caso de silencio<br/>10. Omisiones<br/>10.1. Planteamiento de la cuestión<br/>10.2. Inexigibilidad por texto expreso. Casos<br/>10.3. Inexigibilidad por interpretación extensiva<br/>10.3.1. Repetición de ejecución. Reconvención. Juicio previo<br/>10.3.2. Repetición de gravámenes<br/>10.3.3. Reclamación de daños y perjuicios al Estado<br/>10.3.4. Acción de desalojo contra el Estado<br/>10.3.5. Acciones que no tramitan por la vía ordinaria<br/>10.3.6. Ritualismo inútil<br/>10.4. Conclusiones respecto a las omisiones<br/>10.4.1. Omisiones de pagar sumas de dinero<br/>10.4.2. Omisión de devolver cosas<br/>10.4.3. Otras acciones o prestaciones omitidas por el Estado<br/>11. La regla: ¿inexigibilidad o exigibilidad del reclamo administrativo previo?<br/>12. El uso optativo del reclamo<br/>13. Contra qué actos procede<br/>14. Legitimación<br/>15. Motivos de impugnación<br/>16. Término para interponerlo<br/>17. Ante quién se interpone<br/>18. Requerimiento de pronto despacho<br/>18.1. El pronto despacho y la aplicación del plazo del art. 25 para iniciar la demanda judicial<br/>19. Suspensión, interrupción o remisión de plazos<br/>20. Competencia para resolverlo<br/>21. Alcances de la decisión<br/>22. Alternativas del proceso<br/>22.1. Desistimiento del proceso<br/>22.2. Desistimiento judicial del derecho<br/>22.3. Caducidad de instancia<br/>22.4. Transacción o conciliación judicial<br/><br/>Capítulo XIII: Queja y amparo por mora<br/>1. Comparación funcional<br/>2. Carácter no excluyente<br/>3. Semejanzas generales<br/>3.1. Inacción administrativa: silencio, queja, amparo por mora<br/>3.2. Plazos<br/>3.3. Efectos en el procedimiento<br/>3.4. Innecesariedad de intimación<br/>3.5. Perjuicio<br/>4. Diferencias generales<br/>4.1. Organos que las resuelven<br/>4.1.1. Queja<br/>4.1.2. Amparo por mora<br/>4.2. Derecho adjetivo aplicable<br/>4.2.1. Queja<br/>4.2.2. Amparo por mora<br/>4.3. Materias por las que procede<br/>4.3.1. Queja<br/>4.3.2. Amparo por mora<br/>5. Capacidad para ser parte<br/>5.1. Queja<br/>5.2. Amparo por mora<br/>5.2.1. Terceros<br/>5.2.2. Personas con capacidad limitada<br/>5.2.2.1. Menor adulto<br/>5.2.2.2. Menor impúber<br/>5.2.2.3. Adultos con capacidad limitada<br/>5.2.2.4. Entes estatales con personalidad jurídica<br/>5.2.2.5. Organos estatales sin personalidad jurídica<br/>6. Legitimación activa<br/>6.1. Queja<br/>6.2. Amparo por mora<br/>7. Legitimación pasiva. Organos y entidades contra los que proceden<br/>7.1. Queja<br/>7.2. Amparo por mora<br/>7.2.1. El amparo por mora contra sociedades del Estado<br/>8. Motivos de impugnación. Contra qué demoras u omisiones procede<br/>8.1. Queja<br/>8.1.1. Defectos de tramitación<br/>8.1.2. Incumplimiento de plazos<br/>8.2. Amparo por mora<br/>8.2.1. Acto definitivo<br/>8.2.2. Acto interlocutorio o de mero trámite<br/>8.2.3. Respuesta ambigua, parcial o inexacta<br/>8.2.4. Actos no productores de efectos jurídicos directos<br/>8.2.5. Reglamento<br/>8.2.6. Informe<br/>9. Plazo y trámite de la queja<br/>9.1. Plazo de interposición<br/>9.2. Trámite<br/>10. Plazo y trámite del amparo por mora<br/>10.1. Plazo<br/>10.2. Procedencia prima facie de la acción y requerimiento de informe a la administración. Inapelabilidad<br/>10.3. El informe administrativo<br/>10.4. La unilateralidad inicial del proceso y las costas<br/>10.5. Orden de pronto despacho. Apelabilidad<br/>10.6. Cumplimiento de la sentencia. Astreintes<br/>10.7. El amparo por mora en el caso de vista de las actuaciones<br/>10.8. Efectos de la sentencia<br/>11. Conclusiones<br/><br/>Anexo<br/>Decreto 1172: Acceso a la información pública<br/>Anexo I. eglamento general de audiencias públicas para el Poder Ejecutivo Nacional<br/>Capítulo I: Disposiciones generales<br/>Objeto<br/>Ambito de aplicación<br/>Descripción<br/>Finalidad<br/>Principios<br/>Efectos<br/>Autoridad convocante<br/>Area de implementación<br/>Organismo coordinador<br/>Solicitud de persona interesada<br/>Participantes<br/>Lugar<br/>Presupuesto<br/>Capítulo II: Etapa preparatoria<br/>Requisitos<br/>Carácter público<br/>Convocatoria<br/>Expediente<br/>Registro de participantes<br/>Plazo de inscripción<br/>Orden de las exposiciones<br/>Tiempo de las exposiciones<br/>Unificación de exposiciones<br/>Orden del día<br/>Espacio físico<br/>Registro<br/>Capítulo III: Desarrollo<br/>Comienzo del acto<br/>Facultades del presidente de la audiencia<br/>Deberes del presidente de la audiencia<br/>Partes<br/>Preguntas por escrito<br/>Entrega de documentos<br/>Otras intervenciones<br/>Desarrollo de la audiencia<br/>Irrecurribilidad<br/>Clausura<br/>Capítulo IV: Etapa final<br/>Informe final<br/>studios<br/>Resolución final<br/>Anexxo II. Formulario de inscripción para audiencias públicas del Poder Ejecutivo Nacional<br/>Anexo III. Reglamento general para la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional<br/>Capítulo I: Disposiciones generales<br/>Objeto<br/>Descripción<br/>Obligatoriedad<br/>Sujetos obligados<br/>Registro<br/>Contenido<br/>Publicidad<br/>Excepciones<br/>Legitimación<br/>Sanciones<br/>Autoridad de aplicación<br/>Denuncias<br/>Anexo IV. Formulario de registro de audiencias de gestión de intereses<br/>Anexo V. Reglamento general para la elaboración participativa de normas<br/>Capítulo I: Disposiciones generales<br/>Objeto<br/>Ambito de aplicación<br/>Descripción<br/>Finalidad<br/>Principios<br/>Efectos<br/>Autoridad responsable<br/>Organismo coordinador<br/>Participantes<br/>Capítulo II: Etapa inicial<br/>Inicio del procedimiento<br/>Solicitud de persona interesada<br/>Contenido del acto de apertura<br/>Publicación<br/>Expediente<br/>Registro de opiniones y propuestas<br/>Plazo para las presentaciones<br/>Comentarios informales<br/>Convocatoria a estudios y consultas<br/>Capítulo III: Etapa final<br/>Consideración de las presentaciones<br/>Redacción de la norma<br/>Publicación de la norma<br/>Anexo VI. Formulario para la presentación deopiniones y propuestas en el procedimiento de elaboración participativa de normas<br/>Anexo VII. Reglamento general del acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional<br/>Capítulo I: Disposiciones generales<br/>Objeto<br/>Ambito de aplicación<br/>Descripción<br/>Finalidad<br/>Alcances<br/>Sujetos<br/>Principios<br/>Publicidad<br/>Gratuidad<br/>Accesibilidad<br/>Capítulo II: Solicitud de información<br/>Requisitos<br/>Respuesta<br/>Denegatoria<br/>Silencio<br/>Responsabilidades<br/>Excepciones<br/>Información parcialmente reservada<br/>Autoridad de aplicación<br/>Denuncias<br/>Anexo VIII. Reglamento general de reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos<br/>Capítulo I: Dispociciones generales<br/>Objeto<br/>Ambito de aplicación<br/>Descripción<br/>Finalidad<br/>Principios<br/>Publicidad<br/>Participantes<br/>Lugar<br/>Capítulo II: Procedimiento<br/>Requisitos<br/>Carácter público<br/>Convocatoria<br/>Reuniones urgentes<br/>Reuniones secretas<br/>Reuniones nulas<br/>Responsabilidades<br/>Actas<br/>Legitimación<br/><br/> |